Bettiana Díaz: «El nuevo marco contra el lavado de activos refuerza los controles, la cooperación internacional y la responsabilidad profesional».

La Senadora frenteamplista Bettiana Díaz explicó los principales alcances del proyecto de ley que modifica la normativa integral de lucha contra el lavado de activos, que fue aprobado en comisión y se encamina a recibir el respaldo de todos los partidos en el plenario de la Cámara de Senadores.

Según Díaz, la iniciativa busca principalmente armonizar la ley vigente con las modificaciones recientes del Código del Proceso Penal, ya que ambos instrumentos «entraron en vigor en momentos distintos y había términos noramtivos que era necesario corregir». Además, destacó que el proyecto avanza en el fortalecimiento de los controles sobre el manejo de efectivo, la trazabilidad del dinero que ingresa al sistema financiero y las obligaciones de las instituciones en materia de seguimiento del origen de los fondos.

«Estamos poniendo más controles y restricciones al blanqueo, no sólo en las transacciones con efectivo, sino también en cómo se justifica su ingreso al sistema y qué controles deben ejercer las entidades financieras», señaló. En esa línea, subrayó la importancia de reforzar los procedimientos de debida diligencia, que permiten detecrar posibles operaciones irregulares y evitar que se consoliden esquemas de lavado.

Díaz recordó que las modificaciones responden a la Estrategia Nacional de Prevención de Lavado y Lucha contra el Crimen Organizado, presentada en 2023 por la Prosecretaría de Presidencia y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamento del Terrorismo (SENACLAFT). «Estas reformas no surgen de la nada, responden a una evaluación de riesgo nacional y a compromisos internacionales asumidos por Uruguay», remarcó.

Consultada sobre la eliminación de la fiscalía antilavado, Díaz reconoció que «Uruguay tiene un problema serio en la persecución del delito de lavado de activos», y que la creación de nuevas estructuras institucionales no siempre se tradujo en mayor efectividad. «No tenemos condenas porque se persiguen los delitos precedentes, pero no se avanza sobre el lavado en sí. Esta ley es una oportunidad para armonizar lo normativo y fortalecer las políticas públicas en materia de control», señaló.

La legisladora insistió en que fortalecer la SENACLAFT, las unidades de control del Banco Central y los mecanismos de reporte es esencial para mejorar la capacidad del Estado de enfrentar un fenómeno que, según dijo, «ya no tiene fronteras». En este sentido, destacó que el proyecto también refuerza la cooperación internacional, el intercambio de información entre fiscalías y organismos de control, y los procesos de extradición.

Respecto a los cuestionamientos planteados por el Colegio de Contadores sobre los costos burocrático que podrían generar los nuevos controles, Díaz fue tajante: «Más caro es el lavado para la sociedad uruguaya. Detrás de cada esquema de lavado hay delitos que cuestan vidas y generan explotación. El narcotráfico, la trata, el fraude financiero y la evasión fiscal son mucho más costosos que los controles necesarios para prevenirlos».

Asimismo, subrayó la importancia de la responsabilidad profesional en la detección de oepraciones sospechosas: «Nadie lava dinero con pocas herramientas. Hay arquitectos detrás de esos esquemas, y por eso queremos reglas claras para que los profesionales puedan reportar y asumir su responsabilidad cuando reciben fondos de orígen ilícito sin saberlo».

La Senadora remarcó que la implementación del nuevo marco legal deberá ir acompañada por recursos humanos y financieros adecuados. «Esto no es una medida aislada: se amplían los sujetos obligados, se reasignan tareas institucionales y hay una discusión presupuestal en curso para fortalecer la Fiscalía y los organismos de control», indicó.

Finalmente, valoró el concenso político alcanzado en torno al proyecto: «ayer lo aprobamos en comisión con el respaldo de todos los partidos. Hay diferencias sobre algunos puntos, pero existe una intención manifiesta de avanzar juntos en la lucha contra el lavado y el crimen organizado. En el contexto actual, esto no es menor», concluyó.