Los audios demuestran que el Gobierno le mintió al pueblo uruguayo, a la Justicia y al Parlamento por el pasaporte a un narcotraficante, dijo Pacha Sánchez.
Un subsecretario del Interior que pide datos a su par de la cancillería para conocer la situación de un poderoso narcotraficante preso en Dubái. Se imprime un pasaporte con el cual se fuga. El Gobierno organiza reuniones para presionar a la vicecanciller y que borre los mensajes en su celular. Otra vez la Torre Ejecutiva, sede central del Poder Ejecutivo, como marco para un accionar escandaloso.
Los uruguayos se merecen que el Gobierno hable con honradez y aclare esta situación, reclamó el compañero Alejandro Sánchez.
El daño al país es inmenso. Los audios que revelan la trama por la cual el propio canciller le sugiere a la vice que pierda el celular son escandalosos. Quedó demostrado que el Gobierno le mintió al Parlamento, a los uruguayos y a la Justicia, sintetizó Pacha.
La imagen del país es una construcción que generaciones de uruguayos entregaron con su esfuerzo y trabajo. La divulgación de estos audios son un duro golpe a la reputación del país y todos los uruguayos de bien, no importa de qué tiendas políticas provengan, se merecen que el presidente hable claro, con honradez, sobre esta situación.
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También los minutos en pantalla a los partidos políticos, más motivos para acompañar a Yamandú y la seguridad en un mano a mano con Pacha Sánchez.
Este oficialismo acumula un viaje de casi cuatro años en el Gobierno que suma varios hechos turbios. Por Alejandro Sánchez.
La casa de la democracia no pudo debatir los ribetes políticos del caso Marset impedido por el voto del oficialismo, cuando su tarea es discutir la conducta de sus gobernantes.
Debemos redoblar esfuerzos para transformar esta tristeza por el país en una esperanza: que la honradez vuelva al Gobierno, dijo Pacha Sánchez.
Los uruguayos esperan un acto de honestidad por parte del Gobierno y que diga la verdad a la gente, dijo el compañero Alejandro Sánchez.
Varios casos judiciales presentan como denominador común el uso de recursos estatales para investigar personas.
