Son memoria. Son presente. ¿Dónde están? Es la consigna que nos convoca este 20 de mayo a marchar reclamando memoria, verdad y justicia como se viene haciendo desde hace 25 años en Uruguay haciendo nuestra la frase «todos somos familiares».
Un 20 de mayo distinto que nos pone en nuevas situaciones, usando a quienes creemos en la defensa de los Derechos Humanos una bandera irrenunciable, todos los lugares posibles como cajas de resonancia de nuestras ideas. Los muros, las ventanas de los hogares, las calles pintadas, los videos, las redes sociales están construyendo un gran 20 de mayo.
Un 20 de mayo que nos trae a Zelmar, al Toba, a William y a Rosario como estandarte y como muestra de lo que es el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado es muerte, es desaparición forzada, es tortura sistemática, es Plan Cóndor operando en el Cono Sur. Pero todo esto se sustenta en un edificio mucho más complejo, que hasta el día de hoy sostiene la impunidad.
Quiero citar un párrafo de un libro publicado el año pasado donde se recoge investigación de varios autores, uruguayos y argentinos, llamado «El negocio del terrorismo de Estado»:
«La dictadura uruguaya no se trató de un proyecto criminal descabellado diseñado y ejecutado por un puñado de asesinos. Se trató de un programa político de disciplinamiento social implementado a sangre y fuego que buscó y logró una profunda redistribución de la riqueza en beneficio de élites económicas y en perjuicio de los trabajadores. Numerosas empresas y empresarios brindaron su apoyo político y económico al gobierno de facto, a cambio de lo cual recibieron cuantiosos beneficios materiales».
Este libro, según relata su propio autor, «pretende contribuir a ampliar el conocimiento y mejorar nuestro entendimiento acerca de la complicidad económica de la dictadura en Uruguay, así como ofrecer herramientas para canalizar jurídica e institucionalmente la posible responsabilidad por complicidad».
La dictadura forjó un programa económico liberal y aperturista de profunda distribución regresiva del ingreso en beneficio de las élites económicas y en perjuicio de los trabajadores, con un programa político autoritario y represivo sobre las organizaciones sindicales y las políticas de la izquierda uruguaya, de manera de consolidar un modelo de acumulación del capital y de generar beneficios. Por eso, cuando la dictadura reprimió a la izquierda, lo hizo consciente de que era la manera de consolidar este modelo de acumulación. Una izquierda de denuncia, una izquierda que decía que violencia era que la gente no coma mientras unos pocos se llenaban los bolsillos. La represión política, la concentración de la riqueza y la desestructuración social son parte de un mismo proyecto.
Se consolidó así la exclusión social de los trabajadores con su exclusión económica, con su empobrecimiento. Los ingresos transferidos se distribuyeron mediante diversos mecanismos entre capitales de todas las actividades económicas, lo que permitió construir una amplia base social constituida por fracciones burguesas que contó, además, con el capital financiero externo. Organizaciones empresariales manifestaron apoyo a la dictadura; por ejemplo la ARU en 1978 manifestó que la liberalización de los precios de los productos de la ganadería era una medida patriótica.
En nombre de la Cámara de Comercio, de Industrias, Bolsa y Valores, el presidente de la Cámara de la Construcción, el Arq. Pérez Noble, le hizo llegar al dictador Bordaberry un memorándum donde ofrecían su colaboración al gobierno y reclamaban su participación en las decisiones de política económica. Y en 1975 decía la Cámara de Industrias: «ha sido y está siendo protagonista y factor preponderante en esta obra y la oportunidad me parece propicia para destacarlo».
Quería resaltar parte del aspecto de la política económica del período que algunos autores de nuestra historiografía nacional llaman «el fin del Uruguay liberal» porque, si bien es verdad que cada foto que vemos los 20 de mayo tiene una historia personal y debemos salir al rescate de todas y cada una de ellas, también es cierto que lo personal es político: lo que sucedió tiene un componente económico y político tan fuerte que fue necesario aplacar el descontento popular matando, torturando, desapareciendo, condenando al exilio, robando niños, proscribiendo medios, destituyendo personas, censurando organizaciones, señalando durante décadas enemigos internos, hablando de guerra.
¿Qué guerra? Acá hubo un golpe de estado cívico- militar, con todo lo que ello significa: con una distancia tecnológica abismal entre las capacidades de defenderse que tenía el pueblo y el desarrollo de las Fuerzas Armadas, con una política del terror y el miedo que hacía que la gente no pudiera ni comunicarse entre sí, con mentiras con un nivel de cinismo abrumador, como decir que nuestras compañeras y compañeros desaparecidos se habían ido a rehacer su vida a otros países. Discutamos una y otra vez cuando nos hablan de los convulsionados 60s que condujeron inevitablemente al golpe de Estado, cuando previo al golpe nuestras cárceles ya estaban llenas de presas y presos políticos.
¿Quiénes eran peligrosos?
Hasta el año 83’, por lo menos, hay relatos de que en nuestros cuarteles se violó a adolescentes de 16 años, cuyo delito fue repartir volantes en la puerta de un liceo.
Roslik murió en la tortura y era el año 1984, en las puertas de la democracia.
Hubo robo de niños y niñas que tardaron años después de restaurada la democracia en conocer su identidad, y fue solo gracias al trabajo incansable de Madres y Familiares que pudieron saber su historia.
No vamos a dar vuelta la página con eso, no nos pidan que lo hagamos.
Eso no significa que nuestro enemigo sean las Fuerzas Armadas, tampoco buena parte del personal subalterno, que más de un compañero cuenta cómo tenían gestos de humanidad cuando la jerarquía no estaba presente. Pero el generalato de la época y sus ayudantes saben dónde están nuestras compañeras y compañeros desaparecidos.
Nosotras y nosotros también lo queremos saber.
Contra la mentira y el ocultamiento de la verdad no vamos a dar ni un minuto de tregua.
“Mi deber como ciudadano y militante político es renunciar y presentarme ante la justicia para dar todas las explicaciones”.
La historia la construyen los de abajo, con el corazón abierto para luchar contra las injusticias sin pedir nada a cambio. Los que construyen el sueño de una patria para todos.
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