Uno de los orgullos de los gobiernos frenteamplistas fue el Plan Juntos, el proyecto sociohabitacional que mejoró la vida de 10.000 personas en las dos últimas administraciones.
Pero durante el gobierno actual, se creó un cargo de subcoordinador, un gerente de servicios y toda una estructura pesada que tiene más relación con acomodos que con el fin último de vivienda y política social combinada.
Esto tuvo un importante costo para los beneficiarios: un informe de la Auditoría Interna de la Nación confirmó que en dos años bajó la cantidad de viviendas en ejecución un 78% y el total de viviendas finalizadas fue un 52,58% menos.
En números concretos, según describió la compañera Cecilia Cairo, en 2019 había en ejecución 370 viviendas y 197 terminadas. En 2020 eran 159 en ejecución y 226 finalizadas. Ya en 2021 las obras en ejecución cayeron drásticamente: 82. Y terminadas, solo 94.
Por más de 700 millones de pesos que el Ministerio de Vivienda que transfiere al Plan Juntos, se han generado cargos, criticó la diputada en diálogo con M24.
El trasvase del río San José hasta el río Santa Lucía requirió una inversión de 42 millones de dólares que hoy no llevan agua. Y la solución definitiva no llegó, no hay una propuesta final, recordó Lucía Etcheverry.
El desmantelamiento de una plaza pública en Paysandú para que pase a manos privadas motivó el pedido de informes de la compañera Cecilia Bottino.
Un daño a la política y a la esperanza de la gente. Se reconoció el error administrativo pero hay que saber hacia qué lugar se dirigieron esos fondos.
El escándalo por 8 millones de dólares en horas extras y, al mismo tiempo, Artigas tiene un 18% de sus habitantes en situación de pobreza.
¿Cómo hace Uruguay para crecer y repartir, para generar trabajo genuino, para generar prosperidad en cada uno de sus territorios? Los desafíos que abordó Pacha Sánchez en entrevista.
¿Por qué el Ministerio de Salud Pública ha sido débil y hasta observador de la situación en la que está Casmu? La compañera Lucía Etcheverry subrayó omisiones y responsabilidades estatales.