Ideas en Movimiento sobre Seguridad y Convivencia

23 de mayo de 2024
Ideas en Movimiento, seguridad y convivencia. Foto MPP.

Las compañeras Graciela Barrera y Bettiana Díaz condujeron un nuevo conversatorio con Ana Juanche Molina, Nilia Viscardi y Ricardo Gil Iribarne.

El Teatro La Candela abrió sus puertas para recibir al segundo ciclo de Ideas en Movimiento. Esta vez el diálogo fue en torno a la seguridad y convivencia. La compañera Bettiana Díaz destacó que desde el Espacio 609 queremos poner en discusión un tema fundamental para el desarrollo de las sociedades como la seguridad ciudadana.

La coyuntura nacional y global está en un momento muy particular. Las complejidades del mundo del delito y los problemas de convivencia y violencia, requiere un abordaje desde distintos puntos de vista.

Por esto, la mesa se nutrió con voces bien interesantes que detallaron aspectos del lavado de activos, la convivencia y juventud, y la rehabilitación.

La copresentadora de la mesa de la jornada, la compañera Graciela Barrera, está dedicada al trabajo con víctimas del delito y también sobre la situación en cárceles.

Ricardo Gil Iribarne: Lavado de activos, ¿nos hacemos los distraídos?

El conversatorio comenzó con una reflexión de Ricardo Gil Iribarne, exdirector de la Jutep. Y comenzó con una pregunta relevante: En Uruguay, ¿se lava plata?

“Sí”, fue la respuesta de Gil Iribarne, quien recordó que siempre abría las mesas de análisis con la misma respuesta. Este es el primer paso para que nos crean que queremos un cambio, dijo, y rememoró cómo cambió su respuesta con el correr del tiempo: “hay lavado como en todo el mundo y no queremos que se lave en nuestro país”. Hoy nadie en el mundo dice que el lavado no existe, pero hay declaraciones en Uruguay que marcan un cambio gradual del discurso.

En distintos medios de comunicación, jerarcas del gobierno actual señalaron la falta de elementos para responder que en Uruguay existe evidencia tangible de lavado en el país, o que “no se lava tanto dinero como se cree”. “Para mí es importante partir del lado contrario: en Uruguay se lava plata, no me importa tanto cómo estamos en el ranking mundial porque no es un campeonato, pero seguro que es un problema que se lave acá”.

Las estadísticas señalan que entre 1998 y 2005 no habían procesados por lavado. En 2009 se registraron 33 procesados y en 2019 la cantidad llegó a 50 procesados. En los últimos cuatro años hay 6 sentencias “y todo es chiquitaje”. Esto quiere decir, expresó Gil Iribarne, que este “delito de los poderosos se ha venido abajo”. En parte, consecuencia de la visión de que “acá no hay tanto problema”, o que Uruguay precisa inversiones y que, si se nos cuela algo malo, es “daño colateral”.

El segundo elemento es que el crimen organizado es por dinero. ¿Hay más o menos crimen organizado en Uruguay? “Hay más, en lo grande, lo chico o lo mediano; sicariato, cargamento, problemas en los barrios”, ejemplificó. Si hay delitos por dinero, hay lavado y también corrupción, aseveró.

Esto es difícil de ver porque la población no se siente víctima del lavado, sí de otros delitos conexos. Pero el lavado es la “culminación” del delito, su posibilidad de recircular fondos que provienen de la actividad delictiva, explicó el especialista.

¿De dónde viene el lavado de activos? El caso más claro es el contrabando, según la ley, por más de 20.000 dólares. Pero también generan lavado los traficantes ubicados en los barrios, sus distribuidores mayoristas y un tercer nivel, el más difícil de identificar, quien lava fondos de la corrupción, del narcotráfico pesado, de los delitos tecnológicos o la trata de personas.

¿Se puede atacar al lavado en todos estos niveles? Gil Iribarne entiende que se debe aplicar el análisis de riesgo. Uruguay definió “atacar por arriba”, como los grandes esquemas regionales de corrupción. E hizo un paralelismo con el combate en el narcotráfico: bocas o gran tráfico. “Si solo cerramos bocas entonces el sistema se retroalimenta”, detalló. Recordó que el exministro del Interior Luis Alberto Heber señaló en el lavado a pequeña escala, a nivel territorial. “Así como atacamos la boca pero nos olvidamos del narco grande, parecería que la idea es ir al lavado en pequeña escala y olvidarnos del lavado a los poderosos”.

Y avanzó: “parecería una ingenuidad o un error conceptual; no, es un error ideológico, estamos transformando un delito de los poderosos en un delito de los pobres y, a los pobres, está bien meterlos presos”. Esto muestra una cabeza e intereses muy distintos a los de nuestra fuerza política con diferencias que, en algunos casos, ellos presentan un vínculo “amable” con el lavado y en otros es simplemente una concepción que no se puede compartir y tiene ribetes ideológicos.

¿Tenemos que hablar de lavado? Sí. ¿Tenemos pelear contra el lavado? Sí, en el marco de una estrategia global e integral. Una moto de 15.000 dólares es lavado, pero si esto es el objetivo dejamos pasar a los delincuentes implicados con el poder.

Durante los gobiernos del Frente Amplio se avanzó mucho, con errores y aprendiendo a los golpes, dijo Gil Iribarne. ¿Cómo continuamos? Siempre hacen falta más recursos, pero cuando Uruguay generó las primeras condenas, no existía la Secretaría Antilavado como rememoró. Lo que se modificó fue la cabeza, la posibilidad de incorporar este tema como grave y urgente. Siempre hay normas que pueden mejorar, pero actualmente tenemos y fue evaluada como la mejor de América Latina. Si nos evaluaron con preocupación con 50 procesados, con 6 nos masacran desde los organismos del exterior, indicó.

¿Qué tenemos que hacer? Para Gil Iribarne, hay que asumir que se debe trabajar en serio para desmantelar organizaciones, apresar delincuentes, recuperar fondos. No alcanza con decir “vamos a hacerlo”, y ratificó que hoy se observan retrocesos y hay que recomponer lo desmantelado. Para trabajar en esto se necesitan equipos de diferentes instituciones, pero la coordinación no se decreta porque solamente funciona cuando existe confianza y eso se construye.

La otra pata de esto es la corrupción, delineó. “Estamos en un tiempo difícil, yo no sé si hay alguien que pueda negar que este gobierno actual es corrupto o que ha tenido casos de corrupción o que la corrupción ha sido una constante en estos años, pero yo creo que tenemos que pensar, viendo además lo que pasa en los países vecinos, que acá es importante denunciar, pero es mucho más importante demostrar que no somos iguales”.

Esto es una necesidad de los ciudadanos porque, señaló, “el juego de la derecha es ‘esto está mal pero en realidad todos son iguales, todos lo hacen y todos lo hacemos’; esto es absolutamente nefasto y explica los Milei y alguna otra cosa”.

Tenemos problemas. No precisamos más leyes para arrancar, debemos reconocer los problemas y que el ciudadano necesita una señal distinta. No hacen falta mayores recursos para comenzar.  En estos años los resultados fueron muy pocos y la falta de recursos no es una excusa. De 2019 a hoy, el presupuesto de la Jutep aumentó un 78%, sin embargo, no gastó el 36% del presupuesto y eso es una barbaridad. “¿Qué es eso, falta de voluntad política? Hay que bajar la pelota al piso y pensar qué queremos hacer”.

La propuesta actual es incorporar más “sujetos obligados” a reportar a las instituciones antilavado. “Macanudo, tengo inmobiliarias, bancos, escribanos, contadores, escribanos, zonas francas, casinos; no hago nada y propongo uno más ¿para no hacer nada? Prefiero que haya menos y controlarlos bien a que haya muchos y no controlarlos nada”, planteó.

La compañera Bettiana Díaz recordó que el abordaje planteado por el programa del Frente Amplio es bien transversal, basado en la idea de no dar soluciones fragmentadas de problemas complejos, sino de la integralidad de las problemáticas, con coordinación de varias instituciones. La prevención del lavado y el crimen organizado presenta relativa debilidad por definiciones políticas. “Eso me parece que ha sido un gran retroceso en estos últimos años”, como en la capacidad inspectiva de la Senaclaft, por ejemplo.

En estos cuatro años, ni siquiera se pudo incluir a las automotoras ni a la construcción entre los “sujetos obligados”, rememoró. En la jornada, además, fue aprobada una ley aprobada sobre defensa del contribuyente “que está prácticamente hecha a medida de los grandes evasores”. La alternativa es desandar el camino, que provocó la baja en la percepción de riesgo, los máximos de manejo de dinero en efectivo, el abordaje institucional con una interacción distinta, o un Ministerio de Justicia.

Pero se necesita voluntad política. Está la ley de declaraciones juradas para los jerarcas pero hay senadores que todavía no la presentaron como marca la norma uruguaya.

Nilia Viscardi: convivencia, seguridad y territorio, la cuestión de las adolescencias y los jóvenes

Para la académica especializada en convivencia, Nilia Viscardi, hay cuestiones que requieren una reflexión profunda sobre asuntos vinculados a la adolescencia y juventud. Incluso las indirectas, como la sanción de 150 días al exdirector del IAVA.

“Para mí -desarrolló Viscardi sobre el punto mencionado-, puede interpretarse como un fenómeno de larga duración y expresión de una de las facetas más complejas como la criminalización del conflicto y la política que se ha sostenido en este gobierno y que atenta, particularmente, con un elemento central como la participación”.

Por otro lado, hay que sumar este proceso al marco global de apoyo a los allanamientos nocturnos, con una intención de voto importante cercana al 40% de adherentes al FA, punto que lleva a reforzar preguntas sobre cómo se puede trabajar en la construcción de un pensamiento progresista en seguridad, clave no solo para una política de seguridad y convivencia de izquierda sino también como un efecto en la promoción de medidas enfocadas a quienes protagonizan estos hechos de violencia, como los jóvenes.

Vivimos en un continente con una violencia delictiva y criminal muy importante, aportó. No hay política integral que se pueda pensar a nivel nacional y hoy estamos obligados al diálogo regional y mundializado. Incluso la política más nacional va a estar en consonancia y limitado por este marco, analizó la académica.

La captación de sentidos, que muchas veces anclan en una construcción de la seguridad, va unidos a una tendencia a la culpabilización y la moralización, consignó. La mirada académica busca la relación entre aumento de la violencia y el recorte en la educación, aumento de la pobreza, la violencia de género, la desigualdad, el problema de las instituciones, la violencia doméstica. Incidir en estas dimensiones tiene efectos que reducen estos fenómenos, dijo Viscardi. Pero tiene desafíos en la comunicación porque necesitamos miradas de largo plazo que superen el enfoque que busca culpables y que permea sistemáticamente en los medios, y puede generar un sentimiento de moralización e individualización, es decir, definiciones como: “La culpa de la violencia la tiene un sujeto concreto que elige el camino de la violencia”.

En los últimos años, un lugar donde se debe seguir enfocando la crítica y autocrítica es en la dificultad de salir de este dilema de la violencia como un fenómeno moral individual, lo que es un límite a la política y es algo que se observa en toda la región. Esto es una debilidad, identificó Viscardi, y refuerza el trabajo cultural y acerca de los medios.

Las condiciones de exclusión, el territorio, el involucramiento de los sectores vulnerables en la economía informal y la competencia con el empleo formal, son aspectos que integran a jóvenes y adolescentes incluso a modo de protagonismo y no pueden ser pensadas o sentidas desde una reflexión racional consciente por ellos. Esto hace un juego permanente y muy difícil de superar que los excluye de la escena pública.

La necesidad de construir un sujeto público adolescente está “absolutamente en consonancia” con generaciones de adolescentes amenazados tanto en su vida como en la posibilidad de construir un proyecto de vida sustentable. Hay proyectos de vida muy asociados al “éxito” y “dinero”, tanto en sectores populares como en capas medias, con dificultades para pensar alternativas sustentables.

Sin embargo, hay ejemplos de lo contrario. La cuestión de género es un ejemplo de posibilidad de construir una voz pública de muchísima eficacia, que abrió ámbitos y políticas que permitieron alternativas. Pero hay deudas: ya no hay marchas como las que declaraban que “ser joven no es delito”, en consonancia con la judicialización del conflicto en ámbitos donde la juventud puede tener participación. Es claro el corrimento de la participación, sobre todo a nivel educativo (el más claro en los últimos tiempos y la dureza de la sanción al director del IAVA nos debe la reflexión).

“Ese ejemplo de hacer política encuentra un límite en la violencia institucional y en la recuperación de un ‘discurso de la familia’ de los sectores conservadores que desanda aquellos lugares donde la izquierda tuvo el mayor de sus logros y que impactó en la voz de los adolescentes”, expresó Viscardi.

“La promoción de políticas progresistas de género, el trabajo en drogas (con Uruguay como ejemplo en América Latina), todo este impulso normativo que incidía particularmente en mujeres y jóvenes, ha mostrado una contra reacción en los últimos años que, me parece, es un elemento central que tenemos que seguir capitalizando y avanzando en este proceso de criminalización de los jóvenes”, desarrolló en otro pasaje de su exposición.

Y finalizó: “este juego dilemático entre la construcción de una opinión pública que reclama medidas individualizantes, la construcción de un discurso de defensa estructurado en torno a ‘la familia’ que interpela el sentido de muchos jóvenes identificados con la agenda de derechos”.

“La extrema culpabilización de las prácticas ha permitido el retroceso de la idea de que podemos creer en los adolescentes y eso hace muy difícil avanzar en las medidas de promoción no del castigo y la represión sino en pensar de modo diferente, y como el Uruguay ha demostrado que puede hacerlo, las medidas alternativas”.

“Si no corremos este sentido hegemónico respecto de dar voz y escuchar, nunca vamos a tener la posibilidad cultural de aplicar estas leyes que existen”, sintetizó.

Para finalizar, destacó la educación en cárceles y la poca cantidad de horas que reciben demuestra cómo existen los ámbitos a potenciar, pero a la hora de la inversión siguen sufriendo aquello de “el impulso y su freno”.

Sin cambio cultural, no hay letra que pueda encarnar en medidas que reviertan la desigualdad estructural y la propia represión, que se expande como reguero de pólvora fruto de las propias políticas como el allanamiento nocturno es una medida que, dependiendo de los gobiernos que estén en turno, pueden radicalizar muchas formas de violencia ejercidas desde el propio Estado”.

“En consonancia con lo que ha sido este 20 de Mayo, hay que luchar contra leyes, dinámicas y medidas que atenten contra los jóvenes y puedan favorecer escenarios de violencia institucional”, cerró Viscardi.

La compañera Graciela Barrera subrayó, en línea con Viscardi, que los conflictos de los jóvenes hay que abordarlos desde los cambios culturales. La criminalización a la adolescencia y juventud no es nueva, tampoco el punitivismo total que se observa a diario.

“No se les presenta un proyecto de vida sustentable y eso creo que es algo muy importante en el tratamiento a los jóvenes; esos jóvenes sin oportunidades terminan primero en el Inisa y después en las cárceles”.

El trabajo con los jóvenes, con el entorno, la cultura y el territorio, con participación de la juventud, es una clave fundamental para nosotros.

Ana Juanche Molina: el sistema penitenciario en Uruguay y algunas claves para la ejecución penal

Uruguay registró un crecimiento del delito cuya respuesta fue eminentemente punitiva, inicio Juanche Molina. Incluso con la evidencia internacional señalando que más cárcel no tiene relación con el descenso del delito. La reincidencia tiene enormes tasas en la región y, particularmente, en Uruguay.

Por ejemplo, el reingreso al sistema carcelario está en el entorno del 65%. “Esto dice del fracaso de la cárcel como respuesta”, consignó.

Además, desde 2020 a hoy el crecimiento de la población penitenciaria fue “muy sostenido”, pero fue desigual. Entre 2021 y el año pasado, el crecimiento de la población femenina en relación al de hombres se multiplicó por tres. Si se toma solamente el año 2022, la tasa de crecimiento se duplicó en mujeres, en comparación con la tasa en varones. Esto se debe al endurecimiento de las leyes sobre drogas, precisió. “Para el caso de Uruguay, es una consecuencia directa de las modificaciones de la Ley de Urgente Consideración”, identificó.

Uruguay ocupa el primer lugar en la región y el undécimo en el mundo de la tasa de prisionalización, con 424 privados de libertad cada 100.000 habitantes. “Esto es demencial para el caso de un país de 3 millones de habitantes”.

Es más preocupante si se piensa que, al crecimiento de población en cárcel, también aumentó la cantidad de personas sujetas a medidas alternativas a la privación de libertad. El sistema penal capta a más cantidad de personas por conductas que antes no las considerábamos como tales.

Y con un sistema colapsado, estructuralmente deficiente, la cárcel es una respuesta ineficiente. La inflación punitiva impone una carga fiscal a futuro y costos sociales que ni contemplamos ni evaluamos a la hora de optar por ella; “esto tiene que estar en el debate si queremos buscar soluciones de fondo”.

El impacto de la privación de la libertad debe considerarse en las economías domésticas, que también son las que sostienen el mal funcionamiento de cárceles porque se ocupa de aquello que el Estado no puede: alimentos, medicamentos, higiene, vestimenta, ropa de cama.

Todas las decisiones hipertrofiaron el sistema de ejecución penal, con el uso indebido de la prisión preventiva, por ejemplo. El resultado es un nivel de sobrepoblación, inaceptable en los estándares internacionales.

La oferta programática es débil y sufrió en los 4 años un retroceso pavoroso, con condiciones de vida considerados como trato cruel, inhumano y degradante según los propios informes del Comisionado Parlamentario, como trajo a colación la especialista.

La cárcel es un factor desintegrador que multiplica y hace más crónica a la violencia. En consecuencia, es necesario un sistema de ejecución penal que sea parte de los otros elementos del sistema penal para que podamos impactar realmente en la capacidad de rehabilitar.

Para modificar la cárcel hay que revisar la legislación, el sentido que le vamos a dar a las penas, privativas y alternativas. Hay que ver cómo se reorganiza el sistema.

Pero sobre todo “hay que llenar la meta inspiradora: la rehabilitación. ¿Qué vamos a poner adentro de esa función?”. ¿Cómo se rehabilita, seguimos anclados a la idea tradicional de educación y trabajo como instrumentos privilegiados? La evidencia señala que ambos son fundamentales pero insuficientes. Hay varios factores relacionados a la conducta delictiva como el estilo de pensamiento, actitudes, ambientes y contacto con pares, el uso problemático de sustancias, y todas precisan respuestas diferentes a la educación y el trabajo.

Juanche Molina subrayó que se hace necesario pedirle a la política de rehabilitación lo que se le exige a toda política pública: planificación, sustentabilidad en el mediano y largo plazo, racionalización de recursos, acciones mensurables en sistemas de información transparentes y confiables, con diseño e implementación con actores involucrados participando, así como sus familias. Y una institucionalidad profesional, suficiente y adecuada, junto a un presupuesto que de cuenta de la función de rehabilitar.

A 15 años del Instituto Nacional de Rehabilitación, aún no tiene una ley orgánica. Según la impronta de cada administración, avanza 4 casilleros o retrocede 20. “Necesitamos una ley que oriente su norte”, expresó.

La presupuestación debe ser coherente con la rehabilitación. “No es posible que en el área de las intervenciones técnicas no se disponga de un peso específico para desarrollar la rehabilitación porque la estructura está pensada desde un modelo de la seguridad”.

Programas, insumos de evaluación, equipos técnicos, tercerizar funciones en la sociedad civil. Esto requiere fondos específicos que se deben reflejar en presupuestos que puedan prever acciones sin necesidad de “hacer pininos de las latas para armar programas chuecos, fragmentados y que no inciden en las posibilidades de cambio”.

Hay que pensar en cómo incorporar medidas alternativas en todas las etapas del proceso penal, como se hace en todos los países donde los países funcionan bien, sintetizó.

Añadió la importancia de redefinir el decreto ley nº14.470 de 1975, que habla con conceptos ya perimidos, moralista y correccional, modelo ya abandonado en el resto del mundo.

Para finalizar, la especialista recordó un estudio que ya tiene dos décadas que sintetizó seis puntos: la importancia de sistemas que permitan clasificar según reincidencia y no por peligrosidad porque es una categoría sin sustento empírico, que los objetivos de la rehabilitación son las necesidades criminógenas, que es imprescindible la capacidad de respuestas de los usuarios, que se debe incluir a la comunidad, y que la modalidad de tratamiento en la privación de libertad y en las medidas alternativas debe ser integral.

“Con todo esto, deberíamos retomar el diálogo plural que permita, de una vez por todas, construir el diálogo plural que permita, de una vez por todas, una política de Estado y no estar en un bucle eterno, tolerando los efectos de un sistema colapsado que tritura a quienes están sujetos con él y la sociedad toda”, concluyó.

Graciela Barrera subrayó que el estado de las cárceles muestra un deterioro aún más profundo en los últimos años. El Instituto Nacional de Rehabilitación no debe estar en el Ministerio del Interior, se necesitan mejores condiciones y reducción de hacinamiento de forma urgente pero, para eso, el sistema penitenciario debe pasar por reformas, con medidas socioeducativas liderando el proceso. Las políticas públicas de apoyo al liberado deben estar en la mesa, añadió.  

Es imperiosa la formación del Ministerio de Justicia para desarrollar y coordinar las políticas que respondan a los desafíos actuales. Somos pocos y cada vez hay más presos, lo sufrimos no solo los privados de libertad y su entorno sino también la sociedad toda.

Hay algo transversal en todas las exposiciones, marcó Bettiana Díaz. El impacto de la desigualdad, el avance en el cono Sur del narcotráfico, la criminalización de las respuestas y la violencia institucional, la falta de acceso a la justicia sobre todo a los más pobres y el impacto de la prisionalización.

“Esto nos obliga a toda esta discusión y el programa del Frente Amplio está pensado en forma interseccionalidad, de un trabajo desde el territorio con más Estado, más programas y más coordinación, parte de la cuestión que tenemos para empezar a resolver estos grandes nudos y que claramente tenemos que pensar en respuestas diferentes como Estado uruguayo”, señalo Díaz.

Quiénes participaron de Ideas en Movimiento: Seguridad y Convivencia

Nilia Viscardi, socióloga, docente e investigadora de la Universidad de la República especializada en temas de violencia, juventudes y ciudadanía.

Ana Juanche Molina, doctora en Estudios Latinoamericanos y magíster en Derechos Humanos.

Ricardo Gil Iribarne, exsecretario nacional Antilavado (Senaclaft) y exsecretario de la Junta de Ética y Transparencia Pública (Jutep).

Bettiana Díaz Rey, militante política y representante nacional por Montevideo del Espacio 609. Trabaja en las comisiones de Hacienda, Presupuesto integrada con Hacienda, Lucha Contra el Crimen Organizado y Lavado de Activos, Equidad y Género, preside actualmente la Comisión Especial de Seguimiento Carcelario. Se dedica específicamente a los temas de financiamiento público, presupuesto, agenda económica y tributaria.

Graciela Barrera, senadora suplente por el MPP, fundadora y expresidenta de ASFAVIDE (Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia). Integra la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria y está dedicada exclusivamente al trabajo con víctimas y todo lo concerniente al sistema carcelario.

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