Capear el temporal: rumbo claro en un mundo incierto

Gestionar la crisis de cualquier índole en un gobierno de izquierda implica necesariamente amortiguar impactos sobre los hogares

El escenario internacional en este 2026 está definido por una alta incertidumbre geopolítica, donde los conflictos en Medio Oriente, la agresiva política arancelaria de los Estados Unidos, la avanzada bélica del gobierno de Donald Trump y las disrupciones en puntos neurálgicos como el estrecho de Ormuz han dejado de ser riesgos posibles para convertirse en realidades consumadas que golpean la economía mundial.

El impacto más visible de estas tensiones es el shock petrolero, con precios que ya superan los 100 USD por barril y la amenaza latente de escalar hacia los 150 o 200 USD, lo que según advierte el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría elevar la inflación y reducir el crecimiento global. Incluso los escenarios extremos podrían derivar en recesión o estancamiento económico mundial. En el escenario más desfavorable, donde el precio del petróleo promediara los 110 USD durante el año, el crecimiento económico mundial caería por debajo del 2%.

Según el informe de Perspectivas de la Economía Mundial, se prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) mundial aumente un 3,1% este año, frente al 3,3% pronosticado en el mes de enero. Esto basado en el supuesto de un conflicto relativamente breve de alcance limitado, y un aumento moderado de los precios energéticos para este año.

Los efectos del precio del petróleo

El encarecimiento del crudo no es un fenómeno aislado, sino un motor de inflación global. Se estima que un aumento sostenido del 10% en el precio del petróleo puede elevar la inflación mundial en un 0,4% y reducir la productividad en un 0,2%. Este fenómeno impacta directamente en los costos de los combustibles, la producción de alimentos y la logística global.

Para el crecimiento global, los shocks energéticos representan una reducción estimada del -0,15%. Este enlentecimiento de la economía conlleva riesgos sociales significativos, como la caída del poder adquisitivo de los hogares, un aumento potencial del desempleo y una contracción tanto del consumo como de la inversión privada. Ante este panorama, los gobiernos a nivel mundial han desplegado una batería de respuestas diversas, que combinan la urgencia del corto plazo a través de medidas contra cíclicas y de emergencia, con estrategias de corte más estructural.

El mapa de las estrategias globales

Las grandes potencias y bloques económicos están reaccionando de manera diferenciada, según su capacidad fiscal y su dependencia energética.

Muchos países han optado por la aplicación de subsidios a combustibles con reducción de impuestos energéticos y transferencias a hogares vulnerables, procurando al mismo tiempo no aumentar desmedidamente el déficit fiscal y la deuda pública, conservando el equilibrio y sostenimiento fiscal.

En cuanto a la política energética, por un lado, se están liberando reservas estratégicas de petróleo a nivel mundial con el objetivo de estabilizar precios, y por otro se está apuntando a reducir las demandas, con medidas como: fomento del teletrabajo, incentivos al transporte público, restricciones de consumo energético, incentivos para impulsar la descarbonización del transporte.

Además, en el marco de una estrategia más estructural, se pueden apreciar (como en el caso español) medidas vinculadas a la transición energética, que apuntan a reducir la dependencia de combustibles fósiles e invertir en energías renovables buscando la eficiencia energética.

Las tensiones actuales están generando una reconfiguración del comercio global; con mayor proteccionismo y relocalización de las cadenas productivas, con subsidios a la industria energética y mayor inversión en tecnología y energía.

En los últimos años, se ha producido un crecimiento exponencial del interés inversor en grandes proyectos, asociados a la descarbonización de la industria, la fabricación de combustibles renovables, los centros de datos para la IA, la movilidad eléctrica o el almacenamiento energético.

Estrategia nacional para navegar la tormenta global

El shock petrolero de 2026 parece ser no sólo un evento transitorio, sino un indicio de un cambio estructural en la economía global al que debemos responder no sólo como síntoma sino como proceso. La energía, la geopolítica y la seguridad económica se han convertido en ejes centrales para la política pública.

Gestionar las crisis económicas – y de cualquier índole – en un gobierno de izquierda implica necesariamente amortiguar sus impactos sobre los hogares, las familias y el sistema productivo, pero sobre todo desarrollar políticas para que las consecuencias más graves no recaigan sobre los más débiles. 

No es la primera vez que el Frente Amplio asume el liderazgo en tiempos difíciles. Desde la reconstrucción tras la crisis del 2002 que asumió en su primer gobierno, hasta el manejo de ciclos globales de bajo crecimiento, la política pública ha sido una herramienta clave para amortiguar impactos negativos en contextos de adversidad.

En la coyuntura actual, además de las medidas de contención inmediata —como evitar el traslado total del 34% de la suba del petróleo al precio de los combustibles—, la verdadera clave para enfrentar la desaceleración global reside en un Estado activo. En este escenario de incertidumbre, la inversión pública con visión estratégica se convierte en uno de los motores fundamentales para dinamizar nuestra economía y proteger el sistema productivo.

En este sentido, el presupuesto nacional 2025-2029 incluye inversiones de más de 3000 millones de dólares en obra pública (800 millones al año), que no solamente actuarán como medidas contra cíclicas para evitar el enfriamiento económico, sino que tendrán un impacto a corto, mediano y largo plazo.

Más de 2600 millones de dólares se destinarán a infraestructura vial con impacto directo en el transporte y la logística, 380 millones para desarrollo territorial y movilidad urbana, 540 millones de dólares en agua, riego y saneamiento, 155 millones de dólares en infraestructura de salud y más de 100 millones de dólares en seguridad.

La inversión en cada una de estas áreas, además de generar puestos de trabajo y activar directamente la economía nacional, responde a problemáticas concretas y a necesidades estratégicas para el crecimiento de nuestro país, a las que se responderá con obras concretas: mejoramiento y ampliación de redes viales, instalación del Hospital de la Costa, concreción de la Represa de Casupá, mejoramiento de infraestructura comunitaria a través del Programa Más Barrio, construcción de nuevas cárceles, reforma del sistema de transporte metropolitano, etc.

Este contexto nos exigirá además ser capaces de generar inversiones de carácter extra presupuestal, con otras fuentes de financiamiento, ofreciendo propuestas atractivas e innovadoras.

El rol de las empresas públicas y particularmente de UTE, es fundamental en este sentido, la inversión en plantas generadoras de energías renovables como las ya anunciadas en Baygorria y Cerro largo, además de aportar a la dinamización económica, representan avances importantes para la descarbonización de la matriz energética en su conjunto. Asimismo, este tipo de iniciativas movilizan el ahorro nacional, como ya ocurrió en experiencias anteriores con parques eólicos, permitiendo que los ciudadanos formen parte de una inversión de carácter nacional y potenciando el ahorro interno como herramienta para el desarrollo productivo.

Un gobierno que crea oportunidades es un gobierno que construye políticas para fomentar el desarrollo e incentivar la actividad económica, mitigando los impactos de la guerra y que procura reducir los costos de vida de nuestros compatriotas. Ser creativos y tener una mirada mucho más allá de los límites de los ciclos electorales es una exigencia ineludible para todo el sistema político en los tiempos que corren.

Nota publicada en Montevideo Portal el 16/4/2026