La intervención estatal sobre la mutualista Casa de Galicia fue uno de los peores procesos de desarme de una institución dedicada a la salud, dijo Cecilia Cairo.
Desde marzo de 2020 hasta el cierre judicial de la mutualista Casa de Galicia, el proceso resultó opaco y omiso, con falta de transparencia, y finalizó con la clausura de diciembre de 2021. En el hemiciclo de la Cámara de Diputados, la compañera Cecilia Cairo remitió unas 44 preguntas a las autoridades ministeriales encabezadas por Karina Rando sobre diversos aspectos de la intervención, el proceso judicial y sus consecuencias.
La diputada recordó los aspectos más relevantes de los últimos años. Desde el trabajo de la comisión de seguimiento de agosto de 2019 a marzo de 2020, que realizó las correspondientes observaciones. Esa comisión controlaba los recursos brindados a la mutualista Pero después de marzo, es decir con la llegada del nuevo gobierno, Cairo subrayó el abandono de la administración actual a la viabilidad de la mutualista gallega al dejar de ocuparse de las observaciones que formuló la comisión de seguimiento. Con el cierre, se perdieron esos recursos, perdimos todos los uruguayos.
Más de un año después de absoluta omisión se dispuso el nombramiento de veedores. Hay informes técnicos que demuestran el conocimiento de la situación que tenían los ministerios de Economía y de Salud Pública. Pero los informes de los veedores designados luego del año de omisión fueron reservados para que sean leídos por el presidente de la Junta Nacional de Salud, Alberto Yagoda, y por el entonces ministro Daniel Salinas.
Esta mutualista, como muchas otras, solicitó financiamiento por 12 millones de dólares al fondo de garantía de las instituciones de salud. Antes que los recursos llegó la intervención del Ejecutivo. El prestador público, ASSE, le debía a Casa de Galicia 29 millones de dólares. ¿Habría sido el pago de la deuda una forma de ayudar a evitar el cierre?
Sin embargo, y tras el proceso del Ejecutivo y el posterior cierre por vía judicial, la infraestructura edilicia quedó en manos de otra mutualista privada a través de un remate. La mutualista Círculo Católico, de la cual el presidente actual de ASSE integró, contó con un crédito de 14 millones de dólares del Banco República para la compra del edificio. Es inexplicable que ese espacio quedó fuera de la posibilidad de la gestión pública cuando está instalada en una zona popular de Montevideo.
La misma mutualista privada se quedó con la mitad de los socios de esta importante ex casa de salud. Pero no así sus trabajadores, que aún padecen situaciones que los perjudican a pesar de los compromisos asumidos. El sector privado contrató empleados de Casa de Galicia como quiso.
Preocupa esta situación. El Sistema Nacional Integrado de Salud es un pilar fundamental del sistema de seguridad social uruguayo, de nuestras políticas sociales fundamentales. Las mutualistas son instituciones colectivas complejas, que no persiguen el lucro y que utilizan recursos económicos muy relevantes que surgen de los propios ciudadanos. A pesar de esto, fuimos testigos de uno de los peores procesos de desarme ante una crisis financiera del sistema en general.
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