Un país más justo para todos

Es un desafío para todos nosotros avanzar en la construcción de un sistema judicial más justo y equitativo. Escribe Charles Carrera Leal.

En 2022, el Dr. Jorge Díaz sostuvo que en Uruguay existía una justicia para ricos y otra para pobres. Esta afirmación le generó varias críticas, desde operadores judiciales hasta sectores del —todavía— oficialismo. Es muy fácil repetir que la justicia es igual para todos, pero sabemos que en el fondo eso no es así.

Esta realidad tan dura como triste se comprueba día tras día. Basta recorrer los tribunales para comprobar que la situación socioeconómica de quien pretende acceder a la justicia termina haciendo la diferencia.

Durante mi labor como senador del Frente Amplio fui testigo de reiterados reclamos de la Suprema Corte de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación por más recursos. Esto significa una parte del problema, porque también existen serias dificultades organizativas que deberían encaminarse para que el acceso a la justicia deje de ser un privilegio y pase a ser realmente un derecho humano.

Existen muchas carencias dentro del sistema de justicia y gran parte del problema está ligado a las condiciones laborales. Por ejemplo, la Defensoría de Oficio, con poco más de 200 defensores, se hace cargo de casi el 90% de las causas penales del país. Muchas juezas no acceden a derechos básicos, como el del medio horario por lactancia. 

Por otro lado, existe un gran problema estructural dentro de la Fiscalía General de la Nación (FGN), que requiere ser atendido con urgencia. Sabido es que FGN pasó a tener un rol fundamental luego de la reforma del Código del Proceso Penal, lo que derivó en la necesidad de una reorganización profunda del sistema judicial. Con la reforma del proceso penal, la Fiscalía pasó a liderar la investigación y la acusación, pero los equipos de funcionarios que antes dependían del Poder Judicial —asistiendo a los jueces durante la instrucción de las investigaciones— no fueron trasladados a la órbita de la Fiscalía. Todo esto provocó un déficit de personal calificado dentro de FGN, imprescindible para fortalecer la calidad de las investigaciones penales. 

Es evidente la falta de personal calificado para coadyuvar a la investigación criminal en el ámbito de la Fiscalía. Por ejemplo, si queremos enfrentar de manera seria al crimen organizado y al lavado de activos, es inadmisible que la Fiscalía no tenga un contador, y que deba recurrir a la DGI o al Banco Central para conseguir apoyo técnico. Lo vivimos de primera mano con la denuncia penal por el acuerdo firmado con la empresa Katoen Natie, que a nuestro entender es el mayor escándalo de corrupción en la historia reciente del país. Mientras la defensa de los denunciados contaba con todo el respaldo técnico necesario, el equipo fiscal carecía de recursos suficientes, lo que afectaba directamente la calidad de la investigación. 

Pero como ya se dijo, muchas veces los recursos humanos y materiales están mal distribuidos. Aumentar el gasto público e incrementar el presupuesto únicamente no garantizará un mejor servicio. Habrá que analizar cómo ejecutar el presupuesto de modo de optimizar los recursos con los que ya se cuenta. ¿No habría que distribuir personal desde el Poder Judicial hacia la Fiscalía? ¿No habría que hacer una auditoría para identificar fortalezas y debilidades de los servicios y así proponer mejoras? 

A su vez, para brindar un servicio más transparente y profesional se necesitan más reformas. Deberíamos resolver definitivamente que todos los ingresos y ascensos de los jueces se realicen por concurso. En la legislatura 2015-2020 trabajamos en un proyecto de ley que establecía para los jueces el ingreso y ascenso por concurso de oposición y mérito y la prohibición de trasladarlos sin previo aviso. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia lo declaró inconstitucional. La pregunta es: ¿en qué parte de la Constitución dice que los funcionarios judiciales no deben ascender por concurso de oposición y mérito? En ninguna, pero el corporativismo es fuertísimo y naufragó la idea. 

Es un desafío para todos nosotros avanzar en la construcción de un sistema judicial más justo y equitativo. Debemos garantizar que el ingreso a la magistratura sea por concurso, que los jueces sean notificados previamente si van a ser trasladados y que se respete el principio del juez natural. El fortalecimiento de nuestro sistema de justicia es un elemento clave para conservar la calidad institucional de nuestro país. 

Todas estas reformas se vuelven posibles de cara al próximo gobierno, donde no debemos dudar a la hora de respaldar a nuestro sistema de justicia. Los desafíos son enormes y debemos trabajar en el fortalecimiento de la Defensoría Pública, dotándola de mayor independencia, reforzar los equipos técnicos de la Fiscalía para mejorar la calidad de las investigaciones e implementar un sistema de ingreso y ascenso transparente para los jueces. 

Uruguay debe volver a ser la excepcionalidad en América y no seguir el camino de quienes han debilitado sus instituciones. Hoy estamos a tiempo de retomar el rumbo y construir un país más justo para todos.

Charles Carrera Leal
Dirigente político del MPP y Frente Amplio