El origen era la «promoción de la inversión privada en la construcción de vivienda social», recordó Lucía Etcheverry. Pero solo el 17% se queda en vivienda propia.
La Ley de Vivienda Social fue un instrumento innovador que desde 2011 aumentó la construcción de vivienda con objetivo social. Estaba dirigido a la clase media baja, para que acceda a sus llaves.
En 2020, el Gobierno eliminó los topes de precios, habilitó un volumen más grande de proyectos promovidos, e incluso habilitó la construcción de monoambientes de 25 metros cuadrados.
La compañera Lucía Etcheverry dijo en entrevista con Doble Clic, en Del Sol FM: «lo que se modificó no fue en el sentido de cumplir su fin sino por el contrario”. ¿Dónde van las exoneraciones impositivas para vivienda?
Un reporte identificó que solamente el 17% de la vivienda promovida, es decir sin impuestos, va a manos de propietarios mientras que el resto, un holgado 83%, es para “inversión”. Para que la normativa cumpla con su objetivo fundamental para la que fue creada, “los cambios tienen que ir justamente contrario a lo que se hizo desde 2020″, explicó Etcheverry.
A su vez, la compañera señaló que los próximos instrumentos para ampliar el acceso a la vivienda debe apuntar a la demanda.
«Yo creo que hay que revisar lo que se liberalizó al libre juego del mercado y crear instrumentos más potentes pensando en la demanda», señaló.
Porque el destinatario final de una vivienda es “el objetivo fundamental de una política pública”, concluyó.
reafirmó la legisladora. «Vamos a ver cómo efectivamente esa renuncia fiscal se puede trasladar al destinatario final de vivienda», porque «ese es el objetivo fundamental de una política pública de vivienda, que cubra todas sus necesidades».
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