Hace tiempo ronda insistentemente en los titulares de prensa la tan nombrada “Reforma de la Caja Militar”. ¿A qué nos referimos con eso de reformar la mal llamada “Caja Militar”? ¿Por qué es urgente reformarla?
Las Fuerzas Armadas (FFAA) cumplen un rol fundamental en nuestro país: garantizar nuestra soberanía y defensa de los intereses nacionales del Uruguay. Por lo tanto, hay condiciones objetivas que se aplican a su régimen de trabajo y que hacen difícil la equiparación con otras áreas de actividad laboral. Eso explica, en parte, las edades y las condiciones de retiro, que son un factor clave en el déficit que genera el Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA (SRPFFAA), la “Caja Militar”, y que hacen urgente su reforma.
Pese a ser conocido como “Caja”, el SRPFFAA es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y su misión principal es hacer frente a la seguridad social del personal militar, que históricamente y desde la fundación de nuestro Estado Nacional tiene su propio régimen independiente del régimen general del Banco de Previsión Social (BPS), como también pasa con las “cajas” Policial, Notarial, de Profesionales y Bancaria. Esto implica que cada una se financia de sus propios aportantes.
El aumento sostenido de la expectativa de vida y el incremento de las retribuciones jubilatorias, han impactado con fuerza en todo el sistema de Seguridad Social (SS.SS). En el caso del MDN, además, se ha tendido a reducir sistemáticamente las vacantes pero manteniendo las mismas formas de retiro y cálculo de lo que posteriormente será el “haber de retiro”, lo que en buen romance es nada más ni nada menos que la jubilación, generándose así las condiciones de un gran déficit que debe afrontar hoy la “Caja Militar”.
El Estado uruguayo garantiza, en la letra de su Constitución, la cobertura de las prestaciones de SS.SS y prevé la asistencia financiera necesaria para ello. Así, la SS.SS es una política universal, a la que el Estado dedica gran cantidad de recursos, siendo el área con más transferencias dentro del gasto público social. Durante 2017, la asistencia al BPS, la Caja Policial y el SRPFFAA alcanzó unos 10 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Solo al SRPFFAA, llegó a casi 1 punto del PBI según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Saliendo de la superficie de la consigna, lo que finalmente aborda el gobierno del Frente Amplio (FA) es una antigua deuda con todos los uruguayos y uruguayas en materia de equidad previsional. La reforma de la “Caja Militar” forma parte de los debes de nuestro sistema de SS.SS.
El Poder Ejecutivo, a través del MEF, el MDN y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, envió al Parlamento un Proyecto de Ley que reforma la previsión social militar. Con esta iniciativa se espera generar efectos positivos a mediano plazo, contribuyendo a lograr el tan mentado equilibrio de nuestras cuentas públicas. Esto permitirá seguir destinando recursos al financiamiento de políticas sociales que mejoren la vida de nuestra ciudadanía, teniendo como principal cometido la justicia previsional.
Para contextualizar y entender la importancia de esta reforma, es importante saber que en Uruguay, hasta la década de los ´90, la SS.SS se financiaba de forma solidaria entre generaciones, es decir que los trabajadores en actividad colaboraban con los pasivos, quienes a su vez habían sido también aportantes solidarios para sostener las retribuciones jubilatorias de otros. Pero a causa de cambios demográficos que en parte han sido consecuencia del aumento de la expectativa de vida, e inducido por las tentadoras promesas de las recetas neoliberales que se aplicaban entonces en la región, Uruguay pasó a financiar su SS.SS mediante un sistema mixto, de capitalización colectiva pero también individual simultáneamente, incorporando así al sector privado para ocuparse del tramo de la capitalización individual de todos los aportantes al BPS.
Desde entonces, las sucesivas modificaciones a la SS.SS, que abarca mucho más que el pago de jubilaciones y pensiones, han perseguido el mismo objetivo: asegurar la sostenibilidad del sistema en un país con poca población y una alta expectativa de vida.
¿Cuáles son los principales aspectos de esta reforma?
¿A quiénes involucra? Aquellos que hayan cumplido 15 o más años de servicios militares, mantendrán las condiciones de retiro actuales. Con menos de 15 años de servicio, ingresarán al régimen de transición de la nueva Ley y a la fecha de aprobación de ésta tendrán salarizadas las partidas por compensaciones de beneficios sociales asociados a tareas específicas y registrados sus cómputos para las jubilaciones futuras.
Es importante destacar que los porcentajes de la tasa de remplazo son altos porque ésta se aplica también a los salarios bajos, fundamentalmente los de la tropa. Por eso se propuso modificar la tasa a 85% para los grados más altos y mantenerla en 90% para los más bajos.
La tasa de aportación patronal se elevará del 15% al 19,5% y la tasa de aportes del personal activo subirá del 13% al 15%.
El retiro voluntario acompañará las condiciones del régimen general del BPS: 60 años de edad y un mínimo de 30 años de servicio computados. Para el retiro obligatorio por edad, se exigirán 22 años de servicios militares efectivos al personal subalterno y 25 años al personal superior.
Por primera vez se establece un tope máximo de retiro, en 110.238 pesos.
El goce de la prestación de retiro o pensión le será suspendido a quienes sean condenados con penitenciaría durante el período de reclusión.
Tomando en cuenta las características específicas del personal militar, las de nuestra población y el contexto político y económico de nuestro país y nuestra región, el gobierno del FA ha logrado sintetizar esta iniciativa comprendida entre sus lineamientos programáticos, que acompaña la reforma de la Ley Orgánica Militar y que nos brinda el contexto apropiado para discutir, como izquierda y a fondo, qué FFAA necesita Uruguay para qué proyecto nacional.
Si bien desde 2005 se ha aumentado de forma sostenida los salarios más sumergidos, o sea los del personal subalterno, tenemos claro que se debe atender una de las mayores inequidades que existen en el Estado uruguayo: la desigualdad en la escala salarial de las FFAA, porque es necesario seguir dignificando las condiciones de vida de quienes menos tienen.
Lo que se inicia con este Proyecto que nos llama a cumplir con los compromisos de gobierno en materia de soluciones para el corto plazo, nos obliga también a poner en la mira el largo plazo en clave de desarrollo hacia el Uruguay que soñamos, un Uruguay soberano y con justicia social.
“Mi deber como ciudadano y militante político es renunciar y presentarme ante la justicia para dar todas las explicaciones”.
La historia la construyen los de abajo, con el corazón abierto para luchar contra las injusticias sin pedir nada a cambio. Los que construyen el sueño de una patria para todos.
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Por un país que cuida la seguridad y orienta los recursos del Estado a atender lo que debe atender, no para perseguir intereses políticos, expresó Yamandú Orsi.
