Caggiani: en Cardama hubo una “caja de Pandora”

12 de agosto de 2026

El senador del Frente Amplio afirmó que la comisión investigadora sobre la compra de patrulleras oceánicas reveló irregularidades e ilicitudes que no estaban claras al inicio del proceso. Sostuvo que existe una responsabilidad política del expresidente Luis Lacalle Pou y cuestionó que el contrato haya terminado con 28 millones de dólares pagos, garantías falsas y materiales deteriorados en Galicia.

Consultado por el cierre de los trabajos de la comisión investigadora, Caggiani afirmó que en los próximos días se conocerán informes y que el Frente Amplio presentará una conclusión en mayoría. También adelantó que no descarta nuevas acciones a partir de la información reunida.

Para el senador, la comisión no fue un fracaso, como sostienen algunos integrantes de la oposición. Por el contrario, afirmó que permitió abrir una “caja de Pandora” sobre la contratación, las garantías y las decisiones políticas que llevaron al Estado uruguayo a un negocio ruinoso.

La discusión sobre Lacalle Pou

Caggiani confirmó que en el Frente Amplio se conversó sobre la posibilidad de citar al expresidente Luis Lacalle Pou a la comisión investigadora. Finalmente, esa citación no se concretó porque la comisión estaba llegando al final del plazo de seis meses y no existía voluntad de extender su funcionamiento.

Sin embargo, el senador sostuvo que eso no elimina la responsabilidad política del expresidente en el caso.

Para Caggiani, Lacalle Pou no fue una figura ajena a las decisiones centrales de su gobierno. Recordó que durante su administración se instaló públicamente la idea de un presidente que seguía los temas de cerca, consultaba a sus ministros, enviaba mensajes y monitoreaba la marcha de los asuntos relevantes.

Por eso, sostuvo, en el caso Cardama corresponde preguntarse qué sabía, qué controló y qué responsabilidad política le cabe por la contratación.

“Hay una notoria responsabilidad política del expresidente de la República”, afirmó.

Garantías truchas y un negocio ruinoso

El senador señaló que, al inicio de la investigación, el punto central parecía ser la existencia de una garantía falsa. Pero con el paso de las comparecencias y la documentación reunida, el panorama se amplió.

Según Caggiani, esa garantía fue parte de un montaje mayor que permitió que la empresa cobrara 28 millones de dólares y que el Estado quedara sin las patrulleras oceánicas.

El legislador cuestionó que, durante buena parte del debate, sectores de la oposición defendieran la idea de que bastaba con cambiar la garantía y seguir adelante con el contrato. Para el Frente Amplio, la investigación mostró que el problema era más profundo: no se trataba de un error formal, sino de una cadena de irregularidades vinculadas a la adjudicación, la aceptación de garantías y los controles omitidos.

“Gracias a esa garantía trucha se montó todo este negociado”, sostuvo.

El astillero y la falta de experiencia

Caggiani también planteó que uno de los temas de fondo es por qué el Estado uruguayo decidió contratar a un astillero sin experiencia suficiente para una operación de esa magnitud.

La consecuencia, señaló, fue un contrato que no entregó las patrulleras, un pago millonario ya realizado y materiales deteriorados en Galicia. Para el senador, ese resultado exige una explicación política.

No alcanza, dijo, con afirmar que no se detectaron actos de corrupción. Una comisión investigadora parlamentaria no sustituye a la Justicia, pero sí debe determinar responsabilidades políticas cuando una decisión de gobierno genera perjuicios graves para el Estado.

En ese plano, el senador señaló que la responsabilidad no recae únicamente sobre funcionarios técnicos o sobre la empresa. También alcanza a las autoridades políticas que definieron seguir adelante.

Nuevas acciones posibles

Caggiani afirmó que el informe del Frente Amplio reunirá las principales conclusiones del trabajo parlamentario. Aunque no integra la comisión, sostuvo que la información conocida hasta ahora habilita nuevas acciones.

El senador mencionó la existencia de irregularidades e ilicitudes notorias que fueron apareciendo durante la investigación. A su juicio, el caso pasó de ser una discusión sobre una garantía irregular a convertirse en una investigación sobre un esquema más amplio de responsabilidades.

“Han surgido irregularidades, ilicitudes notorias, muchas más de cuando empezamos”, señaló.

La comisión entra así en su tramo final con una diferencia política marcada. Para la oposición, el resultado no probó corrupción. Para el Frente Amplio, en cambio, el proceso permitió dejar al descubierto una contratación plagada de fallas que expuso al Estado y que requiere responsabilidades.

Responsabilidad política y memoria institucional

El cierre de la comisión no cierra el caso Cardama. La información reunida, los informes parlamentarios y las eventuales acciones posteriores mantendrán el tema en la agenda política e institucional.

Para Caggiani, lo central es que el país entienda cómo se tomó una decisión que terminó costando millones de dólares sin que Uruguay recibiera las patrulleras comprometidas.

El senador reclamó una “mea culpa” del gobierno anterior y, especialmente, del expresidente Lacalle Pou. A su entender, el silencio posterior del exmandatario contrasta con el estilo de conducción cercana que se reivindicaba durante su administración.

La pregunta que deja planteada es política: cómo se controló, quién decidió y por qué se avanzó con un contrato que terminó dejando al Estado uruguayo frente a uno de los episodios más cuestionados de la gestión anterior.