El Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional para el período 2025-2029 llegó al Parlamento. El Poder Ejecutivo ha plasmado su programa de gobierno de forma económicamente viable en función de tres líneas estratégicas: garantizar el crecimiento económico; fortalecer la matriz de protección social; mejorar la seguridad pública. El objetivo: crear nuevas oportunidades para la gente.
La economía uruguaya atraviesa un lento proceso de recuperación tras la sequía de 2023; la afectación generada por las diferencias cambiarias con Argentina y la inexistencia de políticas económicas acordes a la situación. Hoy, en un mundo caracterizado por la incertidumbre, las tensiones geopolíticas y el retorno de las restricciones arancelarias, apostamos a que el promedio de crecimiento económico para el período 2025-2029 sea del 2,4% anual.
La propuesta que estudia el Parlamento se propone maximizar los márgenes de crecimiento económico para garantizar que durante los próximos años nuestra gente despliegue su vida en un país que haya restituido su matriz de bienestar, protección social y convivencia pública.
Este presupuesto contiene los compromisos de campaña hechos el 16 de setiembre de 2024 en Colonia, cuando creíamos que el déficit fiscal que habríamos de afrontar era de 2.8 puntos del PBI pese a que este año, tras la última rendición de cuentas, descubrimos que era de 4.2%. Nuestro gobierno debió estructurar la viabilidad económica de sus objetivos contando con 970 millones de dólares menos de lo esperado. No obstante, seguimos sosteniendo que vamos a cumplir con nuestros compromisos de campaña de aquí a 2029, porque nuestro presupuesto es responsable y sostenible fiscalmente.
Tenemos un compromiso fuerte con la búsqueda de crecimiento económico. Es un medio para lograr los objetivos que queremos: contar con recursos para que los más infelices sean los más privilegiados. Por esta razón los cambios tributarios propuestos se sostienen en un principio de justicia tributaria: que pague más el que tiene más; y apuntan a saldar una injusticia existente en el actual tratamiento tributario: que las ganancias obtenidas en el exterior paguen tal como lo hacen las que originadas en nuestro país. A su vez, las modificaciones incluidas en esta materia, buscan ajustar las políticas tributarias nacionales a los estándares internacionales, base para incorporar el tributo mínimo global a las grandes multinacionales que facturan más de 750 millones de dólares. En suma, lo que se grava es el capital, no el trabajo. Y cuando se busca fijar tributos a capitales en el exterior, se apunta al de carácter especulativo o rentista, no al productivo. Con el IVA a las compras por plataforma se busca equiparar las franquicias a las condiciones del comercio local, medida que ha sido ampliamente solicitada por el comercio nacional.
Uruguay ha crecido a tasas del 1% en la última década. El objetivo hoy es lograr que dicha cifra aumente al 2,4% anual para el período 2025-2029, y que lo haga generando más y mejores oportunidades laborales para nuestra población. Las medidas de desburocratización buscan generar una Ventanilla Única de Inversiones que fomente el crecimiento. Asimismo se establecen importantes beneficios para las PYMES mejorando el sistema de devolución de impuestos a las que importan insumos para la producción con destino a la exportación.
Los caminos que este proyecto de Presupuesto Nacional plantea para traducir el crecimiento económico en fortalecimiento de la calidad de vida de nuestra población están enfocados en generar espacios y posibilidades de contención a las personas más humildes en lo inmediato y a reducir la pobreza y la desigualdad social en el mediano plazo. Por eso serán destinados mayores recursos presupuestales mediante la asignación de un 40% del incremento fiscal previsto a las infancias y adolescencias, y un 12% de éste a contener las situaciones más extremas de vulnerabilidad social.
Infancias primero. Las medidas para atender la situación de infancias y adolescencias las encontramos en el aumento de un 50% del Bono Crianza de la Tarjeta Uruguay Social, que beneficiará a 30.000 personas, específicamente mujeres embarazadas y/o niños/as entre 0 y 3 años; en el programa Crece desde el Pie, programa del MVOT, MIDES y ASSE que apunta a la intervención integral para mejorar las condiciones habitacionales a través de la refacción, terminación o provisión de módulos para que ningún niño o niña nazca en condiciones habitacionales insalubres; en el Bono Escolar para niños/as que concurren a la Educación Pública, que asigna $2500 a cada niño/a que asiste a ella, llegando aproximadamente a 300.000 personas entre estudiantes y familias; en la ampliación de las Becas Butiá para estudiantes de educación pública secundaria, pasando de 14.000 a 70.000 beneficiarios, aumento que es en cantidad y monto. El refuerzo a la atención de infancias, familias y personas más vulnerables será mediante el refuerzo de programas como Puertas Abiertas de refugios de 24 horas permitiendo aumentar los cupos disponibles para ellos y de los operativos de Alerta Roja por frío extremo que se despliegan en lo peor del invierno.
Salud sin esperas. Queremos una atención médica más humanizada, oportuna y de calidad, que no se dilate en el tiempo. Por eso, se prevén caminos para acortar los tiempos de acceso a consultas especializadas, medicina general, estudios, cirugías, salud mental y operaciones oculares para niños. Se garantizará el acceso a medicamentos esenciales, la aplicación gratuita y universal de la vacuna contra el meningococo a todos los niños y el acceso a vacunas de última generación a toda la población mediante el Programa Ampliado de Inmunizaciones. Por otro lado, se dará prioridad a la asignación de recursos para la población infantil otorgando, por ejemplo, partidas adicionales al Programa Aduana de ASSE, mediante el cual se realizan visitas domiciliarias a recién nacidos de esta institución durante su primer mes de vida. Se reforzarán caminos institucionales para garantizar la implementación de la Ley de Salud Mental.
Educación que crea oportunidades. La educación es uno de los pilares sobre los que se construyen oportunidades de desarrollo individual y colectivo. Aspiramos a que esta recupere su tradicional rol de ser herramienta para la movilidad social contribuyendo a que las próximas generaciones accedan a un Uruguay más próspero, innovador e inclusivo. Es prioritario ampliar las cantidad de escuelas de tiempo completo y extendido, por lo que se destinarán recursos que permitan que 90.000 niños y niñas de todo el país accedan a centros educativos con jornada ampliada de forma progresiva a lo largo de todo el quinquenio. Aspiramos también a reforzar las condiciones alimenticias de niños, niñas y adolescentes, para lo que se destinarán recursos que hagan posible un aumento significativo de la construcción de nuevos comedores. Estas medidas, junto con la ampliación de becas, apuntan también a trazar estrategias para mejorar la permanencia de los estudiantes en sus centros de estudio y logren culminar satisfactoriamente los tramos educativos en que se encuentran insertos.
Barrios más seguros. En la actualidad asistimos a un proceso silencioso de privatización del espacio público que debemos revertir. La convivencia pública debe seguir formando parte de nuestro cotidiano, la vida en los barrios debe ser segura. Y esto es una prioridad que justifica destinar el 15% de los incrementos presupuestales a la mejora de la seguridad pública. El Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035 apunta a revertir el deterioro en materia de seguridad y disminuir el aumento de la violencia social con medidas que van desde la prevención, la investigación y la sanción del crimen dando prioridad a la protección de la población más vulnerable.
En materia de prevención, las medidas contempladas en este Presupuesto apuntan a fortalecer el policiamiento de las zonas que concentran mayores incidencias de delitos; disuadir el accionar de grupos criminales de alto riesgo; mejorar las capacidades de investigación y esclarecimiento de actos delictivos por parte de las unidades especializadas; reforzar los controles estatales sobre la tenencia de armas de fuego; reforzar la atención y protección de víctimas para prevenir represalias; expandir los sistemas de videovigilancia y detección de disparos. Conjuntamente se propone implementar el Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Centro Coordinador de Seguridad Fronteriza, creando una Fiscalía de Cibercrimen y una Escuela de Fiscales. La implementación del Plan Más Barrio, además de medidas que incluyen mayor presencia policial, apunta también a mejorar los entornos físicos, la oferta de actividades educativas, culturales y deportivas en dichos entornos incluyendo la coordinación con vecinos. La construcción de convivencia es la clave.
El personal policial será especialmente considerado, destinando recursos tanto para aumentar las vacantes disponibles como para reforzar su profesionalización y bienestar. Queremos una mejor policía, para que interactúe con la población civil y que ella misma despliegue su trabajo en mejores condiciones. Por eso se prevé la creación de la Dirección de Policía Comunitaria, el fortalecimiento de la Sanidad Policial, la ampliación del programa de becarios, así como asignaciones específicas que apunten a la mejora de las condiciones laborales.
Por otro lado, se aspira a fortalecer las posibilidades de reinserción de quienes lamentablemente han caído en redes delictuales buscando disminuir el hacinamiento carcelario mediante la asignación de partidas adicionales para infraestructura penitenciaria y la incorporación de 1.000 nuevos cargos en el Instituto Nacional de Rehabilitación. En la órbita del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente se habilitarán programas orientados a promover el desarrollo de capacidades y competencias en la población que atiende para promover su reinserción social.
Sabemos que los problemas de convivencia social no se originan espontáneamente en el ámbito público. La base de la criminalidad, el campo fértil para su surgimiento está en la pobreza, la marginalidad y la segregación social. Y la violencia, antes de manifestarse en nuestras calles, se manifiesta en el hogar. Por eso se incluyen políticas de refuerzo al combate y sanción de la violencia basada en género y generaciones: aumento de la asignación presupuestal para aumentar la disponibilidad de dispositivos electrónicos de control y protección de víctimas; mejorar la formación del personal que atiende estas situaciones; fortalecer la infraestructura de los centros de atención a víctimas; crear una nueva Fiscalía especializada en violencia doméstica y de género en Montevideo conjuntamente con Juzgados especializados en el resto del país.
Un transporte que valore nuestro tiempo. El proyecto de Presupuesto busca promover el desarrollo económico con equidad territorial, porque un país mejor conectado es también un país más integrado. La Agencia del Sistema de Transporte será la encargada de dar cuerpo al Plan de Transporte Metropolitano cuyo cometido será mejorar la eficiencia de la conectividad del transporte en el área metropolitana de forma tal que impacte positivamente en el desempeño de la actividad económica, el uso del tiempo de la gente y el disfrute de la vida. Se apuntará a realizar modificaciones de las líneas de transporte colectivo, revisión de los horarios de las líneas de transporte, intervenir en la diagramación de carriles de circulación del transporte público e incorporar unidades de transporte sustentables. Queremos un transporte más rápido, eficiente y menos contaminante.
Oportunidades para la producción. El Uruguay agropecuario es otra de las prioridades que tiene nuestro gobierno, tanto económica como socialmente. Reconocemos la identidad profunda de nuestro país, sus tradiciones y su gente, apostamos a que las políticas públicas lleguen con la misma intensidad en todo el territorio nacional. El Presupuesto traduce esta sensibilidad en medidas que apuntan a la mejora de la productividad y competitividad del agro, a diversificar la matriz productiva de nuestro país y a agregar valor en origen para dar más oportunidades a la población rural y generar condiciones que mejoren las condiciones de su empleo. Queremos que los pequeños productores, tamberos, horticultores, criadores de ovinos y demás trabajadores rurales permanezcan en el campo en buenas condiciones, para lograr un desarrollo pleno de sus vidas en vez de dejarlos solos ante las adversidades del clima y del mercado.
Las principales medidas planteadas incluyen el Programa PROCRÍA, que apunta a mejorar la eficiencia productiva del ganado y la productividad ganadera en los establecimientos rurales brindando asistencia técnica, genética y crediticia a pequeños y medianos ganaderos; el Plan nacional de combate a la garrapata, con el fin de controlar y reducir esta plaga que afecta negativamente a la producción; el fortalecimiento del Instituto Nacional de Colonización, para garantizar el acceso a la tierra a pequeños productores rurales; la ejecución de un Plan de riego que disminuya la vulnerabilidad de nuestra producción ante eventuales inclemencias climáticas.
Vienen tiempos de esperanza. La revolución de las cosas simples necesita un gobierno que logre mejorar la vida cotidiana de las personas ofreciendo oportunidades reales para salir adelante. Este Presupuesto es una hoja de ruta esperanzadora y transformadora para Uruguay, que impulsa al Estado a hacerse cargo de tareas fundamentales para lograr que la prosperidad sea posible en todo nuestro territorio, para toda nuestra gente.
Sabemos que son las personas y las comunidades las protagonistas de su propio progreso. Pero tenemos claro que debemos actuar para corregir las desigualdades que afectan la cohesión de nuestra sociedad y garantizar el ejercicio cotidiano de derechos y oportunidades. Este Presupuesto da un marco para lograrlo, es solo el comienzo. Vamos a cumplir y a construir, entre todos, el Uruguay que soñamos.
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