Ante la situación de emergencia que atraviesa nuestro país debido a la pandemia de COVID-19, hemos presentado 8 anteproyectos de ley que tienen como objetivo la implementación de una serie de medidas, en diversos ámbitos público-privados, para contrarrestar los efectos sanitarios, políticos y socioeconómicos en el pueblo uruguayo. A continuación recopilamos cada uno de los anteproyectos, que se pueden leer y descargar íntegramente.
Incluye medidas sanitarias de carácter general para toda la población y de salud e higiene de los trabajadores. Entre estas, que deben ser adoptadas por ley, se incluye el aislamiento obligatorio para quienes hayan sido diagnosticados con COVID-19 o tengan la sintomatología del virus a fin de proteger la salud pública e integridad de toda la población.
Sin duda, quienes más sufrirán las consecuencias económicas provocada por la crisis sanitaria son los sectores más vulnerables. Nos referimos a quienes trabajan sin subordinación (cuentapropistas), cuyos ingresos los generan en el día a día. En efecto, presentamos el anteproyecto de ingreso ciudadano, que entre otras cosas propone brindar amparo a este sector de la población (de unas 400 mil personas), otorgándoles un subsidio de asistencia sanitaria, el cual consiste en una renta mínima básica.
Las medidas tendientes a limitar contagios, promoviendo el aislamiento social, han desestimulado la actividad económica, poniendo especialmente a los trabajadores en situación de vulnerabilidad. Esta situación extraordinaria requiere una respuesta legal inmediata que permita proteger a la parte más débil: los trabajadores. En este contexto, es el Estado el que debe dar respuestas para que las consecuencias de la pandemia no terminen afectando el empleo. Por tanto, entre otras cosas, el anteproyecto de ley laboral propone suspender por 120 días los despidos de trabajadores y trabajadoras, la suspensión del derecho de los trabajadores de considerarse indirectamente despedidos y la habilitación a las empresas para adelantar el goce y pago de hasta el 50 % de la licencia ordinaria y el correspondiente salario vacacional del ejercicio 2020.
Mediante este anteproyecto se procura, entre otras cosas, facultar a los deudores de préstamos con garantía hipotecaria para la adquisición de vivienda, que acrediten que hayan perdido sus empleos o que hayan sufrido una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas (si fuesen empresarios), todo ello a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Para ello se prevé que se establezca por vía reglamentaria, el pago de las cuotas generadas entre los meses de marzo y septiembre del año 2020 (así como las correspondientes prestaciones accesorias), en un régimen de facilidades de pago de hasta doce cuotas, sin ningún tipo de recargo, interés, multa o penalidad.
Entre otras cosas, regula aspectos relativos a los arriendos y subarriendos inmobiliarios para inquilinos durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. En este sentido, faculta a los arrendatarios y subarrendatarios a pagar en hasta tres cuotas el alquiler y demás gastos correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo del año 2020.
Propone suspender el cómputo de los plazos de prescripción y caducidad previstos en la ley Nº 18.091 de 7 de enero de 2007 para el reclamo de créditos laborales ya sea de naturaleza salarial o indemnizatoria derivados de relaciones laborales en curso o que se hubieren extinguido, durante el término de ciento ochenta días días a contar desde día 13 de marzo del 2020.
Propone la exoneración del pago de tarifas públicas a realizar a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), a Obras Sanitarias del Estado (OSE) y a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) a los núcleos familiares cuyos integrantes no perciben ingresos de manera formal o fueren usuarios del MIDES.
Dada la grave situación generada por la pandemia de la COVID-19, existiendo cientos de trabajadores en situación de vulnerabilidad y con suspensión total de actividades, este proyecto de ley propone extender los plazos del seguro de paro.
“Mi deber como ciudadano y militante político es renunciar y presentarme ante la justicia para dar todas las explicaciones”.
La historia la construyen los de abajo, con el corazón abierto para luchar contra las injusticias sin pedir nada a cambio. Los que construyen el sueño de una patria para todos.
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Por un país que cuida la seguridad y orienta los recursos del Estado a atender lo que debe atender, no para perseguir intereses políticos, expresó Yamandú Orsi.
