EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 13 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia sanitaria ante la pandemia de COVID-19. Las consecuencias de esta pandemia, van más allá de la crisis sanitaria teniendo efectos directos sobre otros aspectos de devenir nacional, como la economía y el empleo, entre otros. Las medidas tendientes a limitar los contagios, promoviendo el aislamiento social, han desestimulado la actividad económica, poniendo a los trabajadores en situación de vulnerabilidad. Esta situación, al ser extraordinaria, requiere una respuesta legal que permita proteger a la parte más débil, en este caso a los trabajadores.
En este contexto, es el Estado el que debe dar respuestas para que las consecuencias de la pandemia no terminen afectando el empleo. Por tanto, se propone suspender por el término de ciento veinte días, los despidos de trabajadores y trabajadoras, declarándose nulos los actos realizados en contrario y habilitándose la acción de reinstalación y el cobro de los correspondientes jornales caídos. A su vez, se propone la suspensión del derecho de los trabajadores de considerarse indirectamente despedidos, por el mismo plazo de ciento veinte días. Esta última hipótesis pretende resguardar a los empresarios para que no sean víctimas de abusos generados por trabajadores que pretendan invocar el despido indirecto.
Finalmente, se faculta a las empresas a adelantar el goce y pago de hasta el cincuenta por ciento de la licencia ordinaria y el correspondiente salario vacacional del ejercicio 2020. Esta medida busca generar mecanismos alternativos que impidan que las empresas envíen al seguro de desempleo a sus trabajadores o incluso tengan que llegar al despido, luego de que finalice el plazo dispuesto en la ley.
NORMAS LABORALES ANTE LA PANDEMIA COVID-19
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1º.- Suspéndase por el término de ciento veinte días, a contar de la entrada en vigencia de la presente ley, los despidos de trabajadores y trabajadoras, declarándose nulos los actos realizados en contrario y habilitándose la acción de reinstalación y el cobro de los correspondientes jornales caídos.
A su vez, se suspende por el mismo término el derecho de los trabajadores de considerarse indirectamente despedidos, declarándose también nulos los actos realizados en contrario.
Artículo 2º.- La suspensión del derecho de despedir y de considerarse indirectamente despedido, quedan sin efecto en los supuestos de ocurrencia de notoria mala conducta (artículo 10 de la Ley Nº 12.597 de 30 de diciembre de 1958).
Para el caso que se produzca un despido al amparo de esta excepción y luego la misma no fuera debidamente probada en el proceso laboral respectivo, la indemnización por despido será equivalente al triple del monto correspondiente a la indemnización tarifada por despido común.
Los Magistrados que impongan la indemnización especial prevista en el inciso anterior, comunicarán al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la sentencia correspondiente basada en autoridad de cosa juzgada, a efectos de que la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social proceda a aplicar al empleador sanciones pecuniarias cuyo monto no será menor de UR 50 (cincuenta unidades reajustables), ni mayor de UR 500 (quinientas unidades reajustables).
Artículo 3º.- Facultase a las empresas a adelantar el goce y pago de hasta el cincuenta por ciento de la licencia ordinaria y el correspondiente salario vacacional del ejercicio 2020.
Presentamos el documento elaborado por el 11º. Congreso del Movimiento de Participación Popular "Eduardo Bonomi - Gabriela Soto".
La diputada Cecilia Cairo interpelará a las autoridades del Ministerio de Salud Pública por las consecuencias del cierre de la mutualista Casa de Galicia.
Respecto a los impactos en el sector agropecuario, la respuesta del gobierno fue negligente porque actuó con medidas insuficientes y tardías, dijo Alejandro Sánchez.
Hay situaciones propias de la frontera que no se observan en la capital, como la necesaria obra en el puente Yaguarón, que une a nuestro país con Brasil.
Ningún pacto, sino la expresión cabal de cada legislador frente a una solicitud de Fiscalía para levantar el desafuero de un senador acusado de gravísimos delitos.
Declaraciones públicas de la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores confirman que el Gobierno sabía de la peligrosidad del narcotraficante hoy prófugo de la justicia. No se puede mentir más a la gente.
