
Todos sabemos que Uruguay se ha vuelto un país caro para vivir, y no se trata de una percepción subjetiva, sino de una realidad que golpea.
Hace unas semanas, el gobierno planteó la necesidad de analizar una serie de medidas tributarias para las plataformas online dedicadas al comercio de bienes. Todo esto, ante el dramático crecimiento que tuvieron las importaciones bajo el régimen de franquicias, pasando en un año de 45.000 a 167.000 envíos mensuales. Un fenómeno que se ha venido incrementando y que algunos atribuyen a la llegada de la plataforma Temu en el 2024.
Este fenómeno resulta llamativo y da cuenta no solo de un cambio en la conducta de los consumidores, sino también de la búsqueda por parte de estos de mejores precios y productos. Pero todo trae sus consecuencias: se estima que este fenómeno ha derivado en pérdidas millonarias para los comerciantes locales. La pérdida de mercado y la imposibilidad de competir en condiciones justas llevan a destruir los comercios y desaparecen puestos de trabajo. En particular, se estima que las peores consecuencias las está sufriendo el sector minorista.
Entendemos lógico que se plantee un articulado en la Ley de Presupuesto que grave las operaciones de las plataformas online. Es lo razonable, porque resulta imperioso proteger el comercio local y el trabajo nacional. Pero, además, es lo justo, porque no existe ninguna razón para que las plataformas se beneficien con condiciones tributarias más favorables de las que tienen los comercios nacionales, que además son los que dan trabajo a los uruguayos.
Más allá de esto, sabido es que nuestro país tiene serias dificultades en materia de costos, que deben ser atendidos de forma paralela. Porque si vamos a las razones que llevan a un consumidor a optar por este tipo de plataformas, vamos a encontrar nuevamente el problema de la carestía.
Todos sabemos que Uruguay se ha vuelto un país caro para vivir, y no se trata de una percepción subjetiva, sino de una realidad que golpea con crudeza a trabajadores, jubilados y pequeños comerciantes, quienes ven cómo se reduce día a día su poder de compra.
Las causas son múltiples y complejas: concentración de mercado, oligopolios que fijan precios a su antojo, falta de competencia real, costos regulatorios y cargas fiscales. Todas estas variables influyen, pero el problema de fondo es que todavía no existe un diagnóstico integral que pueda identificar exactamente dónde está el problema. Por eso, en esta etapa se vuelve fundamental que el Estado se decida a analizar los precios, costos y márgenes de toda la cadena comercial, discriminada por producto y así identificar dónde se presenta el problema.
Pensar el “efecto Temu” como una cosa aislada sin entender el problema del elevado costo de vida en el Uruguay resulta equivocado. Probablemente, si lográramos alivianar el problema de la carestía, el “efecto Temu” pasaría a ser definitivamente un asunto marginal. Pero todavía no lo es y empieza a ser un problema para nuestra producción y comercio interno.
No tengo duda de que debemos apostar por un modelo productivo alternativo, que permita dar un salto cualitativo a lo que tenemos hoy. Un modelo de desarrollo nacional debe apuntar a un proyecto productivo, que incluya una serie de transformaciones de fondo para lograr los objetivos planteados.
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