
En el marco de la interpelación al Ministerio del Interior, el senador Eduardo Antonini defendió la gestión del gobierno en materia de seguridad y cuestionó con dureza el tono y los argumentos utilizados por la oposición. En una intervención extensa y marcadamente política, combinó datos de gestión, referencias históricas y críticas al uso electoral del tema, al tiempo que reivindicó el Plan Nacional de Seguridad como una herramienta integral y en construcción.
Antonini comenzó destacando el trabajo del Ministerio del Interior y el nivel de respuestas brindadas durante la interpelación, subrayando especialmente la actitud del ministro Carlos Negro, a quien valoró por responder “pregunta por pregunta”, algo que consideró poco habitual en este tipo de instancias.
A partir de allí, cuestionó el sentido mismo de la interpelación, señalando que se produce en un contexto donde, según afirmó, existen resultados positivos en la gestión. En ese marco, interpretó la convocatoria como parte de una “ansiedad electoral” de la oposición y sostuvo que se está discutiendo la actuación de un ministerio que, en su primer año, muestra indicadores a la baja en varios delitos.
Uno de los ejes centrales de su intervención fue la defensa de los datos de gestión. Antonini presentó comparaciones entre períodos recientes, señalando descensos en homicidios, rapiñas, hurtos, delitos sexuales y violencia basada en género, entre otros indicadores.
En particular, destacó la reducción de homicidios y la baja de miles de rapiñas y hurtos, al tiempo que remarcó el volumen de operativos realizados: más de 200 acciones contra el crimen organizado, miles de allanamientos, bocas de droga desarticuladas y toneladas de estupefacientes incautadas.
Sin embargo, también reconoció problemas persistentes, como el aumento de heridos por arma de fuego y la circulación de armas ilegales, a la que definió como uno de los desafíos centrales. En ese sentido, puso como ejemplo la incautación de 200 armas en Maldonado en un solo mes, ilustrando la magnitud del fenómeno.
Antonini cuestionó lo que definió como una construcción de “relatos” distorsivos sobre la seguridad, señalando que muchas veces se instalan afirmaciones que no se corresponden con la realidad, como la idea de que el gobierno esté “resignado” o que existan planes para liberar presos.
También criticó la tendencia a ubicar el origen de los problemas de seguridad exclusivamente en los gobiernos del Frente Amplio, calificando esa afirmación como falsa y recordando que ya en la década de 1990 figuras como Julio María Sanguinetti advertían sobre el crecimiento de la inseguridad y su raíz social.
En ese marco, insistió en la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva más amplia, que contemple factores estructurales como la marginalidad, la educación y la vivienda.
El senador defendió una concepción integral de la seguridad, en línea con el Plan Nacional presentado por el gobierno. En ese sentido, destacó iniciativas como “Más Barrio”, que buscan combinar la acción policial con políticas sociales en el territorio.
Para Antonini, la prevención del delito no puede desligarse de las condiciones sociales, retomando la idea de que combatir la marginalidad desde la infancia es también una política de seguridad. A su vez, reivindicó la necesidad de actuar con firmeza frente al delito, dejando en claro que “cuando hay que reprimir, hay que reprimir”, pero siempre dentro del marco del Estado de derecho.
En su intervención, el legislador puso especial énfasis en el Plan Nacional de Seguridad, al que definió como una herramienta “seria”, construida en base a evidencia y con aportes de distintos actores políticos y sociales.
Defendió que su elaboración haya llevado tiempo, argumentando que no se trata de un conjunto de eslóganes, sino de una estrategia pensada a corto, mediano y largo plazo. Además, subrayó que el plan incluye medidas concretas como el refuerzo del patrullaje, la incorporación de más efectivos, el uso de tecnología, la lucha contra el narcotráfico y el control de armas ilegales.
También destacó el fortalecimiento de la formación policial, la mejora de equipamiento y salarios, y la atención a nuevas modalidades delictivas, como los delitos digitales.
Hacia el final, Antonini advirtió sobre los riesgos de idealizar modelos de seguridad basados en la suspensión de garantías, como algunos que se mencionan en la región. En ese sentido, reafirmó que en Uruguay no existe margen político para avanzar en ese tipo de medidas.
Sostuvo que cualquier política de seguridad debe respetar los derechos humanos y las garantías constitucionales, marcando una diferencia clara con enfoques autoritarios.
Como eje transversal de su discurso, el senador insistió en que la seguridad debe ser abordada como una política de Estado y no como una herramienta de disputa política.
Planteó que los problemas de delincuencia afectan a toda la sociedad, independientemente de las posiciones partidarias, y llamó a construir acuerdos que permitan avanzar hacia un país “más tranquilo, más seguro y en paz”.
Finalmente, remarcó que el plan presentado no es una herramienta cerrada, sino una política abierta a mejoras y aportes, con un ministerio dispuesto a escuchar y ajustar en función de la realidad.
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