Que el Estado compre tierras y las distribuya entre quienes menos tienen es una política que molesta, porque afecta intereses. Escribe Sebastián Sabini.
En las últimas semanas hemos vivido una situación paradojal. Se ha cuestionado al gobierno por cumplir con uno de sus objetivos para el período: otorgar 25.000 hectáreas para la lechería a través del Instituto de Colonización. Es en este marco que hay que discutir la compra de María Dolores, pero lo que está de fondo es una polémica que tiene más de 75 años; de otra forma no se puede comprender la crítica a un organismo por cumplir con la función que le corresponde desde su creación. El Instituto Nacional de Colonización (INC) compró tierras, y eso se ha transformado en un escándalo promovido por algunos integrantes de la oposición política y de grupos de interés.
En el día lunes 2 de junio, la Comisión de Ganadería del Senado recibió al ministro respectivo, Alfredo Fratti, y a las autoridades Instituto Nacional de Colonización. En una situación sin precedentes, a la que cabe mejor el término interpelación, durante ocho horas se analizó paso por paso la compra, y el contexto general. La información técnica presentada por los equipos fue contundente en datos e informes necesarios para argumentar lo actuado; y esclarecedora en lo que respecta a la pertinencia de la compra. Vale la pena hacer un repaso que clarifique y ordene.
Dijeron que el proceso de compra fue irregular. Falso. El proceso de adquisición del terreno siguió todos los pasos previstos en la ley. El Instituto tiene cinco formas de acceder a la tierra: la compra directa, la expropiación, el comodato, la mutación dominial y la descrita en el artículo 35 de la ley de creación, la 11.029 (utilizado en este caso). ¿Qué dice el artículo?:
Todo propietario antes de enajenar un campo de una extensión igual o superior al equivalente a 500 (quinientas) hectáreas de índice de productividad CONEAT 100, está obligado a ofrecerlo, en primer término al Instituto Nacional de Colonización (INC), el que tendrá preferencia para la compra por igual valor y plazo de pago.
Y aquí enfatizo cuando se refiere al igual valor por el cual se iba a realizar el acuerdo entre privados. El artículo 35 agrega: “El Instituto Nacional de Colonización dispondrá de un plazo máximo de 20 días hábiles para expedirse acerca de si acepta o no la oferta, transcurrido el cual sin que se expidiere, se entenderá que no hay aceptación”. El Instituto siguió los pasos establecidos en la ley. Fue informado, se interesó en el terreno y antes de vencer el plazo legal, confirmó su preferencia. Todo al amparo de la ley.
Dijeron que la compra se hizo a las apuradas. Falso. Los veinte días estipulados en la ley vencían el viernes 16 de mayo. La decisión fue tomada el miércoles 14, día de sesión ordinaria del Directorio de Colonización. Las oficinas no estaban cerradas, como algunos afirmaron. No hubo apuros ni corridas. La resolución se adoptó en la reunión habitual y a dos días de vencer el plazo.
Dijeron que se pagó más de lo que vale el campo. Falso. Desde el comienzo del siglo XXI el valor de la tierra ha tenido un crecimiento constante. Y si, 32,5 millones de dólares es una suma trascendente no importa a qué tema nos estemos refiriendo. Pero hay aspectos que hay que tener en cuenta. Se trata de una inversión. La tierra está allí ahora y en el futuro. Es patrimonio del Estado, a través del Instituto. El precio está determinado por el acuerdo de privados, así lo establece la ley. El valor está dado por el mercado. Pero sobre todas las cosas, su precio está en el rango promedio del costo de la tierra en esa zona del país. Basta revisar la página del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para ver que, en la zona en donde se encuentra la estancia María Dolores (1), los valores se ubican entre cinco y diez mil dólares la hectárea. El Instituto pagó 7.300. Es decir, el promedio del valor de la tierra sumado a la infraestructura con la cuenta el terreno.
Dijeron que no hubo análisis de la compra y que las autoridades no visitaron la estancia. Falso. Durante la Semana de Turismo, el presidente del Instituto, Eduardo Viera, y el director Milton Perdomo recorrieron el campo en forma presencial y, posteriormente, se manifestó el interés por el campo y se solicitó el estudio del ofrecimiento. El 21 de abril se realizó un informe técnico con base en imágenes satelitales. El 24 de abril, la Gerencia del Área de Desarrollo, de Avalúos y Rentas junto a tres técnicos realizaron una visita al predio. El 28 de abril, la Oficina Regional de Florida emitió un informe técnico, en base al análisis de las características del predio y su infraestructura. El mismo día, se presentó un informe de tasación con una diferencia cercana a los 800 mil dólares. Esto significa que el valor establecido por los privados se encuentra por encima del valor de tasación de INC en un 2.44%. La reglamentación vigente, adoptada durante el gobierno de Lacalle Pou, admite una diferencia superior de hasta un 5%, por lo tanto, la variación se encuentra comprendida dentro de la normativa. De lo contrario, el negocio no se podría realizar.
Dijeron que los pivots de riego no están incluidos en el precio final de 32,5 millones, otra falsedad que ayer quedó demostrada por la escribana y la abogada del Instituto, que en reiteradas ocasiones revisaron el boleto de reserva y la carta de ofrecimiento donde a texto expreso se manifiesta “todas las construcciones, instalaciones, alambrado, y demás accesiones y mejoras que contiene el predio.” (2) Con el artículo 465 del Código Civil, y el artículo 20 de la ley 16.858 (ley de Riego), queda claro que los pivots son parte del sistema de riego al igual que los caños enterrados, las bombas, las represas, y la instalación eléctrica. Cabe agregar que luego de la nota de la escribana de la parte oferente en la que se “aclaraba” que los pivots no estaban incluidos, el Instituto remitió un informe con parte de lo dicho más arriba, lo que no motivó una recusación. Sin ningún acto administrativo que se oponga, la resolución está firme.
Dijeron que no había informe técnico. Falso. El proceso de adquisición de la tierra se hace en base a las necesidades preestablecidas por el Instituto. El 90% de las compras sigue ese camino. No es viable elaborar un proyecto con un tiempo perentorio de 20 días como establece la ley. Lo que se tuvo en cuenta, como se hace habitualmente, fue si el terreno cumplía con los objetivos de Colonización. Siempre, el proyecto, se elabora con posterioridad.
Dijeron que no era un buen campo. Falso. En primer lugar, fue avalado por los técnicos del Instituto, que son los idóneos en el tema. Se trata de un terreno con una ubicación estratégica, en relación a sus objetivos. Cuenta con una importante infraestructura instalada. Posee fuentes de agua de diverso origen. Y se trata de suelos que presentan potencial para la producción agrícola-ganadera. Es decir que, se trata de una estancia que cumple con las necesidades preestablecidas por el Instituto.
No es de extrañar que la principal crítica económica a la compra de María Dolores venga de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), gremial que históricamente ha luchado por la exclusividad de la iniciativa y propiedad privada en el medio rural. No obstante, si nos alejamos de la defensa de esos intereses, encontramos muy buenas valoraciones en torno a las virtudes del campo en cuestión. Aun votando en contra de la compra, Luca Manassi, director del INC en representación del Partido Colorado, dijo que era “un campazo” que estaba bien ubicado en plena cuenca lechera. Por su parte, el diputado nacionalista Álvaro Rodríguez Hunter se pronunció públicamente destacando el potencial estratégico que el lugar tiene para convertirse en polo de formación técnica, desarrollo agroindustrial y de fortalecimiento a la producción rural. La Sociedad de Productores de Leche de Florida valoró la compra como una señal positiva para el sector lechero mediante declaraciones de su presidente, Horacio Rodríguez, del mismo modo que lo hicieron los trabajadores del Instituto mediante pronunciamiento público del Sindicato de Colonización. Asimismo, voces provenientes de los colonos respaldaron también la decisión, como lo expresó Noel Fernández, exdelegado de la Mesa Nacional de Colonos.
Las voces que se hacen eco en esos pronunciamientos no son más que una muestra de la demanda de acceso a la tierra que existe históricamente en nuestro país y que cobra cifras concretas en nuestra actualidad. Tengamos en cuenta que en el período 2015-2023 aspiraron al acceso a tierras de Colonización 12.000 hogares, lo que se traduce en 38.000 personas. Cifras que nos recuerdan la situación de la ruralidad en nuestro país y que, si no tomamos medidas adecuadas, se convertirán en más vaciamiento de las zonas productivas en distintas partes de su territorio.
Las reacciones que la compra ha generado están lejos de ser neutrales. Toda participación del Estado en ámbitos que los privados entienden de su incumbencia exclusiva ha gatillado siempre intervenciones en su defensa. Nada nuevo bajo el sol. Lo que hoy se quiere presentar como una compra anacrónica de tierra por parte del Estado fue igualmente denunciado en el transcurso del debate de la propia creación del Instituto. Y en ello radica uno de los sesgos ideológicos de los cuestionamientos realizados. En aquel entonces la crítica era hacia el batllismo, entendiéndolo como una amenaza estatista al libre funcionamiento de la iniciativa privada. ¿De quién? De los productores ganaderos principalmente. Algo que podemos encontrar directamente expresado por el representante del Partido Nacional por Cerro Largo, Enrique Oribe Coronel, en la discusión del proyecto de creación del INC en la Cámara de Representantes del 30 de diciembre de 1947:
“Entiendo que este proyecto de instituto de colonización es uno de los entes autónomos más absolutos que hasta ahora se haya proyectado. Tenemos varios, algunos de ellos en base a los monopolios que los protegen. Son máquinas poderosísimas en marcha que van extendiendo sus tentáculos a diversas actividades de orden esencialmente privado. El proyecto supera en alcance a todos, pues ataca especialmente el derecho de propiedad individual… (…) Pero lo más grave, señor presidente, es que esta suplantación se produce a costo y a costa de la producción ganadera”.
Hablando de anacronismo, sorprende también que argumentos que hoy se presentan bajo una performance de notable actualidad y adecuación a los tiempos que corren sigan siendo los mismos argumentos ruralistas que ya en el año 1948 se hicieron presentes al cuestionar que el Estado adquiriese tierras, sosteniendo que el camino del fomento de la producción agraria debía hacerse mediante la promoción del arriendo. En palabras del diputado por Rivera, Esteban Bacigalupi, en sesión de 7-8 de enero de dicho año:
“Creo que antes de oficializar la colonización como se hace por este proyecto debió ayudar a la acción privada, al pequeño ganadero y agricultor, que arriendan pequeñas superficies, que no tienen utensilios de labranza y a veces ni recursos para semillas. (…) Se necesita una legislación agraria eficiente, una buena ley de arrendamientos que se viene reclamando desde hace mucho tiempo”.
Suena parecido a la propuesta de facilitar el acceso a la tierra otorgando bonos de 5.000 dólares a los hijos de colonos como subsidio a la renta en el medio rural.
La producción lechera es una importante fuente de desarrollo para nuestro país. Uruguay produce más de 2.000 millones de litros al año y exporta a más de 60 países, ocupando el noveno lugar entre los países exportadores de leche a nivel mundial. Para traducir esto en ingresos al país, pensemos que en 2024, por ejemplo, las exportaciones de esta industria supusieron un total de 854 millones de dólares. Esto lo sustentan 3.000 productores lecheros y 15.000 personas vinculadas al negocio, mayoritariamente con trabajo familiar. Y es importante resaltar que esa producción no se encuentra diseminada por todo el país, sino que está concentrada fundamentalmente en los departamentos Florida, Canelones, Montevideo y San José. Otro dato a tener en cuenta es que la producción lechera encuentra un fuerte soporte en el influjo del Instituto: la cantidad de explotaciones lecheras se han reducido en un 37% entre 2011 y 2024, mientras el número de explotaciones lecheras colonas se ha incrementado en un 43% (entre 2005 y 2025). Es decir, Colonización es quien ha mitigado la desaparición de los tambos familiares.
En tal contexto, el proyecto con el que el INC definió la compra de la estancia supone desarrollar una colonia destinada a lechería, integrada por unidades de producción familiar lechera, un sistema de producción de forraje con riego y campo de recría. El impacto productivo estimado por el Instituto Nacional de la Leche a partir de esta propuesta consiste en lograr un aumento de la producción lechera en aproximadamente 33 millones de litros, de los cuales 13 millones provendrían de las 16 nuevas unidades de producción que se instalarán en el terreno adquirido, y 20 millones habrán de provenir del aumento de producción de las unidades ya existentes (aproximadamente 100) en campos cercanos, ubicados en un radio de 30 km, que se beneficiarán del alimento producido por los nuevos campos de forraje previstos.
Yamandú Orsi lo planteó claramente, se trata de una discusión ideológica. Que el Estado compre tierras y las distribuya entre quienes menos tienen es una política que molesta, porque afecta intereses. Y es una discusión que estuvo presente antes y al momento de crearse el Instituto y que sigue muy vigente. Porque son concepciones filosóficas sobre los deberes del Estado. Basta con observar las compras realizadas por los diferentes gobiernos a lo largo de los últimos 75 años. El Frente Amplio priorizó al Instituto y sus políticas durante los 15 años en que gobernó y en su programa de gobierno volvió a poner énfasis en la necesidad de revitalizar Colonización. Ésta compra va en esa línea. Y en ese camino seguiremos, porque fue un compromiso de campaña y es un compromiso con la justicia social y la creación de un país con oportunidades para todos, pero, sobre todo, para los que menos tienen.
Para desacreditar la compra se ha dicho que se trata de un homenaje a Mujica. La adquisición del terreno no se hizo como un homenaje a Pepe, pero las políticas de distribución de tierras son un claro reconocimiento a los ideales del Viejo. “Cualquiera sean las definiciones políticas o filosóficas, hay que recordar que al Instituto de Colonización lo hicieron las generaciones que nos precedieron y hay que defenderlo, cuidarlo y procurar que tenga recursos”. (3) Esto decía Pepe en 2014. Hoy, desde el Frente Amplio, seguiremos defendiendo estas políticas de redistribución que van en consonancia con la defensa de los más débiles de nuestra sociedad.
Sebastián Sabini
Publicado el 4 de julio en Montevideo Portal
[1] Información de la serie “Precio de la tierra” de DIEA.
[2] Ver acta de Comisión de Ganadería Agricultura y Pesca.
[3] Declaraciones de José Mujica disponibles en este enlace.
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