Son momentos complejos para todos, pero en particular para los que menos tienen. A mitad de esta semana el Gobierno de Canelones tomó medidas para enfrentar la situación de desprotección y debilidad alimenticia, para sostener el empleo y la inversión, así como beneficios para los contribuyentes; y vale la pena analizarlas, ya que pueden ser un faro ético y político, de cómo se puede responder a estas crisis globales.
La primera medida que salta a la vista es el aporte solidario de todo el equipo de gestión para financiar la compra de 6.000 canastas de alimentación y limpieza. La política, esa herramienta de transformación tan atacada desde los poderosos y cierto discurso dominante, demuestra que es posible conciliar una mirada solidaria y de justicia social con la gestión pública, lo que varía es el compromiso ético de los que la llevan adelante. Gobernar es hacer política, porque implica tomar partido sobre intereses diversos y a veces antagónicos. Nuestros compañeros y compañeras de la gestión de Canelones lo están demostrando, ejerciendo la solidaridad con sus ingresos. Además, para reforzar la atención a la emergencia alimentaria (cabe recordar que hasta el momento los alimentos venían desde INDA y el MIDES) se plantea la venta de tres predios para tener más impacto con la medida. Por último, esta disposición pretende ser tomada en articulación con las organizaciones de la sociedad civil, tanto de trabajadores como de empresarios, lo cual demuestra que no se trata de una mirada paternalista desde el gobierno, sino de trabajo coordinado en el territorio con las diferentes expresiones de nuestra sociedad.
Además de los efectos sanitarios esta situación de emergencia (más que justificada y necesaria) provoca graves perjuicios económicos, sobre todo, en las personas de menos recursos. Aquellos ciudadanos que dependen exclusivamente del ingreso diario para llevar un plato de comida a su mesa, son los primeros que están sintiendo los efectos del aislamiento. Es por eso que entendemos esencial la necesidad de priorizar las compras de los insumos necesarios para sobrellevar esta emergencia a productores familiares y pequeños comercios locales. De esta forma, estaremos colaborando con un sector que se está viendo fuertemente golpeado y que debe competir con grandes empresas que tienen mayor margen para afrontar esta crisis. Por eso, la intención de priorizar a los que más se ven afectados.
En la misma línea, se busca dar un margen en las obligaciones fiscales que afectan a todos los contribuyentes. Para esto se definió una prórroga en el vencimiento de la Contribución Inmobiliaria con una escala de beneficios vinculada a la situación que enfrenta cada sector de la ciudadanía. Se exonera de impuestos a propietarios de kioskos y a los feriantes, por el tiempo que dure la emergencia sanitaria y por los dos meses siguientes al levantamiento de la misma. Y quedan sin efecto los ajustes de precios, tarifas y otros que se realizan anualmente en el mes de julio. El gobierno departamental debe hacer todos los esfuerzos posibles en busca del beneficio de la comunidad. Por último, la extensión del Certificado Único Departamental por dos meses implica la facilitación de trámites por parte de los titulares que se encuentren en dificultades para pagar sus tributos y tengan necesidad del mismo.
En un momento en donde se está llegando a un recodo histórico en la solicitud de seguros de paro, las medidas en el orden económico y empleo son fundamentales. Canelones es la granja del país, y las ferias un espacio fundamental en donde la población puede conseguir productos de excelente calidad y a precios más económicos que en las grandes superficies. Son además, el sustento de miles de familias que viven de la venta y otras tantas de la producción (cuando no ambas) a través de las diferentes ferias vecinales que se producen en nuestro departamento en forma diaria y que movilizan también a miles de personas. Por ello, extender el horario, de forma de reducir las aglomeraciones parece una medida más que razonable, asimismo, promover una mayor separación de los puestos y la exhortación a los vecinos a no reunirse en demasía en un mismo puestos, todas medidas que apuntan en la dirección correcta.
A su vez, en materia de construcción, la comuna plantea la exoneración del pago del 50% del costo del trámite de la patente de construcción y para las obras que comiencen este año el 100% de la contribución inmobiliaria para el primer año luego de finalizada la misma. Todas medidas que apuntan a facilitar la construcción en el departamento, una actividad que genera diversos beneficios económicos; donde trabajadores y empresarios llegaron hace unos días a un acuerdo histórico.
Por último, y en sintonía con medidas anteriormente mencionadas, se propone la priorización de contratación y compra a proveedores locales, pequeños comerciantes, pymes, cooperativas, otorgando una preferencia en los mecanismos existentes de contratación de las compras públicas. En las crisis lo que más pagan las consecuencias son los que tienen menos espalada. Por ello, los recursos públicos que salgan del departamento son una herramienta fundamental para sostener a las PYMES, que son las que sostienen el empleo y buena parte de la economía interna. La crisis económica está instalada y no sabemos cuáles serán sus repercusiones definitivas. Lo que sí debemos tener en claro es cómo y quiénes pagan la crisis.
Las medidas que ha tomado el gobierno departamental demuestran sensibilidad por aquellos sectores que están pagando las peores consecuencias de esta crisis, demuestran también un enorme sentido republicano y solidario con las familias más necesitadas y con la producción y comercio del departamento. Y lo hace con una enorme solidaridad, hecho que no abunda en estos tiempos.
La acumulación histórica que el Frente Amplio ha realizado en Canelones, demuestra que es posible llevar adelante una gestión unitaria y exitosa, y es en estos momentos de crisis, en donde eso se hace más evidente. Mi reconocimiento a todo el equipo de Yamandú Orsi por estas medidas y al maestro Tabaré Costa que le ha tocado la difícil tarea de hacerlas realidad.
“Mi deber como ciudadano y militante político es renunciar y presentarme ante la justicia para dar todas las explicaciones”.
La historia la construyen los de abajo, con el corazón abierto para luchar contra las injusticias sin pedir nada a cambio. Los que construyen el sueño de una patria para todos.
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Por un país que cuida la seguridad y orienta los recursos del Estado a atender lo que debe atender, no para perseguir intereses políticos, expresó Yamandú Orsi.