Para empezar, se debe repensar una política que combata al crimen organizado y al narcotráfico. Escribe Charles Carrera.
El sistema político ha fallado repetidamente en la búsqueda de soluciones efectivas para la seguridad pública, en general, priorizando disputas partidarias en lugar de políticas sostenibles y de largo plazo. Es imperativo asumir una autocrítica y reconocer que los enfoques adoptados hasta ahora no han dado los resultados esperados. Mal que nos pese, esta crítica le cabe a todos los partidos políticos, desde el Frente Amplio hasta el gobierno que se va.
Desde el Parlamento, en mi rol de coordinador político, trabajaré para promover políticas de estado en materia de seguridad que trasciendan los ciclos políticos y signifiquen un compromiso común para proteger a la ciudadanía.
Desde el Frente Amplio, durante los gobiernos de Tabaré y Pepe, generamos ámbitos multipartidarios para desarrollar políticas de seguridad. Estos espacios fueron fundamentales para alcanzar consensos básicos y diseñar estrategias que trascendieran los períodos de gobierno, permitiendo una gestión más eficaz de la seguridad pública. Sin embargo, luego retornaron las disputas partidarias y el uso sistemático de este flagelo como bandera política.
En estos días se discutió —de manera un poco simplista— si estábamos ante una guerra ganada o perdida. La realidad es que la lucha contra el narcotráfico ha demostrado ser un desafío complejo y de difícil resolución. Lejos de erradicarse, el problema se ha arraigado en diversas comunidades, generando altos niveles de violencia, delincuencia y corrupción.
Aunque nos duela, el mercado de las drogas —por su rentabilidad y demanda constante— hace muy difícil erradicar el narcotráfico. Sin embargo, no lo creo imposible. Para empezar, se debe repensar una política que combata al crimen organizado y al narcotráfico.
Es fundamental reconocer que el narcotráfico no solo está presente en las bocas de droga, sino que ha logrado una inserción mucho más profunda en la sociedad. Grandes negocios, sectores del comercio e incluso empresas legalmente constituidas actúan —muchas veces sin saberlo— como instrumentos para el lavado de activos. Este problema no solo corrompe la economía formal, sino que también desdibuja los límites entre lo legal y lo ilegal, debilitando la estructura del Estado y su capacidad de control.
Una prioridad en cualquier estrategia seria contra el crimen organizado debe incluir mecanismos de control más rigurosos contra el lavado de activos. Un país pequeño como Uruguay debe blindar sus fronteras y, en especial, ciertos puntos clave como son los puertos y aeropuertos. Allí hay que trabajar con seriedad porque, lamentablemente, conformamos la ruta de tráfico de la droga que llega a Europa y al resto del mundo.
Además de desarrollar un duro combate al narcotráfico y al crimen organizado desde todas sus dimensiones, debemos implementar medidas que reduzcan la violencia y la impunidad en la sociedad. En este sentido, es clave orientar los esfuerzos para erradicar las organizaciones más violentas y garantizar que los delitos más graves, como los homicidios, no queden impunes.
Es clave la presencia del Estado en los territorios más afectados. Esto implica no solo el despliegue de fuerzas de seguridad, sino también el acceso a servicios básicos, oportunidades de desarrollo y programas de inclusión social. La ausencia del Estado en estas áreas deja un vacío que las organizaciones criminales llenan con sus propias reglas y mecanismos de control.
En este sentido, debemos fortalecer modelos de seguridad basados en la proximidad con la comunidad, como la policía comunitaria, que generen vínculos de confianza entre la ciudadanía y la Policía. Para que esta estrategia sea efectiva, se requiere una formación adecuada de los efectivos policiales y una asignación de recursos acorde a los nuevos desafíos.
La realidad nos impone un nuevo análisis que contemple los cambios en la estructura del crimen organizado y la evolución del narcotráfico en los últimos años. No podemos quedarnos con las recetas del pasado, pero tampoco ignorar las experiencias que han demostrado tener cierta eficacia para la prevención y reducción de la violencia. Debemos retomar, replantear y adaptar la estrategia por la vida y la convivencia.
La seguridad no puede pensarse únicamente desde la represión, sino también desde la generación de oportunidades, el fortalecimiento del tejido social y la promoción de valores de convivencia. Sin estos elementos, cualquier esfuerzo por combatir el crimen organizado será incompleto e ineficaz.
Charles Carrera Leal
Dirigente político del MPP y Frente Amplio
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