Dip. Daniel Caggiani – FA E609
Las consecuencias económicas y sociales que los países están sufriendo a partir de la instrumentación de medidas sanitarias por la expansión de la pandemia COVID-19, declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo, agudizan aún más los problemas estructurales que ya presentaban nuestras débiles economías regionales.
Todos los gobiernos de la región aplican diversas medidas de política económica para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria. En una etapa que ya venía comprometida en cuanto a lograr crecimiento macroeconómico regional, este contexto agrega un conjunto de limitantes asociado a las menores exportaciones a China, la pérdida de miles de empleos en los sectores de Turismo e Industria, la reducción de inversiones y la salida de capitales.
En general, todos los organismos y entidades internacionales están augurando un panorama realmente alarmante y preocupante para el futuro. La semana pasada la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), corrigió el crecimiento proyectado para la región en 2020. Ahora se estimó una rebaja de 1,8% del producto, lo cual generará un aumento del desempleo en la región (estimación de al menos diez puntos), aumento en la pobreza, la desigualdad y fracturas sociales severas. Hay que considerar que anteriormente, en noviembre del 2019, este organismo ya había bajado las proyecciones del crecimiento económico regional.
En el mismo sentido la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que 25 millones de empleos en el mundo están en riesgo por el COVID-19 y así lo puso por escrito en el informe que divulgó esta semana sobre la situación de los mercados de trabajo.
El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, expresó a la BBC que “se requiere un nivel de ambición parecido al del plan Marshall que creó la OCDE, y una visión similar a la del New Deal, pero ahora a nivel mundial. La pandemia trae consigo la tercera y la mayor crisis económica, financiera y social del siglo XXI tras el 11-S y la crisis financiera mundial de 2008”. Finalmente, el principal organismo internacional, la Organización para las Naciones Unidas (ONU), anunció esta semana un Plan Humanitario Global de 2000 millones de dólares: “No basta con la respuesta individual de cada país”, dijo el secretario general de ONU, Antonio Guterres.
Desde gobiernos que han implementado cuarentena obligatoria como en Argentina, Venezuela, El Salvador, Bolivia o Paraguay, hasta toques de queda en franjas horarias como en Chile, Ecuador y Perú, todos visualizan los impactos a nivel económico como una nueva recesión. Nuestra región históricamente ha sido “tomadora” de crisis -además de precios internacionales- y el contexto actual ya se apunta como una nueva, al nivel de las de 1999, 2002 y 2008.
Las consideraciones que están por detrás de estas medidas son la consecuencias económicas que tendrá para cada país el freno del funcionamiento productivo, con la pérdida de empleos, cierre de fronteras y cese del comercio externo, la baja en la recaudación de los Estados y el aumento de la pobreza.
A la discontinuidad del aparato productivo se le agrega la salida de capitales de los principales centros bursátiles de la región (Brasil y México), la inestabilidad financiera y la baja de la inversión que reciben los países.
La discusión de fondo que el mundo está dando sobre como afrontar esta crisis sanitaria, radica en si los Estados desarrollan una política económica más expansiva que les permita movilizar fondos públicos para reactivar la economía, con fuerte énfasis en la intervención estatal y en la planificación de políticas sociales que atiendan las consecuencias de la crisis o si, por el contrario, se deja librado a que los mercados y sus agentes económicos ajusten sus expectativas y reequilibren el funcionamiento de la actividad económica de forma autónoma y que la acción estatal sólo se limite a mitigar las consecuencias sociales más complejas de dicho ajuste.
Otra discusión, sin duda, será como afrontar un verdadero plan de crecimiento e inclusión para nuestros países, luego de enfrentar las urgencias y después de estabilizada la crisis sanitaria. Nadie duda de que nos estamos enfrentando a un panorama muy complejo y el escenario más plausible es de recesión económica de nuestras economías, con las consecuencias sociales que las mismas presentan y con posibilidades de agudizarse aún más de no mediar la intervención de los Estados.
Es claro que las políticas expansivas tienen sus dificultades porque aumenta el déficit estatal y cualquier medida de estímulo va a requerir un esfuerzo en materia de recursos y de financiamiento. En América Latina los problemas son más complejos que en Europa, entre otras cosas por las características de sus mercados de empleo, que tienen un componente de trabajo no amparado por la seguridad social muy alto, empleos informales o precarios. Por otra parte los sistemas públicos de salud en nuestra región generalmente no cuentan con la cantidad de recursos suficientes para enfrentar situaciones de crisis sanitaria que involucran a miles de usuarios.
Las respuestas de los gobiernos nos muestran que incluso gobiernos de derecha están aplicando modelos expansivos en materia de gasto estatal para aliviar la crisis. El último y más claro ejemplo es el Donald Trump en Estados Unidos. El paquete de medidas de emergencia aprobado por el Senado moviliza recursos por valor de 2,2 billones de dólares para seguros de desempleo, bonos a las familias, exoneraciones fiscales a empresas. Este plan representa un esfuerzo de más del 10% de su PBI y del doble de lo que significó el paquete de medidas para el rescate del sistema financiero en la crisis del 2008.
Otros ejemplos como Alemania e Italia, desde situaciones económicas distintas, están aplicando paquetes de estímulo económico con fuertes componentes de gasto estatal. Del otro lado del espectro ideológico, están los casos de España y Portugal, como los dos ejemplos más claros en cuanto a la intervención directa de fondos estatales para asistir a los sectores de bajos recursos y a las pequeñas y medianas empresas. El gobierno español aprobó un plan que moviliza 200.000 millones de euros (un 20% del PBI), principalmente de fondos públicos pero también fondos privados, para cubrir seguros de desempleo y asistencia de liquidez para empresas de menos de 10 trabajadores. El decreto aprobado incluye una moratoria del pago de hipotecas y alquileres para trabajadores y autónomos que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica
En nuestra región, el gobierno argentino aprobó el pago de una ayuda familiar de 10.000 pesos para monotributistas de las escalas de menores ingresos y trabajadoras y trabajadores no registrados. La medida abarca 3,6 millones de hogares ante la pérdida o grave disminución de ingresos por la situación de emergencia sanitaria.
La gran interrogante que se están haciendo los economistas y los organismos regionales es cómo se van a financiar estas medidas de emergencia, es decir, de dónde se van a conseguir los recursos necesarios para sustentar este tipo de propuestas en un contexto económico como el actual y las consecuencias que va a traer para nuestras débiles economías, particularmente para afrontar en el futuro los desafíos de alcanzar una etapa de crecimiento económico con inclusión. La Deuda Interna Social y la Deuda Externa van a estar nuevamente en la discusión pública.
Pensamos que esta es una de las discusiones más importantes para los países en nuestra región: ¿Cómo se financiarán las políticas de desarrollo y de apoyo a los sectores más vulnerables de nuestras sociedades? ¿Cuáles son los recursos disponibles por cada uno de los Estados para reactivar los sectores productivos afectados por la crisis?
A la problemática del financiamiento en el corto plazo se le debe agregar las dificultades para hacer frente a los pagos de las deudas que tienen los países, teniendo en cuenta que los ingresos de los Estados van a bajar sensiblemente por los efectos de la recesión económica regional y global. El problema del endeudamiento externo será uno de los principales desafíos a resolver por parte de los países sudamericanos en el futuro no muy lejano.
Pero primero debemos atender la urgencia de la crisis.
En el caso de Uruguay no estamos aislados a las consecuencias económicas internacionales de la pandemia. A ello se suman las medidas de aislamiento social que de manera paulatina y descoordinada comenzó a implementar el Gobierno Nacional, ya están generando impactos significativos en la merma de la actividad económica del país.
Las mismas ya repercuten de manera negativa y diferencial en los ingresos de las familias, que se están viendo severamente afectadas por las pérdidas de puestos de trabajo o suspensión transitoria de los mismos a través del envío al seguro de desempleo, con las pérdidas salariales que ello implica.
Los hechos se desencadenan de forma veloz y para dar la discusión sobre como evitar el corte de la cadena de pagos ya es tarde. De hecho ya se viene registrando una severa distorsión de la cadena de pagos en nuestra economía. Eso explica que este mes se hayan tramitado más de 70 mil solicitudes de Seguro de Desempleo ante el Banco de Previsión Social, cuando la media de las últimos meses estaba en 10 mil solicitudes mensuales. Ni que hablar de los cientos de empleos formales que dependen del nivel de actividad y por tanto han visto reducido sus ingresos como las micro, pequeñas y medianas empresas, así como aquellos que prestan servicios profesionales u artísticos. Algunos tienen posibilidades de recurrir a sus ahorros para afrontar esta crisis, pero lo cierto es que muchos han quedado a la intemperie.
El punto de partida que tenemos es bien diferente a los que en otro momento le ha tocado afrontar al Uruguay. La crisis nos encuentra con 627.184 empleos formales más que la crisis del año 2002, con un 25% de trabajadores informales, frente al 42,8% del 2002.
También contamos con una mejor institucionalidad pública para poder desarrollar políticas sociales, no solo por el Ministerio de Desarrollo Social, el Sistema Integrado de Salud y la Administración de Educación Pública, sino también el Sistema Nacional de Emergencias, el Banco de Previsión Social y un conjunto de programas y planes que hoy están colaborando en atender la emergencia.
Sin embargo todavía no atravesamos la peor parte de la pandemia y seguramente vendrán tiempos más complejos desde el punto de vista sanitario y habrá que poner el hombro como corresponde.
El Gobierno nacional ha anunciado un conjunto de iniciativas que van por el buen camino, pero aún son insuficientes. Necesitamos tener una hoja de ruta de como vamos a encarar este desafío. Las medidas no pueden pensarse ni anuciarse por cuenta gotas. El tamaño y la magnitud del esfuerzo que debemos realizar es extremadamente considerable y debemos aprender las enseñanzas de los países que han logrado afrontar esta crisis con éxito, pero también de los que están fracasando.
En momentos de mucha incertidumbre, en los países pequeños como el nuestro, necesitamos construir fortalezas nacionales que nos permitan enfrentar mejor la crisis y nos permitan abordar mañana una discusión de fondo sobre un verdadero plan de crecimiento e inclusión. Es por esto que es necesario construir grandes acuerdos nacionales. El gobierno Nacional y su Presidente son actores clave para llamar a un espacio de articulación con los demás actores del sistema político y del sistema productivo nacional (empresarios y trabajadores) además de la academia.
Asegurar las condiciones de alimentación y sustento para poder garantizar el aislamiento social debe ser una prioridad central. No son dos vintenes, ni se resuelve con medidas demagógicas. Necesitamos solidaridad de todos y sobre todo de los que más tienen. Los tiempos son acuciantes y no es momento de especular ni estar en la chiquita. La campaña electoral ya culminó, es momento de unidad, que no significa unanimidad. Las iniciativas de la coordinación Intersocial que nuclea a diversas organizaciones sociales, así como la Propuesta del Frente Amplio van por esa línea, aunar esfuerzos para enfrentar la crisis. Se necesita de todos y aquí el Presidente es pie.
Vía: La República.
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