
En una sesión de la Cámara de Representantes en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la diputada del MPP planteó que la violencia de género también se expresa en las desigualdades económicas y sociales. Destacó el impacto de las políticas del gobierno dirigidas a los sectores más vulnerables y sostuvo que la igualdad no puede reducirse a una mayor presencia femenina en los espacios de poder.
La diputada del MPP Julieta Sierra, intervino en la Cámara de Representantes durante la sesión dedicada a abordar la violencia contra las mujeres. En su exposición, llamó a ampliar la mirada sobre las distintas formas de violencia y puso el foco en las condiciones materiales de vida de miles de uruguayas que enfrentan situaciones de pobreza, dependencia económica y dificultades para acceder a derechos básicos.
Sierra comenzó su intervención reconociendo los planteos realizados por las legisladoras que la precedieron y advirtió sobre la persistencia de una realidad que, año tras año, continúa exigiendo respuestas del sistema político. Recordó que en Uruguay se registra una denuncia por violencia doméstica cada 13 minutos y que, en lo que va del año, cada diez días una mujer fue asesinada o sufrió un intento de asesinato.
Para la legisladora, estas cifras reflejan una deuda histórica que no se limita a la violencia física, sino que atraviesa las condiciones de vida de las mujeres, especialmente de aquellas que enfrentan mayores dificultades económicas y sociales.
La violencia de la desigualdad
Durante su intervención, Sierra repasó distintas realidades que forman parte de la vida cotidiana de miles de mujeres: madres solteras, jefas de hogar, trabajadroas informales, empleadas domésticas y mujeres del medio rural que deben resolver las dificultades para trasladar a sus hijos a los centros educativos o elegir entre trabajar y asumir las tareas de cuidado.
También mencionó a quienes deben endeudarse para comprar alimentos, a las madres que no cuentan con recursos para atender una emergencia médica de sus hijos y a las mujeres que enfrentan situaciones de vulnerabilidad desde la infancia y la adolescencia.
A través de esos ejemplos, la diputada planteó que la discusión sobre la violencia de género debe incorporar necesariamente las desigualdades económicas, las dificultades para acceder a oportunidades y las condiciones que limitan la autonomía de las mujeres.
En ese marco, dedicó parte de su intervención a la situación de las mujeres privadas de libertad por delitos de microtráfico y sin antecedentes penales. Cuestionó que el Parlamento todavía no haya alcanzado un acuerdo para atender estas situaciones, que afectan particularmente a mujeres de contextos vulnerables y tienen consecuencias sobre sus familias.
Sierra advirtió que, mientras el crimen organizado continúa operando, muchas familias se desintegran como consecuencia del encarcelamiento de estas mujeres. También llamó a considerar la situación de los niños y niñas que crecen en establecimientos penitenciarios.
Para la legisladora, se trata de una realidad que exige respuestas políticas capaces de contemplar sus consecuencias humanas y sociales, más allá de las medidas estrictamente punitivas.
Las políticas sociales también son políticas de género
Otro de los puntos centrales de la intervención estuvo dedicado a las políticas públicas que contribuyen a mejorar la situación de las mujeres, incluso cuando no están presentadas explícitamente como medidas de género.
Sierra defendió una concepción más amplia de estas políticas y señaló que las decisiones destinadas a mejorar las condiciones de vida de los hogares más pobres tienen un impacto directo sobre las mujeres, que en muchos casos son quienes sostienen económicamente a sus familias y asumen la mayor parte de las tareas de cuidado.
En ese sentido, destacó el aumento de las transferencias económicas para los hogares de menores ingresos, la ampliación de los comedores estudiantiles, la incorporación de la vacunación gratuita contra el meningococo y el incremento de las becas Butiá.
La diputada vinculó estas medidas con las dificultades que atraviesan muchas familias, particularmente aquellas en las que adolescentes deben abandonar sus estudios para cuidar a sus hermanos menores mientras los adultos trabajan.
También mencionó las políticas dirigidas a reducir la inseguridad alimentaria y promover el empleo de calidad para las mujeres.
Su planteo apuntó a reconocer que las políticas educativas, laborales, alimentarias y de protección social también pueden contribuir a reducir las desigualdades de género. Mejorar los ingresos de una madre, garantizar la alimentación de sus hijos o facilitar la continuidad educativa son, desde esta perspectiva, decisiones que fortalecen la autonomía de las mujeres y amplían sus oportunidades.
Más allá de los techos de cristal: superar los suelos pegajosos
En el cierre de su intervención, Sierra cuestionó una idea que suele ocupar un lugar central en los debates sobre igualdad de género: la necesidad de romper los llamados «techos de cristal», expresión utilizada para describir las barreras que dificultan el acceso a las mujeres a los espacios de mayor poder y responsabilidad.
Sin desconocer la importancia de avanzar en la representación femenina, al diputada advirtió que la lleegada de una mujer a un cargo de poder no significa, por sí sola, una mejora en las condiciones de vida del conjunto de las mujeres.
«No creo en esa sola concepción de que cuando llega una mujer a un espacio de poder llegamos todas», afirmó.
Para Sierra, la igualdad requiere prestar atención a quienes se encuentran en las situaciones de mayor vulnerabilidad. En contraposición a los techos de cristal, recuperó la idea de los «suelos pegajosos», que refiere a las condiciones económicas y sociales que mantienen a muchas mujeres atrapadas en situaciones de pobreza, precariedad laboral y dependencia.
La legisladora sostuvo que un verdadero avance en materia de igualdad llegará cuando, además de ampliar la representación de las mujeres en los espacios de decisión, se logre transformar las condiciones que impiden a tantas otras desarrollar sus proyectos de vida.
Su intervención dejó planteado que una lucha contra la violencia de género también debe darse en el terreno de la distribución de los recursos, el acceso al trabajo, la educación, los cuidados y la protección social. Porque avanzar hacia una sociedad más igualitaria implica no solamente abrir espacios de poder, sino garantizar que ninguna mujer quede condenada a vivir en condiciones de vulnerabilidad.
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