Por: Diputada Lilián Galán.
¿De qué se indigna una sociedad?
¿De qué se asusta y por qué se asusta una comunidad?
Y cuando una sociedad se indigna, ¿qué la lleva a organizarse y a manifestarse?
Con estas preguntas empezaba una canción de Agarrate Catalina en 2012, (https://youtu.be/gMJ4aK-36js), en uno de esos ejercicios en que el humor logra cuestionar uno de los rasgos más oscuros de la política: controlar la sociedad con el miedo.
Hace pocos días asistimos asombrados (o quizá no), al lanzamiento de una campaña de recolección de firmas para reformar la Constitución, impulsada por algunos sectores del Partido Nacional, que propone:
• El cumplimiento efectivo de las penas para que en casos de delitos graves los delincuentes no puedan obtener beneficios que les permitan salir antes de tiempo de prisión;
• La reclusión permanente revisable a los 30 años en delitos gravísimos como homicidios múltiples o violación y homicidio a menores;
• Permitir que la legislación regule los allanamientos nocturnos en lugares donde se sospecha «fundadamente» que se están cometiendo delitos;
• La creación de una Guardia Nacional con efectivos militares para que colabore en determinadas tareas con la Policía.
Nuestra traducción (libre) es:
• Vender la ilusión de que más cárcel y represión disminuyen la violencia y los delitos.
• La imposición de la cadena perpetua bajo otra denominación.
• La pérdida de garantías en los procedimientos.
• Y la frutilla en la torta, pone a los militares a cumplir con funciones de seguridad interna ¿es que estamos en guerra?
Otra vez asistimos al miedo como vía para lograr protagonismo político. Exactamente la misma receta que aplicaron en el período de gobierno pasado cuando se lanzó la “Campaña para bajar la edad de Imputabilidad”. Idéntico procedimiento: recolectar firmas impulsando una Reforma Constitucional que se plebiscitará junto con las próximas elecciones.
La estrategia de colocar al miedo como protagonista en la campaña electoral, por cierto, es la mejor forma de captar voluntades a favor de las propuestas que apunten a restringir derechos, a privilegiar lo personal sobre lo colectivo, en suma, beneficia al arco ideológico de derecha.
Aquí se apunta a que el leit motiv de la campaña sea la delincuencia, en EUA a la amenaza terrorista externa, en Europa los inmigrantes. Siempre hay formas de encontrar un enemigo que nos atemorice y nos lleve a aceptar la represión como normal y permanente.
Pero volviendo al principio ¿de qué se indigna o asusta una sociedad? Y qué es lo que hace que en algunos casos se organice para exigir respuestas a los hacedores de Políticas Públicas, y en otros casos no.
Queremos aportar alguna información que contribuya a cuestionarse por qué se eligen algunos temas para darle alta exposición pública y otros en cambio permanezcan invisibles.
En el año 2016 hubo 265 Homicidios en todo el país, de los cuales 24 fueron asesinatos a mujeres perpetrados por sus parejas, ex parejas o personas del entorno familiar.
Los homicidios derivados de hurtos y rapiñas fueron 40.
El número de víctimas que poseían ellos mismos antecedentes penales fue de 98 en 265. Y este dato no lo traemos a colación porque creamos que los “ajustes de cuenta” nos parezcan menos graves, sino porque permiten aproximar al círculo vicioso que se genera entre delincuencia, cárcel y más violencia.
En el Informe 2016 del Comisionado Parlamentario de cárceles surge que Uruguay ocupa el lugar 30 entre los países con más presos del mundo, a pesar de que, inversamente, nuestros indicadores sobre delincuencia y seguridad se encuentran entre los mejores del mundo: lugar 35 en el Índice de Paz Global (https://www.datosmacro.com/demografia/indice-paz-global) y el lugar 38 en Ranking de los países más seguros del mundo (https://safearound.com/es/danger-rankings/ ).
Textualmente el informe del Comisionado Parlamentario asevera: “todo indica que somos uno de los países en el continente americano que más usa la cárcel como respuesta a la violencia social. Sería difícil argumentar que el altísimo índice de prisionización de Uruguay se debe a que seamos el lugar del continente con más violencia. Tener un alto índice de prisionización no es una buena señal. La prisión, cualquiera sea su modelo y características, implica siempre la violencia de la privación de libertad y ruptura con el mundo exterior, con consecuencias también violentas sobre el privado de libertad y su entorno, en particular allegados más cercanos, familia e hijos (separación, empobrecimiento, abandono, trauma). Una alta prisionización es también una inyección de violencia a la sociedad, retroalimentando el proceso: a más población presa, peores procesos de socialización e integración social. La consecuencia: más delitos.”
Existen otras muertes que parecen no alarmarnos.
Si revisamos los números de muertes por accidentes de tránsito en 2016 fallecieron 446 personas, pero en el dato anterior tienen un protagonismo especial los jóvenes que se trasladaban en moto: El grupo de motociclistas totalizó 204 fallecidos en el año, lo cual representa un 45,7% del total de fallecidos a nivel nacional. Según sus edades, se observa que casi la mitad de los motociclistas fallecidos eran jóvenes entre 15 y 29 años (101 fallecidos).
Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que 709 personas se quitaron la vida en 2016, la cifra más alta de la historia. Es un fenómeno mundial:en los últimos 45 años las tasas de suicidio aumentaron un 60%.
Pablo Hein, integrante del Grupo de Comprensión y Prevención de conducta suicida en el Uruguay, de la Facultad de Ciencias Sociales, opinó que «Pasa por una cuestión de pérdida de vínculos afectivos. Tener un estudio, un trabajo y un sentimiento de pertenencia hacia algo te da vínculos, reconocimiento y protección». El sociólogo estimó que hay «exigencias altas» en cuanto a los reconocimientos de logros de la sociedad.
Cien jóvenes de entre 15 y 29 años muertos en un año, deberían impulsar a que esta sociedad se organice y exija cambios inmediatos que eviten tanta sangre y sufrimiento inútil.
Setecientos suicidios deberían hacernos cuestionar sino estamos abandonando al “ámbito personal”, algunas conductas y valores que deben visibilizarse y atacarse desde lo público. Un camino comparable al recorrido que hicimos al reconocer a la violencia machista, donde antes solo veíamos crímenes pasionales.
Mientras todas estas muertes permanecen relegadas o invisibles, cada víctima de rapiña, será informada decenas de veces en los medios durante varios días, en cada rincón de nuestro país todos hablaremos del caso, y provocará reacciones políticas y llamados de ministros al Parlamento.
No es nuestra intención negar que la delincuencia exista y que venga mutando en formas cada vez más complejas. Por el contrario, queremos aportar elementos que nos permitan ver todo el escenario. E invitar a reflexionar respecto a que, cuando los medios y parte del espectro político construyen el sentido de que la delincuencia es EL problema de nuestro país, es porque ya saben que infundir miedo paraliza, debilita y abre las puertas a soluciones represivas.
Aceptar la represión como normal, “para vivir sin miedo”, tal cual reza el eslogan de la campaña, en Uruguay, y en cualquier parte del mundo, es resignar derechos, perder garantías frente a un Estado que empieza sacando soldados a la calle para cuidarnos, y luego podrá usarlos para reprimir cualquier movimiento que les moleste.
Esto ya nos pasó.
“Si mataron, ¡que los maten!,
Si arreglamos violencia con violencia y furia inútil,
algo no anda bien:”
“Mi deber como ciudadano y militante político es renunciar y presentarme ante la justicia para dar todas las explicaciones”.
La historia la construyen los de abajo, con el corazón abierto para luchar contra las injusticias sin pedir nada a cambio. Los que construyen el sueño de una patria para todos.
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Por un país que cuida la seguridad y orienta los recursos del Estado a atender lo que debe atender, no para perseguir intereses políticos, expresó Yamandú Orsi.