Proyecto para recuperar viviendas vacías avanza con respaldo político y foco en agilizar expropiaciones

La diputada del Frente Amplio Ana Laura Melo defendió el proyecto de ley que busca agilizar la expropiación de inmuebles abandonados con deudas con el Estado, una iniciativa que apunta a incorporar viviendas vacías al sistema público y atender el problema habitacional.

En entrevista en el programa 5 Sentidos de Canal 5, Melo explicó que la propuesta surge ante las dificultades actuales para aplicar la normativa vigente. “Lo que ha resultado es muy difícil poder aplicar la ley de expropiaciones rápidamente (…) pasan los años y siguen en las mismas condiciones de abandono”, señaló.

El proyecto introduce un procedimiento abreviado para actuar sobre inmuebles que cumplan una doble condición: tener deudas con el Estado y presentar un grado significativo de abandono. “Lo que intenta este proyecto es agilizar (…) para aquellos inmuebles que tienen como una doble condicionante”, afirmó.

Uno de los cambios centrales es la simplificación del proceso judicial. “Ahora sería en una sola instancia”, explicó la legisladora, en contraste con el sistema actual que puede extenderse durante años.

Melo destacó además que el proyecto incorpora garantías para los propietarios, como la no aplicación de sanciones más gravosas en caso de incomparecencia y la definición clara del mecanismo de tasación. “Determinamos (…) que sea ese perito indicado por el juez el que haga la evaluación”, indicó.

En cuanto al alcance, señaló que el universo de inmuebles es acotado pero estratégico. “Un 16% (…) tienen esa deuda de más de 20 años (…) y tienen estas características de abandono”, explicó, lo que podría representar unos 400 casos en zonas centrales de Montevideo.

La diputada subrayó que, aunque se trate de un número limitado, el impacto urbano puede ser significativo. “Así sea uno el inmueble que nosotros logremos recuperar (…) genera una sinergia en toda la manzana, en el barrio”, sostuvo.

Respecto al destino de los bienes, aclaró que deberán integrarse a políticas de interés general: “Tienen que ser para el sistema público de vivienda o para el mejoramiento urbano”, indicó.

También remarcó el rol clave de los gobiernos departamentales en la implementación: “La elección estratégica de qué inmuebles se va a trabajar (…) es decisión de los gobiernos departamentales”.

En el plano político, Melo destacó el amplio respaldo que ha tenido la iniciativa. “Esto ya pasó por el Senado en forma unánime (…) y logramos en diputados mantener esa unanimidad”, afirmó, aunque señaló que su tratamiento podría postergarse para permitir un mayor estudio por parte de algunos legisladores.

Una herramienta para actuar sobre inmuebles degradados

El informe técnico que acompaña el proyecto refuerza que la iniciativa es resultado de un “trabajo exhaustivo” con aportes de especialistas en derecho y arquitectura, y que busca dotar al Estado de herramientas más eficaces para intervenir en situaciones críticas.

A diferencia del enfoque más político de la entrevista, el documento pone el acento en la arquitectura jurídica del proyecto. Allí se establece que el procedimiento abreviado se aplicará exclusivamente a inmuebles con “deudas compensables con el Estado” y que, además, “comprometen la seguridad edilicia, la salubridad y/o la higiene pública”.

El texto también detalla que el proceso se concentrará en una única audiencia judicial, donde se resolverán todas las instancias, y que el tribunal deberá designar previamente un perito para fijar la indemnización, cuyos costos estarán a cargo del expropiante.

Asimismo, se explicita que las deudas podrán compensarse con el valor del inmueble y que, en caso de existir diferencia, esta será abonada al propietario.

El informe subraya que la herramienta permitirá no solo expropiar, sino también adoptar medidas provisionales sobre los inmuebles, incluso antes de completar el proceso, para mitigar riesgos en el entorno.

En términos más amplios, el documento señala que el objetivo es “recuperar inmuebles vacíos, degradados, abandonados” que hoy generan “inequidades en la trama urbana”, y destinarlos a programas de vivienda o desarrollo urbano.

Una respuesta parcial a un problema estructural

Durante la entrevista, Melo reconoció que el proyecto aborda solo una parte del problema habitacional. “El 84% de esos inmuebles (…) tienen otras problemáticas que debemos abordar con otros proyectos de ley”, indicó.

Entre las alternativas, mencionó medidas fiscales para desestimular la subutilización de propiedades, como gravámenes a terrenos baldíos o viviendas vacías.

Aun así, defendió la iniciativa como un paso necesario. “La dirección es la correcta”, afirmó, al tiempo que sostuvo que puede generar transformaciones visibles en los barrios y abrir nuevas oportunidades de desarrollo urbano.