Los especialistas en derecho administrativo y constitucional Delpiazzo, Pezzutti y Korzeniak explicaron por qué las decisiones de Carrera no pueden calificarse como irregulares.
La defensa de Charles Carrera solicitó a tres abogados especializados en derecho administrativo y constitucional que elaboren detallados reportes sobre la conducta de Charles Carrera sobre el caso que lleva más de dos años en trámite, sin avances en los últimos meses.
Uno de los prestigiosos académicos que elaboró su informe es el profesor emérito de la Facultad de Derecho de nuestra UdelaR, director de la Especialización en Maestría de Derecho Administrativo y Gestión Pública y ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, entre otros cargos de esa misma casa de estudio, Carlos Delpiazzo.
También firmó otro documento sobre este caso el profesor agregado grado cuatro de Derecho Administrativo de UdelaR, Miguel Pezzutti. Y el tercer reporte está suscrito por el profesor titular y docente emérito de Derecho Constitucional en la UdelaR, José Korzeniak.
A estos informes se suman dos anteriores, los del abogado Gonzalo Fernández y Álvaro Richino, así como un informe económico del economista Michael Borchardt, todos en el mismo sentido: no hay dolo ni afectación patrimonial en la actuación de Charles Carrera como director de Secretaría del Ministerio del Interior en el caso del vecino de La Paloma que recibió un impacto de bala que deterioró su salud y fue atendido en el Hospital Policial.
En un reporte de 17 páginas, Carlos Delpiazzo explicó que Carrera “no solo tenía el deber genérico de no agravar los daños de la víctima, sino que además tenía una solicitud formal de la INNDDH”.
Delpiazzo agregó que «las medidas adoptadas guardaron relación con el deber de prevenir el daño y fueron asimismo eficaces y razonables, en tanto fueron las mínimas que se podían adoptar».
Para el docente grado cinco de Derecho Administrativo, de no haberse procedido de la forma en que se hizo «es altamente probable que el Estado se hubiese visto expuesto a un reclamo de daños aún mayor al posteriormente acaecido».
El reporte concluye que la actuación de Carrera «fue acorde a su deber funcional de prevención del daño que le impone el ordenamiento y en protección del interés general mediante la prevención de la agravación de la contingencia civil a la que se veía enfrentado el Estado en ese momento».
«¿Puede predicarse que la tesis adecuada es que la Administración no repare directamente el daño que le resulta imputable y lo difiera, aún convencida de la existencia del daño y su nexo causal, para que un juez lo disponga?», se pregunta el docente Miguel Pezzutti.
Para el caso, el abogado es concluyente al señalar que el exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior «actuó cumpliendo un fin público sin abuso de poder ni incurrir en una actuación arbitraria».
Finalmente, el doctor emérito en Derecho Constitucional fue categórico: Charles Carrera no cometió delito alguno, por lo que entiende que «correspondería —para no seguir rasguñando el Estado de Derecho— que se archivara el expediente con esa insólita denuncia penal».
“Tan es así (insiste el informe de Korzeniak) que el propio Ministerio del Interior en el alegato del juicio civil —en el que dice que la internación y tratamiento en el Hospital Policial fue por razones humanitarias—, agrega que, ‘aún así, si el Ministerio fuese condenado a reparar, debiera descontarse de la suma fijada, los gastos que el Estado ya había hecho en ese tratamiento, con lo cual, al mismo tiempo que se afirmaba que Charles Carrera no había actuado con dolo sino por razones humanitarias, se formulaba denuncia penal afirmando de hecho, lo contrario. ¡Increíble!’”.
En setiembre de 2024, Carrera renunció a su banca en el Senado y a la que ocuparía durante la legislatura de 2025 a 2030, ya que se encontraba en el tercer lugar de la lista 609.
Las novedades de la investigación hasta este momento han sido pocas. En diciembre, ante la nula iniciativa de la fiscal, Carrera solicitó declarar, instancia en la que sus abogados exigieron a la fiscal una resolución. A fines de febrero, nuevamente Carrera concurrió a la Fiscalía en busca de lo mismo.
Pese a haber presentado testigos, pruebas e informes de los más prestigiosos abogados y expertos en distintas ramas del Derecho, la situación judicial continúa incambiada.
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