Pablo Caggiani defendió la hoja de ruta educativa y la extensión educativa

La Comisión Permanente del Parlamento recibió al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y las autoridades de la ANEP en el sexto llamado a sala en lo que val del receso. La convocatoria giró en torno a la transformación educativa y la extensión del tiempo pedagógico.

Si bien el ministro destacó la necesidad de «hablar de educación» y defendió el compromiso del gobierno de cumplir con el programa votado por la ciudadanía, fue el director de la ANEP, Pablo Caggiani, quien concentró buena parte de las intervenciones técnicas y políticas sobre el rumbo del sistema.

Más tiempo educativo y más alimentación

Caggiani sostuvo que para la ANEP es «un gusto concurrir al Parlamento a contar todo lo que se está haciendo» y planteó la necesidad de «construir un lugar de la conversación educativa que sea más fértil o más productivo que lo que ha sucedido en los últimos años».

En ese marco, detalló que Uruguay está instalando «la mayor cantidad de comedores en la historia de la educación media», con el objetivo de pasar de 20.000 a 40.000 estudiantes que reciben alimentación en liceos y UTU- Según explicó, esto permitirá generar las condiciones para cumplir con el compromiso de duplicar la extensión del tiempo educativo.

El jerarca informó además que este año habrá «60 centros nuevos con algún tipo de propuesta» de extensión del tiempo pedagógico y que es el año que «más transformaciones de escuelas a tiempo completo y tiempo extendido hay en los últimos 10 años», con 18 centros que se reconvirtieron bajo esta modalidad.

Para Caggiani, estos avances forman parte de una hoja de ruta que aborda desafíos estructurales como la asistencia, la universalización de la educación a los tres años, la mejora de los aprendizajes y la culminación de ciclos.

Reforma curricular: ajustes con evidencia y participación

Consultado sobre los cambios curriculares y las críticas de la oposición, el director de ANEP señaló que la actual administración asumió «con una reforma que está comenzando y que tiene un conjunto de problemas que hay que resolver».

Subrayó que esos ajustes deben hacerse «en base a evidencia, en base a la participación de los actores involucrados, en base a la participación de la academia». En ese sentido, explicó que 2025 fue un año de correcciones necesarias y que en 2026 continuará la revisión de documentos clave como el Marco Curricular Nacional, las progresiones de aprendizaje y los reglamentos de pasaje de grado.

Respecto al debate entre contenidos y competencias, afirmó que la hoja de ruta «habilita pensar la educación en las dos modalidades» y recordó que el sistema uruguayo tiene antecedentes en ambas líneas, mencionando a la UTU como ejemplo de trabajo por competencias desde hace décadas.

«Este es un año de seguir trabajando, de seguir construyendo evidencias acerca de qué cosas hay que corregir y qué cosas hay que mantener», sostuvo. El objetivo, indicó, es garantizar aprendizajes y enfrentar la inequidad: «A los que menos tienen les va a peor en términos de niveles de logro y culminación de ciclos, que es uno de los desafíos que tiene Uruguay desde hace décadas».

Tecnología, celulares e inteligencia artificial

Sobre la decisión de algunos centros de restringir el uso de celulares, como el liceo 3 de Paysandú, Caggiani señaló que se trata de un fenómeno que ANEP está observando junto a Plan Ceibal.

Explicó que el uso de dispositivos «siempre ha sido potestad de los centros y de los docentes» y que se están siguiendo experiencias internacionales, aunque aclaró que «todavía no tenemos evidencia concluyente» sobre los impactos de prohibiciones más generales.

En ese marco, enfatizó que la educación pública debe asumir el desafío tecnológico: «La ciudadanía del siglo XXI va a requerir manejar no solo la tecnología, la información y la comunicación, sino comprender el funcionamiento de la inteligencia artificial». Y agregó: «Si no lo ensaña la educación pública, ¿quién lo enseña?».

Para el director de ANEP, el camino es claro: construir evidencia, proteger a los estudiantes y al mismo tiempo desarrollar capacidades críticas que permitan ejercer plenamente la ciudadanía en el siglo XXI.