
El secretario de Presidencia, Alejandro «Pacha» Sánchez, cuestionó la actitud del expresidente Luis Lacalle Pou y de dirigentes del Partido Nacional frente al caso Cardama. En entrevista con En Perspectiva, sostuvo que el exmandatario «se jugó mucho» al minimizar la gravedad del asunto y al afirmar que «no hubo fraude» en el contrato firmado durante su administración con la empresa española encargada de construir las dos patrulleras oceánicas.
«Me llamó la atención que el expresidente le restara importancia al tema. Dijo que no fue una estafa. Muy jugado, muy jugado a esa situación», expresó Sánchez. «Cuando uno escucha la forma en la que se ha parado el expresidente y algunos exministros, parecen más abogados de Cardama que otra cosa, y eso está mal», añadió.
Según Sánchez, el Partido Nacional debería dar explicaciones sobre por qué se aceptó una garantía sin respaldo real y por qué no se realizaron los controles que correspondían. «Lo que yo esperaba de la conferencia de prensa del Partido Nacional era una explicación razonable de por qué aceptaron esa garantía, de por qué no hicieron los controles, de por qué tenemos esta situación», sostuvo. «Yo podría hasta aceptar que el Partido Nacional dijera ‘nos engañaron, vamos juntos a hacer la denuncia porque fuimos engañados’, pero la actitud es otra, la actitud es la de defender a ultranza a la empresa Cardama, la de atacar al Poder Ejecutivo actual y atacar al Presidente de la República», afirmó.
Irregularidades y omisiones
Sánchez detalló una serie de irregularidades administrativas durante el proceso de adjudicación y control del contrato. Recordó que el acuerdo exigía que la empresa presentara una garantía a los 45 días de firmado el contrato. Sin embargo, Cardama pidió sucesivas prórrogas, siete en total, que fueron concedidas «sin ningún fundamento».
«Si ganas una licitación y no constituís las garantías en plazo, perdes el contrato. Pero la administración anterior procedió de forma arbitraria, concediendo extensiones durante once meses», explicó. También señaló que se aceptó una garantís por un año, algo que no estaba previsto en el contrato original, «ahí tenemos otra irregularidad administrativa», afirmó.
Advertencias ignoradas
Sánchez recordó que el Banco Central había advertido que no reconocía a una de las instituciones financieras que se presentaron como garantes y recomendó al Ministerio de Defensa Nacional contratar a un corredor de seguros o especialista para evaluar la solvencia de esas entidades.
«Esa recomendación nunca se cumplió», indicó. «El Ministerio no consultó ni al Banco Central ni a expertos, y se limitó a pedir la opinión de un estudio jurídico que les advirtió que no podían determinar si las empresas eran reales o solventes. Aún así, siguieron adelante».
Según Sánchez, el estudio jurídico de Piazzo, informó que el plazo para presentar la garantía de fiel cumplimiento había vencido, pero el Ministerio «hizo como que no escuchó». Ahí hay una omisión gravísima. Se firmó con una empresa de papel, y hoy está demostrado. Eurocommerce no existe, esta en liquidación y hace dos años no tiene actividad económica», subrayó.
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