Este miércoles la Asamblea General analizará el veto presidencia contra la Ley que protege los derechos de los extrabajadores de Casa de Galicia.
La norma fue votada por el Parlamento y parcialmente vetada por el Poder Ejecutivo, por lo cual la sesión de la Asamblea General observará los argumentos presentados. Para levantar el veto se requieren tres quintos de los integrantes presentes de cada cámara legislativa.
Esta ley votada por el Parlamento es “cumplir con la ley de 2018”, subrayó la compañera Lucía Etcheverry a la prensa. En el análisis de los fundamentos, dijo la diputada, no hay nada que sea inconstitucional. “Es un tema estrictamente político: a la luz de todos los fundamentos, habiendo comprometido en 2022 durante todas las negociaciones, habiendo solicitado que sigan trabajando, esto es realmente una decisión del Gobierno de violentar derechos de los trabajadores”.
Si no se levanta el veto, los trabajadores iniciarán sus juicios que podrán ganar y la cifra superará los 40 millones de dólares.
Una oportunidad para garantizar los derechos de los trabajadores de Casa de Galicia
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