Garlo: «Estamos investigando un contrato con incumplimientos graves que comprometió más de 80 millones de euros»

El diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo, integrante de la comisión investigadora sobre el caso Cardama, afirmó que el proceso en curso busca esclarecer «incumplimientos graves y sistemáticos» en la contratación de patrulleras oceánicas, y cuestionó las críticas de la oposición sobre la supuesta falta de acceso a la información.

En entrevista en el programa Esta boca es mía de Canal 12, Garlo sostuvo que la rescisión del contrato no responde a una disputa política, sino a fundamentos jurídicos: «Estamos hablando de la rescisión de un contrato por incumplimientos graves y sistemáticos por parte de una empresa para con el Estado uruguayo».

Investigación en curso y tensiones políticas

El legislador explicó que la comisión investigadora, integrada por todos los partidos, comenzó analizando el período 2014-2019 y ahora se propone avanzar sobre el proceso de compra iniciado en 2022 y concretado en 2023. Sin embargo, señaló que existen «dilatorias» por parte de la oposición para abordar esta etapa.

En ese marco, cuestionó la idea de que no haya información disponible: «El Poder Ejecutivo ha proporcionado toda la información solicitada por la comisión», afirmó, aunque aclaró que parte de la documentación está sujeta a clasificación por tratarse de expedientes en trámite.

La polémica por la confidencialidad

Uno de los ejes del debate ha sido el carácter confidencial de parte de la información vinculada al contrato. Garlo explicó que esta condición no fue definida por el actual gobierno, sino que surge de una cláusula firmada en 2023 por la administración anterior.

«El contrato establece la confidencialidad no solamente en el documento en sí, sino de un conjunto más amplio de actuaciones, incluso más allá de su vigencia», indicó.

En ese sentido, subrayó que la información fue igualmente entregada al Parlamento: «el gobierno ha resuelto priorizar la transparencia y trasladar esa información a la comisión, manteniendo su clasificación para proteger los intereses del Estado».

«No se trata de generar circo mediático»

Garlo también apuntó contra lo que consideró un uso político del tema: «La diferencia está en si queremos verdaderamente investigar o generar circos mediáticos con información clasificada», sostuvo.

A su vez, remarcó que la totalidad del expediente está en manos de la comisión: «No es verdad que toda la información esté clasificada. Hay que sentarse a revisar miles de hojas que han sido entregadas».

Irregularidades y denuncia penal

El diputado defendió la decisión del gobierno de rescindir el contrato y presentar una denuncia penal. Según explicó, se detectaron irregularidades en las garantías exigidas a la empresa, incluyendo documentación presuntamente falsificada.

«Se advirtió que había una garantía irregular y el gobierno actuó responsablemente al presentar la denuncia», afirmó.

Además, señaló que las embarcaciones adquiridas eran prototipos que «nunca habían sido construidos ni probado su funcionamiento», lo que, según dijo, expuso al país a riesgos significativos.

Recursos públicos y responsabilidad estatal

En el cierre, Garlo enfatizó la magnitud económica del caso y su impacto en las finanzas públicas: «Estamos hablando de 80 millones de euros que quedaron en una nebulosa», advirtió.

También defendió la continuidad de los pagos asumidos por el Estado: «Uruguay honra sus compromisos. El cumplimiento de los contratos es una política de Estado que trasciende gobiernos», concluyó.

La comisión investigadora continuará su trabajo en las próximas semanas, en paralelo a la investigación judicial que deberá determinar eventuales responsabilidades penales.