El senador Sebastián Sabini presentó formalmente la solicitud de creación de una comisión preinvestigadora en el Senado con el objetivo de analizar si existen méritos suficientes para instalar una Comisión Investigadora sobre el contrato suscrito entre la República Oriental del Uruguay y el astillero español Cardama.
La iniciativa apunta a esclarecer los hechos y procedimientos vinculados al contrato firmado en diciembre de 2023 por el Ministerio de Defensa Nacional, por un monto de 82.270.000 euros, para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV).
«Hay un perjuicio muy grande para el Estado»
En rueda de prensa, Sabini sostuvo que los elementos surgidos en los últimos meses, y particularmente tras la conferencia del presidente Yamandú Orsi, configuran «méritos suficientes» para avanzar en una investigadora parlamentaria.
«El Estado uruguayo ya pagó 30 millones de dólares y aceptó dos garantías que no se pueden ejecutar. Una de ellas era falsa y la otra es un contrato de seguro cuya ejecutabilidad todavía está en duda», afirmó.
El senador cuestionó además que se haya aprobado la cuaderna maestra antes de su recepción formal, lo que habilitó desembolsos, y enumeró incumplimientos técnicos y estructurales que, según sostuvo, demuestran que la empresa no estaba en condiciones de cumplir con el contrato.
Garantías apócrifas y advertencias ignoradas
Uno de los puntos más graves señalados refiere a la garantía de fiel cumplimiento, emitida por EuroCommerce LTD, que resultó ser apócrifa. Según la información oficial, la empresa emisora estaba formalmente liquidada en el Reino Unido.
Sabini también cuestionó que se aceptara una garantía con vigencia anual, cuando el contrato establecía 42 meses, y que se modificaran condiciones contractuales sin el respaldo suficiente. «Se desoyeron advertencias jurídicas sobre problemas de solvencia y respaldo de las garantías», indicó.
El caso fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación y el Poder Ejecutivo resolvió rescindir el contrato en febrero de 2026.
Informe técnico «lapidario»
El informe pericial solicitado a Bureau Veritas, integrante de la International Association of Classification Societies constató más de 150 incumplimientos contractuales.
Entre las conclusiones más relevantes se destacan:
«El astillero no tiene capacidad para cumplir con los plazos contractuales», subrayó Sabini, apoyándose en el análisis de ruta crítica aplicado al cronograma.
Responsabilidades políticas
El senador fue enfático al señalar responsabilidades políticas en el proceso, particularmente del entonces ministro de Defensa, Javier García, quien firmó el contrato.
«Hubo una interpelación donde se habló de política, pero no se respondieron los argumentos jurídicos. No se explicó por qué se aceptaron garantías falsas, ni por qué se eligió a la empresa que había quedado última en el proceso competitivo», afirmó.
La preinvestigadora analizará todo el proceso: desde la decisión de abandonar el procedimiento competitivo inicial hasta la rescisión contractual, incluyendo la actuación de organismos como el Banco Central, el Banco República y el Banco de Seguros del Estado.
Defensa jurídica del Estado
Frente a cuestionamientos de la oposición sobre la estrategia judicial del gobierno, Sabini defendió la posición del Ejecutivo: “Estamos ante un contrato de suministro regulado por el TOCAF, que permite la rescisión unilateral por incumplimiento. El Estado tiene fortaleza jurídica para recuperar los daños y perjuicios”.
Asimismo, rechazó la idea de que Uruguay no pueda ganar un eventual litigio internacional. “Eso demuestra ignorancia. Hay incumplimientos esenciales y documentados”.
Un debate institucional
Para Sabini, el caso excede la dimensión técnica. “Cuando en un contrato estratégico se produce un encadenamiento de incumplimientos esenciales, el debate pasa a ser institucional. Falla el sistema de protección del Estado”.
La comisión preinvestigadora, prevista en el artículo 144 del Reglamento del Senado, deberá evaluar si corresponde conformar una Comisión Investigadora que determine responsabilidades administrativas, políticas e institucionales.
“Acá no se trata de un tema menor. Están en juego 30 millones de dólares del Estado uruguayo y el prestigio institucional del país”, concluyó el legislador.
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