«Sin autonomía económica no hay libertad plena»

20 de noviembre de 2026

Foto: Parlamento UY

En el marco del Dpia Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la diputada del MPP cuestionó los discursos que relativizan la violencia de género y ponen en duda a las víctimas. Defendió la Ley 19.850 y sostuvo que garantizar una vida libre de violencia también exige enfrentar la pobreza, la dependencia económica y las desigualdades que condicionan la vida de las mujeres.

La diputada del MPP, Margarita Libschitz, intervino en la Cámara de Representantes durante la sesión dedicada a la violencia contra las mujeres y planteó la neceisdad de abordar este problema como una responsabilidad del Estado y del conjunto de la sociedad. En su exposición, advirtió sobre las consecuencias de los discursos que desacreditan las denuncias, destacó las dificultades que enfrentan muchas mujeres para acceder a la justicia y reclamó respuestas que permitan prevenir la violencia antes de que alcance sus expresiones más graves.

Libschitz comenzó su intervención recordando que en Uruguay se recibe una denuncia por violencia contra las mujeres cada 13 minutos. Señaló, además, que el 75% de las víctimas de femicidio no había presentado una denuncia previa, un dato que utilizó para cuestionar la atención que determinados sectores políticos dedican a las supuestas denuncias falsas.

Para la legisladora, el principal problema no radica en que las mujeres denuncien sin fundamento, sino en las dificulades que muchas enfrentan para pedir ayuda, las condiciones que les impiden abandonar situaciones de violencia y la falta de garantías que pueden encontrar al recurrir a las instituciones.

La diputada también mencionó que el 37% de las mujeres sufrió violencia durante su infancia y que cerca del 70% de las adolescentes atravesó alguna situación de violencia en espacios públicos. A ello sumó los resultados de una encuesta de ONU Mujeres y la Facultad de Ciencias Sociales, según la cual ocho de cada diez legisladoras sufrieron violencia durante la campaña electoral.

Estos datos, sostuvo, muestran que la violencia atraviesa distintos ámbitos de la vida cotidiana y alcanza incluso a las mujeres que ocupan espacios de representación política.

Los discursos que ponen en duda a las víctimas también tienen consecuencias

Uno de los cuestionamientos centrales de Libschitz estuvo dirigido a los discursos que relativizan la violencia de género y colocan permanentemente bajo sospecha a las mujeres que denuncian.

La legisladora advirtió que las expresiones pronunciadas desde el Parlamento tienen una responsabilidad particular, porque contribuyen a construir opinión pública y pueden legitimar determinadas prácticas o cuestionarlas.

En ese sentido, señaló que insistir en las supuestas denuncias denuncias falsas, mientras se presta menos atención a las mujeres que no encuentran protección o que deben retirar sus denuncias, termina por reforzar las barreras que dificultan el acceso a la justicia.

Para Libschitz, poner en duda sistemáticamente la palabra de las víctimas puede generar un clima en el que muchas mujeres consideren que denunciar no servirá de nada porque no serán escuchadas o porque sus testimonios no serán creídos.

También llamó a reconocer las formas de violencia que suelen pasar inadvertidas o que durante años fueron naturalizadas dentro de las relaciones afectivas. Entre ellas mencionó el control sobre las amistades y la vestimenta, la revisión de telefonos, las amenazas, las restricciones para estudiar o trabajar, el aislamiento de los vínculos familiares y el control del dinero.

Se trata de comportamientos que muchas veces se justifican como expresiones de preocupación o cuidado, pero que limitan la libertad y la autonomía de las mujeres.

La diputada insistió en que la prevención requiere prestar atención a estas situaciones antes de que deriven en consecuencias irreparables, y llamó a escuchar, acompañar y creer a quienes manifiestan estar atravesando situaciones de violencia.

La importancia de defender y mejorar la Ley 19.850

Durante su intervención, Libschitz reivindicó la aprobación de la Ley 19.850, de violencia hacia las mujeres basada en género, como un avance fundamental en el reconocimiento de derechos.

La normativa, aprobada en 2017, establece un abordaje integral que comprende la prevención, la atención, la protección, la sanción y la reparación de las distintas formas de violencia.

La legisladora reconoció que existen dificultades en su aplicación y que es necesario introducir mejoras para garantizar respuestas más efectivas. Sin embargo, cuestionó los planteos que apuntan a eliminarla, por considerar que significarían un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres.

También señaló la neceisdad de revisar aspectos del Código del Proceso Penal vinculados al tratamiento de los delitos cometidos en los contextos de violencia de género, particularmente las excepciones previstas para la aplicación del proceso abreviado.

Para Libschitz, el reconocimiento de derehcos en la legislación constituye un avance imprescindible, pero no resulta suficiente si las instituciones no cuentan con herramientas capaces de garantizar su cumplimiento.

Sin autonomía económica no hay libertad plena

La diputada dedicó una parte importante de su intervención a las condiciones materiales que enfrentan las mujeres que intentan salir de situaciones de violencia.

Advirtió que, para muchas de ellas, abandonar un agresor implica enfrentar la incertidumbre de no saber dónde vivir, cómo sostener económicamente a sus hijos o de qué manera acceder a asesoramiento jurídico.

La dependencia económica, la falta de vivienda y las responsabilidades de cuidado pueden convertirse en obstáculos determinantes para tomar decisiones y ejercer los derechos reconocidos por la legislación.

Desde esta perspectiva, Libschitz planteó que las políticas contra la violencia de género no pueden limitarse a la intervención policial o judicial. También deben contemplar el acceso al empleo, los ingresos, la vivienda, los cuidados y las oportunidades que permitan construir proyectos de vida independientes.

«La pobreza no es solamente una consecuencia de la desigualdad de género, también la reproduce y la profundiza», afirmó.

La legisladora sintetizó esta relación entre los derechos y las condiciones materiales de vida diciendo que «Sin autonomía no hay libertad plena».

También mencionó que la situación de las mujeres privadas de libertad que fueron coaccionadas para cometer delitos y cuestionó que el encarcelamiento de mujeres pobres se presente como una solución, sin atender las condiciones de vulnerabilidad y violencia que atraviesan.

La responsabilidad política de actuar

En el tramo final de su intervención, Libschitz recordó que la violencia contra las mujeres constituye un problema estructural que requiere respuestas permanentes y no solamente reacciones frente a los casos más graves.

La diputada sostuvo que la responsabilidad de prevenirla corresponde al Estado y a toda la sociedad, pero advirtió que quienes ocupan cargos de representación política tienen una obligación particularmente importante.

En ese sentido, planteó que la conmemoración del 25 de noviembre debe servir para evaluar las respuestas institucionales, reconocer las situaciones que todavía no se consiguen prevenir y asumir compromisos para transformar esa realidad.

«Tenemos que actuar antes», reclamó, y señaló que una sociedad libre de violencia requiere decisiones políticas sostenidas, instituciones capaces de responder y una ciudadanía dispuesta a dejar de naturalizar las distintas formas de violencia.

Su intervención concluyó con un llamado a asumir responsabilidades y avanzar en medidas concretas que permitan garantizar los derechos de las mujeres, no solamente cuando llegan a la justicia o después de un femicidio, sino en todas las circunstancias que condicionan su libertad y su autonomía.

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