«María Dolores: necesaria, legal y oportuna». Escribe Sebastián Sabini.

La interpelación que el pasado 13 de agosto se realizó al Ministro Fratti lamentablemente finalizó de manera brusca e inesperada. El martes, nuestro Senado logró saldar esa instancia rechazando los comportamientos que atenten contra el diálogo, el respeto y la construcción colectiva, en una declaración firmada por los tres partidos políticos que componen la cámara. Este triste episodio no puede desviarnos de la discusión de fondo.

Luego de tres meses de rebatir pronunciamientos insólitos, porque no se los puede llamar ni siquiera críticas, nos encontramos una vez más defendiendo al Instituto Nacional de Colonización (INC) porque se trata de una herramienta imprescindible para el acceso a la tierra y el arraigo de pequeños y medianos productores en el medio rural. La compra de la estancia María Dolores ha generado las repercusiones más disparatadas por parte de la oposición que la realidad ha rebatido. En el fondo, lo que queda, es la resistencia ideológica a una política social.

Las razones que llevaron al INC a optar por su legítimo derecho de preferencia ante compraventas de inmuebles rurales de una extensión superior a 500 hectáreas y de índice CONEAT 100 las explicamos en numerosas instancias, y ya quedaron claras salvo para la oposición. La compra de la estancia María Dolores se dio en cumplimiento con el programa de nuestro gobierno, para dar acceso a la tierra a productores que la demandan y para seguir dinamizando la industria lechera en una zona clave. Pero la búsqueda insidiosa de aspectos que enchastren la compra continuaron.

Nuestra tranquilidad es meridiana. No hubo ilegalidades. La compra fue realizada siguiendo toda la normativa que ampara al Instituto. Específicamente, el artículo 35, establece la compra preferencial, habilitada por mayoría simple del Directorio. No se necesitan 4 votos en 5 para tomar la decisión.

Todas las observaciones planteadas por el Tribunal de Cuentas quedaron desestimadas ante la realidad que marcan los hechos. Basta como incuestionable ejemplo lo sucedido con el sistema de riego. Hicieron una novela al respecto, y tras firmar la escritura de compraventa de la estancia se efectivizó lo que siempre dijimos: los pivotes de riego están incluídos, los diez. La mayoría circunstancial del Tribunal fue funcional a la prédica de la oposición.

La integración del organismo cumplió con todos los pasos legales para su designación. Nominación por parte del Poder Ejecutivo y venia del Senado con votos de la oposición. La incompatibilidad no es prohibición, muestra de ello es la historia del propio Instituto que albergó a varios colonos en su directorio.

Pero para entender a cabalidad las razones últimas de esta sistemática y absurda oposición debemos mirar con perspectiva histórica lo que ha sido la política de adquisición de tierras del INC al menos, desde la recuperación democrática a esta parte y, especialmente, durante el gobierno anterior. Cuando la compra de tierras por parte de Colonización se vino abajo si comparamos con los anteriores gobiernos frenteamplistas: solamente 12.000 hectáreas, contra 42.840 del período 2005-2009; 50.772 del período 2010-2014; 33.187 del período 2015-2019. Durante 5 años el INC estuvo paralizado: no se compraron tierras y miles de familias quedaron esperando. La política de acceso a la tierra fue frenada, dejando fondos sin ejecutar.

Y eso es vaciar al medio rural. En nuestro país, si el Estado no interviene, el acceso a la tierra se torna imposible. Los datos nos demuestran que la política de acceso a la tierra mediante Colonización ha sido el principal sostén de la lechería familiar, 4 de cada 10 tambos están a cargo de colonos. Esto supone el 36% de los productores de una industria que, además, derrama económicamente porque requiere mucho empleo.

Tras un crecimiento del 5% anual, durante los últimos 10 años advertimos una situación de estancamiento del sector. ¿Vamos a dejar que eso se profundice porque es lo que está pasando? No. No queremos que más empresas sigan cerrando. Y para eso tenemos que facilitar el acceso a la tierra porque cuando desaparecen los productores están desapareciendo familias del campo. María Dolores no fue gasto ni un capricho, tampoco un homenaje antojadizo. Fue una inversión social y productiva.

Esta ha sido una inversión muy importante. Y, como tal, está sostenida en la pertinencia y relevancia de adquirir esta tierra, para el Instituto, para la industria láctea de nuestro país y para la producción rural familiar. El campo en cuestión está ubicado en el límite entre Canelones y Florida, zona de mayor incidencia de productores de agricultura familiar dedicados a la lechería en una zona. Donde ya hay instalada una infraestructura pensada para el desarrollo humano de quienes allí viven, por eso la cercanía de centros de estudio.

A su vez, María Dolores se encuentra cerca de otras colonias lecheras del Instituto (Sánchez y Treinta y Tres Orientales) y equidistante a dos plantas industriales de procesamiento de leche, una ubicada en Florida y la otra en San Ramón. Pero no es solo esto. En tal contexto, fue posible adquirir un campo que está constituido por un tipo de suelo sumamente apto para el desarrollo de las distintas actividades que requiere la producción lechera. Lo que habilita a la instalación de tambos, que al momento se prevé que sean 16; y de campos de forraje, que beneficiarán a 213 productores distribuidos en zonas adyacentes. Un total entonces, de 229 familias beneficiadas.

Por más que digan lo contrario, esto sigue siendo parte de una oposición histórica al Instituto Nacional de Colonización y al avance de su política de acceso social al uso y propiedad de la tierra rural. Pero el Instituto de Colonización fue creado con la finalidad de desarrollar la economía nacional y dar cobijo a la producción familiar, porque en un país donde la tierra tiende a concentrarse en pocas manos, este instituto es la herramienta que garantiza acceso para quienes no pueden competir con el capital especulativo o extranjero.

El Frente Amplio está cumpliendo con ese mandato y honrando sus compromisos definidos en su programa de gobierno. Cuando los más pobres acceden a la tierra, ganan ellos, gana el campo y gana todo el Uruguay.