Este miércoles fue procesado el jefe de los custodios del presidente Lacalle Pou por tres delitos graves. Quien brinda seguridad al presidente de los uruguayos y está encargado de la custodia de las altas autoridades que nos visitan tenía montada una red para delinquir y las principales autoridades se sorprendieron con la noticia, un escándalo dentro y fuera de fronteras.
Primero, al presidente Lacalle Pou le sorprende que su jefe de seguridad haya montado una una asociación criminal en Torre Ejecutiva, la sede misma de la Presidencia de Uruguay.
Después, al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el jefe político de la seguridad interna, le sorprende que le hayan dado mal los antecedentes del custodio Astesiano al presidente y, finalmente, se colocó a un estafador en un lugar muy sensible y continuó delinquiendo.
Quienes recibieron esos pasaportes apócrifos, ¿para qué los querían?¿Pertenecen a alguna organización? ¿Los servicios de inteligencia uruguayos sabían o no que esta persona estaba en el exterior?¿Fueron a su domicilio cuando estaba con el presidente? Las preguntas se acumulan y, ¿no hay responsabilidades políticas?
Pacha Sánchez fue crítico con las posturas que tomaron las autoridades:
“No hay sorpresas ni garrones. Hay descontrol y responsabilidades políticas graves”.
El senador criticó al ministro porque Heber no calculó el tenor institucional del comunicado que publicó el 28 de setiembre.
Le está diciendo al país que no puede garantizar la información que entrega, que se puede cambiar fácilmente los legajos de los antecedentes penales de una persona. De una gravedad extrema, el Ministerio del Interior comunica esto mediante un tuit.
A cada minuto aparecen más elementos que nos llevan a concluir que estamos regalados. Sánchez señaló que si hay capacidad para adulterar los antecedentes de una persona, si el presidente asegura que Astesiano es intachable, si surge que un senador oficialista y el secretario de Inteligencia le informaron de la situación al presidente que pasó por alto la información.
Nos preocupa la preservación de las instituciones y la reputación del Uruguay. Sánchez pidió con urgencia que el Gobierno dé una explicación seria, racional y responsable de lo que ocurrió y lo que vendrá, considerando que la red criminal parece tener contactos en todos lados.
Para Pacha, son las autoridades de Presidencia quienes tienen que responder ante el Parlamento. Por eso se analiza en el Frente Amplio cuál es el mejor camino. Recordó que una comisión general sobre las vacunas anticovid, al parlamento fueron el ministro de Salud, Daniel Salinas, y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.
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Un daño a la política y a la esperanza de la gente. Se reconoció el error administrativo pero hay que saber hacia qué lugar se dirigieron esos fondos.
El escándalo por 8 millones de dólares en horas extras y, al mismo tiempo, Artigas tiene un 18% de sus habitantes en situación de pobreza.
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