fbpx

Comúnmente se le suele llamar “El Guardián”, pero prefiero referirme a él por su verdadero nombre: Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales. Un sistema que le ha permitido,  no solo a la Policía sino al resto de los Operadores Judiciales (Fiscales y Jueces), contar con una herramienta eficiente para el combate del Crimen Organizado. Sin embargo, desgraciadamente ha sido utilizado discursivamente por algunos políticos para generar dudas sobre su uso, dando a entender que el mismo se presta para la ilegalidad. Hace unas horas, fue el Senador García quien salió a repetir una serie de falsedades, afirmando que no habían certezas de que las interceptaciones que realiza el sistema estén autorizadas en su totalidad por la Justicia Competente.

La acusación no solo resulta ridícula por lo que se explicará a continuación, sino que es de una gravedad extrema, porque lo que hace es poner en duda las garantías democráticas que brinda el Poder Ejecutivo. Pero no solo eso, además es grave salir a cuestionar de manera liviana una herramienta cuya finalidad es combatir el Crimen Organizado y que ha permitido mejorar cualitativamente el trabajo de los Operadores Judiciales. El Senador García debería saber que antes de que se implementara este sistema, habían varios sistemas de interceptación, donde no una sino varias unidades policiales tenían la posibilidad de interceptar comunicaciones y los controles eran difusos. Parecería que para algunos legisladores es más importante obtener un rédito político difundiendo falsedades, que el combate al Crimen Organizado. En todo caso, cada uno tendrá sus prioridades.

Lo relevante acá es ir con la verdad y evitar el circo político. Que la gente sepa en que consiste el sistema, permite en definitiva fortalecer la transparencia y la Democracia de nuestro país.  Por ello, intentaré esbozar algunas ideas-, ya que por haber trabajado durante siete años en el Ministerio del Interior, conozco de primera mano de que se trata. El Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales vino a unificar en un mismo y único instrumento la herramienta de la interceptación de telecomunicaciones o comunicaciones electrónicas. Antes el proceso era manual y se encontraba disperso entre 22 unidades policiales que podían solicitarlas. Este sistema vetusto, muchas veces hacía impracticable la revisión y el análisis de la información obtenida.

Este nuevo sistema, a diferencia del anterior, es mucho más garantista ya que es auditable en un 100%. Este hecho, ha sido reconocido por la Auditoría Interna de la Nación que de manera categórica expresó lo siguiente: “De acuerdo a los procedimientos realizados, que implicaron la verificación de la existencia de una orden judicial para todas las interceptaciones informadas por las operadoras telefónicas en el período de alcance, se pudo concluir que todos los teléfonos interceptados a solicitud del Ministerio del Interior, cuentan con una orden judicial originada a partir de alguna investigación judicial”. Cabe destacar, que este informe se encuentra publicado en la página web de la Auditoría