Tras el Consejo de Ministros, el secretario de Presidencia sostuvo que el Poder Ejecutivo mantiene “intacta la esperanza” de alcanzar acuerdos en el Parlamento. Advirtió que, si la Rendición de Cuentas no se aprueba, quedarían comprometidos recursos para infancia, seguridad, educación y situación de calle, además de la creación de 300 cargos policiales.
El Poder Ejecutivo volvió a colocar la Rendición de Cuentas en el centro de la discusión política. Tras el Consejo de Ministros, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, sostuvo que el gobierno mantiene abierta la expectativa de construir acuerdos parlamentarios que permitan aprobar el proyecto enviado por el Ejecutivo.
Para el gobierno, la discusión ya no se limita a una diferencia entre oficialismo y oposición sobre la orientación económica. Lo que está en juego, planteó Sánchez, es la posibilidad de financiar prioridades que atraviesan a buena parte de la sociedad: pobreza infantil, seguridad pública, educación y atención a personas en situación de calle.
También recordó que Uruguay solo se quedó sin Rendición de Cuentas en 2002 y 2003, en un contexto excepcional, y que esa situación obligó luego a realizar ajustes para regularizar partidas. Por eso sostuvo que no sería un hecho menor que el Parlamento no aprobara el proyecto.
“Para el Poder Ejecutivo se mantiene intacta la esperanza de que se logren construir acuerdos en el Parlamento de la República que permitan que el Uruguay cuente con una Rendición de Cuentas”, afirmó.
Recursos para infancia
Uno de los puntos principales del mensaje estuvo dirigido a la nueva partida única para la infancia. La Rendición prevé un incremento de 31 millones de dólares para fortalecer las transferencias destinadas a hogares con niñas y niños pequeños.
Sánchez buscó llevar el dato presupuestal a una situación concreta. Mencionó el caso de una jefa de hogar con dos hijos menores de tres años y un salario de 25.000 pesos mensuales, que podría recibir unos 16.000 pesos adicionales si se aprueba la Rendición.
El ejemplo expresa la orientación política del proyecto: no hablar solo de partidas, incisos o reasignaciones, sino de ingresos reales para familias trabajadoras que enfrentan dificultades para sostener la crianza, la alimentación, el alquiler y los cuidados cotidianos.
Para el gobierno, no aprobar la Rendición implicaría impedir que esa política se discuta y se aplique en los términos propuestos.
Seguridad pública y 300 cargos policiales
Sánchez también puso el foco en la seguridad. La Rendición crea 300 cargos de policías ejecutivos, además de recursos para equipamiento, patrulleros y tecnología. Ese conjunto de medidas, sostuvo, apunta a fortalecer el patrullaje y mejorar la capacidad de respuesta frente a una de las principales preocupaciones de la población.
El secretario aclaró que algunas prioridades podrían intentar canalizarse por otras leyes o mediante refuerzos de rubro, pero marcó un límite importante: la creación de cargos solo puede realizarse en el marco de una ley presupuestal.
Por eso, si la Rendición no se aprueba, el gobierno no podría concretar la incorporación de esos 300 policías por una vía alternativa.
“Nos quedaríamos sin la posibilidad de tener esos 300 cargos de policía que muy bien vendrían para el patrullaje de todo el país”, señaló.
Educación, calle y reasignaciones
El Poder Ejecutivo también advirtió que quedarían comprometidos recursos para la atención de personas en situación de calle y para la educación pública.
Sánchez reconoció que la Rendición no cubre todas las necesidades planteadas por ANEP, UTEC y la Universidad de la República, pero subrayó que sí aporta recursos en un contexto de responsabilidad fiscal y reasignación de prioridades.
También señaló que el proyecto no solo incrementa gasto, sino que redistribuye recursos desde áreas consideradas menos sustanciales hacia políticas sociales. Como ejemplo mencionó el recorte de partidas destinadas a misiones oficiales al exterior, recursos que serían redirigidos al INAU.
Ese tipo de reasignaciones, explicó, tampoco podría hacerse por fuera de una ley presupuestal.
Cabildo Abierto y la búsqueda de acuerdos
Sánchez confirmó que el gobierno analiza las propuestas presentadas por Cabildo Abierto y que dará una respuesta en las próximas 24 o 48 horas. Entre los planteos mencionó la discusión sobre contraprestaciones en las transferencias a la infancia, el incremento de recursos para esas partidas, el fortalecimiento de comisarías en zonas de alta incidencia delictiva, campañas de prevención del consumo problemático y una reducción anual de la plantilla del Estado.
El secretario sostuvo que algunas propuestas son compartibles en términos de orientación, pero advirtió que existen límites presupuestales. La Rendición ya compromete 31 millones de dólares adicionales y, al no existir posibilidad de enviar un mensaje complementario, cualquier aumento debe discutirse dentro de los recursos disponibles.
De todos modos, el Poder Ejecutivo dejó abierta la negociación tanto con Cabildo Abierto como con el resto de las bancadas.
Para Sánchez, puede haber críticas a la política económica del gobierno, pero esas diferencias no deberían impedir la aprobación de recursos destinados a áreas que todos los partidos han reconocido como prioritarias.
«Los que pierden son los niños y los ciudadanos»
Consultado sobre quién asumiría la responsabilidad política si la Rendición no se aprueba, Sánchez evitó plantear el escenario como una disputa de culpas entre gobierno y oposición.
El secretario sostuvo que el fracaso no sería de un partido, sino del país, porque las consecuencias recaerían sobre la gente.
“Quienes están de rehén son los uruguayos y las uruguayas”, afirmó.
Para el Poder Ejecutivo, el mandato surgido de las urnas obliga a buscar entendimientos. El Frente Amplio no tiene mayoría propia en Diputados y la oposición tampoco gobierna, por lo que el escenario político exige negociación y responsabilidad institucional.
Sánchez sostuvo que sería un buen mensaje para el país que el sistema político pudiera procesar sus diferencias sin bloquear recursos para prioridades sociales y de seguridad.
Un llamado a la responsabilidad
La conferencia dejó planteado el marco político de las próximas horas. El gobierno insiste en que la Rendición debe aprobarse porque contiene herramientas que no pueden ser sustituidas completamente por otros mecanismos legales.
El punto no es solo presupuestal. Es también una señal política: en un Parlamento sin mayorías automáticas, el sistema debe demostrar que puede construir acuerdos cuando están en juego problemas sensibles para la ciudadanía.
La negociación sigue abierta. Pero el mensaje del Poder Ejecutivo fue claro: sin Rendición, se bloquean recursos para infancia, seguridad, educación y situación de calle; y quienes pagan el costo no son los partidos, sino las familias, los niños y los ciudadanos que necesitan respuestas.
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