Los momentos de crisis invitan a pensar el futuro, a imaginarse cómo puede ser el día después. Plantear escenarios posibles, luego de un shock tan repentino como el que estamos viviendo, se convierte en la acción predominante de centros de investigación, think tanks e instituciones financieras regionales o globales, y los gobiernos pasan a consumir problemáticamente este tipo de proyecciones para sobrellevar el contexto inesperado que les toca timonear.
Por ahora, en estos dos primeros meses, el gobierno uruguayo –en materia de política exterior– no parece estar proyectando el futuro ni analizando el presente. Está atendiendo la crisis; lo urgente le ganó a lo importante por varios cuerpos de ventaja y sus primeras definiciones no son muy alentadoras.
Y ello preocupa, dado que la incertidumbre y las nuevas emergencias hacen que sean múltiples los frentes que se deben atender: a nivel de los principios de política exterior que se deben sostener, a nivel del comercio exterior, y finalmente a nivel de un sistema multilateral y panamericano que hace agua por varios lados. Esta crisis demuestra que el sistema cuenta con una institucionalidad que no está dando respuestas efectivas ante los desafíos globales.
Sin ir más lejos, en las últimas semanas hemos sido testigos de varias y preocupantes novedades que incumben a posibles definiciones de nuestra política exterior.
Por un lado, nuestros dos países vecinos fueron testigos de jalones en materia de sus respectivos debates sobre la política exterior. En Brasil se divulgó una carta firmada por los cancilleres que ejercieron esa responsabilidad desde la aprobación de la nueva República, desde Fernando Henrique Cardoso hasta Celso Amorim, denunciando la subordinación de la actual política exterior brasilera a un gobierno extranjero, violando principios establecidos en la Constitución federal, así como el desmantelamiento absoluto de la tradición y los principios seguidos por la política externa en lo que va de la gestión de Ernesto Araújo como canciller del gobierno de Bolsonaro.
En cuanto a Argentina, su canciller, Felipe Solá, dio a conocer un texto en el cual analiza la situación regional. Sostiene que es necesario avanzar en una agenda externa del Mercosur equilibrada, con estudios que analicen los impactos de los acuerdos de libre comercio en nuestras economías ante esta nueva situación mundial, y que se pueda avanzar en una agenda interna del bloque regional que lo fortalezca institucionalmente, reclamando un Mercosur fuerte y sin dogmas de ningún tipo.
A su vez, en materia económica, el impacto de la actual recesión regional e internacional nos retrotrae a tiempos de la gran crisis económica mundial de 1929. Según Cepal, nuestra región no conoce una crisis económica tan potente en su historia como la que viene cursando actualmente. Para el Banco Mundial, los impactos en la Eurozona y en la economía de Estados Unidos requerirán ingentes esfuerzos fiscales para la reactivación; el caso de China estaría siendo distinto en cuanto al tiempo requerido para romper la tendencia y comenzar a crecer nuevamente, posiblemente para fines de este año o el primer semestre de 2021. Lo más preocupante es que la reactivación de la economía mundial se procesará como parte del aumento de la tensión y confrontación entre las potencias hegemónicas, sobre todo ante el mayor protagonismo de China en todas las dimensiones del escenario internacional respecto de Estados Unidos. A la guerra comercial entre Estados Unidos y China se le agrega la delicada situación de la integración a nivel de la Unión Europea, con el aumento de los liderazgos nacionalistas, o directamente neofascistas, y la ausencia de liderazgos europeos integradores.
El mundo poscovid se trata de un desconcierto internacional, con múltiples tensiones simultáneas, donde se procesa una fuerte pugna entre agentes de un proyecto desregulador en favor de intereses transnacionales privados, contra fuerzas desglobalizadoras focalizadas que cuestionan acuerdos globales multilaterales y promueven mayores resguardos tras las fronteras nacionales, lo que podría repercutir en una disminución de los flujos comerciales globales.
Los impactos sociales y políticos derivados del contexto económico y con Estados débiles en el establecimiento de políticas públicas para enfrentar esta coyuntura tendrán efectos devastadores en nuestros países y sus sociedades, retrotrayéndonos a indicadores de pobreza, pobreza extrema y desigualdad de América Latina, propios del apogeo del neoliberalismo salvaje.
Todo ello hará que recrudezcan las tensiones sobre nuestros débiles sistemas democráticos. El incremento de la injerencia externa, con golpes de Estado clásicos como en el caso de Bolivia; procesos de desestabilización “modernos”, como está empezando a sufrir México, y también el aumento de los procesos autoritarios, que realizan un uso intensificado del hostigamiento, represión y violencia hacia líderes políticos y sociales como en el caso de Brasil, Colombia, Chile y Ecuador, pueden ser algo más permanente en las sociedades latinoamericanas.
Se podrá decir que todos estos ejemplos que dan cuenta de las grandes problemáticas y amenazas que enfrenta nuestra región, así como las realidades que enfrentan el resto de los países, no tienen puntos de comparación con la situación de Uruguay. Sin embargo, como bien se sabe, los países no se mudan y estos movimientos debería servirnos para tomar nota que las anteriores certezas en materia de relacionamiento externo se han ido socavando por tensiones comerciales y geopolíticas de magnitudes globales.
En estas condiciones, una verdadera política exterior de nuestro país tiene que estar sustentada en los más ricos principios históricos de defensa de la paz, la soberanía, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional y también la solidaridad. En una perspectiva de largo plazo, la existencia de Estados inestables en nuestra región puede ser un verdadero problema y amenaza para la seguridad regional e internacional. Hoy, uno de nuestros principales objetivos en materia exterior debería ser la exportación de uno de nuestros principales activos como sociedad y por el cual somos reconocidos en el mundo entero: nuestra estabilidad y calidad democrática. Uruguay es un país que ha logrado posicionarse en el mundo por altos estándares de calidad democrática y ha logrado construir históricamente un conjunto de instituciones que han moldeado su idiosincrasia y nos ha permitido la resolución de las tensiones sociales y políticas de manera pacífica y con una vocación dialoguista e integradora. Y este es el principal activo que debemos exportar al mundo hoy. Debemos proponernos lograr ser la Noruega de América Latina en materia de nuestra política exterior. Levantando la bandera de la paz, la democracia y la estabilidad.
Para esto, es necesario desarrollar una verdadera política exterior de Estado, sustentada en fuertes apoyos y consensos nacionales, inteligente, y que procure el desarrollo del interés nacional y la búsqueda de independencia, a la par que trabaja por fortalecer instituciones del sistema multilateral y avanzar en sus mandatos. Que se comprometa con los procesos de integración latinoamericana, trabajando en una activa política comercial, y que procure y fortalezca la preservación y defensa de la democracia, la paz y la seguridad y la no proliferación de conflictos internacionales, sobre todo en América Latina y el Caribe, como un objetivo estratégico.
Uruguay ha tenido desde el retorno a la democracia, en 1985, un humilde pero relevante papel en materia de mediación de conflictos en nuestra región. Participó de las negociaciones en el Grupo de Contadora para impulsar los acuerdos de paz en Centroamérica; apoyamos las negociaciones para la paz en Colombia más recientemente, de igual manera que fuimos anfitriones de la firma del acuerdo de paz entre Perú y Ecuador durante el gobierno de Lacalle padre.
Nuestro accionar por la paz internacional, además, se respalda en una activa participación en las misiones de Naciones Unidas, siendo uno de los países del mundo que más efectivos aporta en relación a su población. Uruguay recibió el pedido de renovar su presencia en Altos del Golán, una de las zonas más conflictivas del mundo.
Este compromiso con la paz internacional y regional no se explica sólo por la defensa “de nuestros intereses”; se realiza porque uno de los principios que debe sustentar un pequeño país como Uruguay es que en el concierto internacional no debe primar el derecho del más fuerte. Que debemos promover un relacionamiento internacional basado en reglas, y respetar normas del derecho internacional que traten de garantizar un pacífico relacionamiento entre los Estados, alejado de las coerciones, presiones e imposiciones hegemónicas.
Desde este punto de vista, es necesario mantener una posición internacional de mayor soberanía que nos permita tener un relacionamiento externo equilibrado y estable en los diferentes ámbitos multilaterales que integramos. Uruguay no debe afilar ninguna posición beligerante de cualquier potencia, por más hegemónica que sea. Para nuestro país, participar de las diferentes instituciones multilaterales de carácter regional, panamericano, latinoamericano y mundial es sumamente importante, nos dan oxígeno. Pero siempre y cuando esas mismas instituciones multilaterales se oxigenen y se reequilibren. La nuestra tiene que ser una bandera de la mesura y la resolución pacífica de los conflictos.
Las primeras definiciones dadas por la actual política exterior uruguaya no fueron en este sentido.
Lo más inteligente hoy para Uruguay sería no comprarse ni casarse con posicionamientos internacionales que no responden a los intereses nacionales. En aquellas instituciones que se han alineado con una acción beligerante y monotemática, como es el caso de la Organización de Estados Americanos, lo más sensato para nuestro país es la promoción del reequilibrio en el tratamiento de estos temas, quitándolos de la órbita panamericana y situándolos en organismos multilaterales más serios y equilibrados como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Por último, para un país como Uruguay, la política comercial internacional que lleva adelante es pieza clave para considerar cualquier esquema de reactivación económica, por una razón muy simple a la vez que muy potente: no consumimos todo lo que producimos ni producimos todo lo que consumimos. Las variables de los mercados externos a los cuales va destinada la producción nacional, el trabajo de miles de uruguayos y uruguayas, son determinantes para entender cuáles serán los reales márgenes de maniobra en política económica y social.
Es necesario avanzar aceleradamente en la profundización de los acuerdos comerciales con las zonas y países más dinámicos desde el punto de vista económico, que van a ser punta en la reactivación mundial, y donde tenemos grandes complementariedades desde la perspectiva de los intercambios de bienes. China es uno de los más importantes socios comerciales de la mayoría de los países del Mercosur, y el principal socio comercial de Uruguay. A nivel bilateral, hasta hoy el nuevo gobierno uruguayo no ha tenido un gesto político y diplomático al más alto nivel que señale la continuidad de la prioridad estratégica. Es necesario dar señales claras y trabajar para lograr avanzar en una agenda comercial integral coordinada con nuestros socios regionales. Uruguay tiene que jugar un papel importante que trate de allanar el camino en el enfrentamiento comercial de los socios del bloque. Vietnam y Singapur, países que integran la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, pueden ser una punta que desenrolle la madeja. Con la zona económica euroasiática el Mercosur ya tiene firmado un memorándum de entendimiento, y estos países deben ser considerados en la mesa de trabajo en el plano comercial, tanto a nivel regional como bilateral. Y la región sudamericana y latinoamericana siempre debe ser parte del trabajo, para profundizar no sólo el desarrollo comercial sino también la dimensión de la integración regional y el desarrollo productivo de nuestro país.
En medio de todo este tembladeral es necesario que Uruguay refuerce su necesidad de contar con una política exterior de Estado, inteligente y equilibrada, que procure el desarrollo del interés nacional y la búsqueda de independencia, que trabaje por fortalecer instituciones del sistema multilateral y avanzar en sus mandatos; que se comprometa con los procesos de integración latinoamericana, trabajando en una activa política comercial, y que procure y fortalezca la preservación y defensa de la democracia, la paz, la seguridad y la no proliferación de conflictos internacionales, sobre todo en América Latina y el Caribe.
La política exterior no es de este gobierno; es de todos los uruguayos y uruguayas.
Daniel Caggiani es diputado del Espacio 609, Frente Amplio, y presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes.
Fuente: La Diaria
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