Con la resolución de la Fiscalía queda confirmada la intención de presionar a senadores mediante espionaje a su vida personal.
Una situación inédita en el país: recolectar datos personales de senadores opositores para obligarlos a dar marcha atrás con el juicio presentado ante la justicia por la concesión de la terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. En democracia.
No había una “supuesta investigación”, como expresó el presidente hace un año atrás. Se concretó el pedido de formalización de un gerente de una empresa vinculada al jefe de la custodia presidencial. Está claro que se debe llegar hasta el final de la investigación para que caigan los que tengan que caer.
No fue el espíritu santo quien puso a la cabeza de los custodios del presidente en la Torre Ejecutiva. Falta un “mea culpa” de las principales autoridades del país.
“Queremos que el presidente y su secretario hagan un mea culpa, porque siempre se intentó minimizar esta situación sobre dos senadores de la República”, dijo el compañero Charles Carrera, uno de los dos senadores espiados, junto al compañero Mario Bergara.
“La trama de este caso comenzó en el corazón de Torre Ejecutiva y aún quedan hilos por desenredar. Hoy estamos ante un avance ya que la Fiscalía empezó a correr el velo de una opacidad contraria a los valores de la República. La situación se empieza a aclarar. Bien por Uruguay”, apuntó Yamandú Orsi.
Ahora la justicia investigará este proceso de apriete a senadores en democracia. Pero es una lástima la pérdida de chats, expresó el compañero Sebastián Tati Sabini.
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El reto de la educación en los próximos años, con docentes a quienes hay que volver a enamorar y problemas de retención y egreso estudiantil.