El gobierno vuelve a reaccionar de forma tardía e insuficiente. A las medidas anunciadas este lunes debió sumar una rebaja de la tarifa de OSE, convocatoria a expertos y un plan de contingencia.
Un mes atrás el Frente Amplio pidió que el Parlamento trate esta crisis hídrica de forma grave y urgente, pero el oficialismo no lo permitió. Con los anuncios del presidente de este lunes 19, además de escuchar varias propuestas planteadas por el FA, como la declaración de emergencia, sabemos que es altamente probable que la calidad del agua empeore.
Hoy estamos recibiendo un agua que no es potable y, sin embargo, la tarifa es la misma. El compañero Alejandro Sánchez remarcó que en la conferencia del lunes debió informarse sobre la aprobación de la rebaja en la tarifa de OSE.
“Que recién se tomen estas medidas habla de un gobierno que reacciona tarde frente a una crisis y que no ha asumido el compromiso de garantizarnos el agua potable”, dijo Pacha a los Medios Públicos.
Para el compañero senador, las autoridades de la OSE fueron negligentes. Vieron cómo perdían funcionarios y no reclamaron la contratación de personal para completar las cuadrillas, estuvieron presentes mientras las reservas de agua se perdían y no tomaron decisiones ni comunicaron el problema a la población.
“Hoy anuncia el Gobierno que va a empezar a comunicar los datos todos los días. Hace rato que los uruguayos del área metropolitana están consumiendo algo que no es potable y que tiene efectos negativos sobre la salud. La señal debería haber sido que el presidente de OSE no esté más”, expresó.
También hay que convocar a un comité de crisis con expertos, académicos, autoridades y oposición, tal como se reclamó un mes atrás por parte del Frente, para elaborar un plan de contingencia que, hasta el momento, no se sabe si existe, finalizó Pacha.
El problema de la seguridad ciudadana es dramático para José Mujica, una temática que superó al Gobierno actual.
La tan pretendida razonable atención a las prioridades parece que no es tal. Tenemos más deuda, menos bienes públicos y menos salarios.
El Gobierno remata un predio declarado Patrimonio Histórico y después lo desafecta, con un lucrativo aumento de su valor.
Salto Grande se ha convertido en una cueva de clientelismo político amparado por el presidente y la ministra de Economía, sostuvo Pacha Sánchez.
Venían a dejar la casa en orden pero se van con más deuda, menos salarios y jubilaciones, y peor bienestar para la gente, dijo Pacha Sánchez.
El atraso cambiario y el desfinanciamiento estatal frenan a un país que necesita salir del estancamiento, subrayó Alejandro Sánchez.
