Tras seis meses de trabajo en la comisión investigadora, el Frente Amplio afirmó que detectó nuevos hechos con apariencia delictiva vinculados a las garantías y los pagos del contrato con Cardama. La bancada atribuyó responsabilidades políticas al expresidente Luis Lacalle Pou y a exjerarcas del Ministerio de Defensa Nacional, respaldó la decisión del gobeirno de rescindir el contrato y anunció que promoverá el envío de los antecedentes a Fiscalía.
El Frente Amplio presentó este lunes las principales conclusiones de sus legisladores en la comisión investigadora sobre el contrato con el astillero Cardama y sostuvo que el proceso permitió confirmar irregularidades graves que exceden las ya conocidas en torno a las garantías presentadas por la empresa.
Para la bancada frenteamplista, el trabajo parlamentario no solamente reafirmó la existencia de un fraude contra el Estado uruguayo, sino que permitió identificar actuaciones y omisiones de funcionarios públicos que deben ser investigadas para determinar eventuales responsabilidades penales.
La conclusión política del FA es que Cardama fue el principal responsable de la maniobra, pero que el fraude no podría haberse concretado sin fallas graves en los controles del Estado durante la administración anterior.
“Cardama sin lugar a dudas es el principal responsable de todo este proceso, pero los hechos consumados por Cardama no podrían haberse consumado sin la acción u omisión de funcionarios públicos que intervinieron”, señalaron durante la conferencia.
Pagos, prórrogas y documentación que nunca estuvo a la vista
Entre los elementos que el Frente Amplio considera de apariencia delictiva se encuentra el otorgamiento de prórrogas sin que quedara registro en el expediente y la omisión de comunicar que el contrato no debía entrar en vigor ante el incumplimiento de las condiciones establecidas.
También cuestionó la autorización de pagos sobre la base de documentación que, según surge de la investigación, nunca estuvo físicamente en las dependencias del Ministerio de Defensa.
La bancada señaló además que se aprobaron desembolsos sin contar con documentos traducidos ni apostillados. Uno de los episodios destacados ocurrió cuando Cardama remitió documentación en inglés a la Armada Nacional y, pocas horas después, se autorizó un segundo pago superior a los ocho millones de euros.
Según expusieron los legisladores, la resolución incluso utilizó un texto proporcionado por el propio Mario Cardama.
A esto se suma lo que el FA definió como una “ausencia sistemática” de actos administrativos escritos, resoluciones fundadas y registros de decisiones relevantes. En el expediente, afirmaron, no figuran las sucesivas prórrogas otorgadas a la empresa ni las diferentes alternativas de garantías que Cardama presentó durante los meses posteriores al vencimiento del plazo original.
Lacalle Pou como primer responsable político
Además de las eventuales responsabilidades penales que deberá determinar la Justicia, el Frente Amplio puso el foco en las responsabilidades políticas de la administración anterior.
La bancada ubicó al expresidente Luis Lacalle Pou como “primer responsable político” del proceso, tanto por su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas como por el respaldo que dio a la adquisición de las patrulleras oceánicas.
El señalamiento alcanza también al exministro de Defensa Javier García, a su sucesor Armando Castaingdebat y a funcionarios de confianza que participaron del proceso de contratación y control.
Para el FA, la documentación estudiada durante los seis meses de investigadora muestra un proceso atravesado por la falta de controles y por decisiones que no fueron debidamente documentadas.
“Estamos ante un fraude que a todas luces ha contado con la opacidad de aquellos jerarcas que, debiendo controlar y defender al Gobierno y al Estado Nacional, no lo hicieron”, sostuvieron.
El presidente del Frente Amplio fue todavía más directo al resumir las conclusiones políticas: “Nos quisieron estafar, había joda, los documentos eran truchos”. Y apuntó también contra quienes durante la investigación defendieron la continuidad del contrato: “No nos queda claro en este proceso quién defendió al Estado uruguayo y la plata de los uruguayos”.
El FA respalda la rescisión del contrato
Las conclusiones de la investigadora también fueron utilizadas por el Frente Amplio para respaldar la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato.
Según planteó la bancada, la constatación de una garantía falsa, la aparición de una segunda garantía con irregularidades y los antecedentes vinculados a las advertencias del Banco Central y el rechazo del Banco de Seguros del Estado daban elementos suficientes para terminar la relación contractual con Cardama.
Para el FA, esa decisión evitó que Uruguay continuara desembolsando más de 50 millones de euros que todavía quedaban pendientes.
La bancada rechazó así el argumento expresado desde la oposición de que terminar el contrato constituyó un perjuicio para el país. Por el contrario, sostuvo que continuar con un negocio atravesado por garantías falsas y graves deficiencias administrativas habría supuesto mantener expuestos los recursos públicos.
También respondió a los cuestionamientos por el pago realizado durante el actual gobierno. Según explicaron, ese desembolso correspondió a un hito contractual que venció cuando todavía no se habían constatado las irregularidades de las garantías. Una vez comprobadas y tomada la decisión de rescindir el contrato, afirmaron, no se efectuaron nuevos pagos.
Los nuevos hechos irán a Fiscalía
El siguiente paso será la discusión de las conclusiones en la Asamblea General.
El informe mayoritario propone, por un lado, entregar a Fiscalía toda la documentación reunida y producida durante los seis meses de investigación, tal como ya había solicitado el fiscal que trabaja sobre el caso.
Pero el Frente Amplio irá más allá y planteará que el Parlamento denuncie formalmente los nuevos hechos con apariencia delictiva detectados durante la investigadora, para que Fiscalía determine si existen responsabilidades penales.
La intención de la bancada es que esa decisión pueda contar con el respaldo del conjunto del Parlamento.
“La ciudadanía tiene el derecho de saber qué pasó en torno al contrato con Cardama”, afirmaron los legisladores.
Después de seis meses de investigación, el Frente Amplio busca instalar así dos conclusiones centrales: que el fraude de Cardama ya no está en discusión y que ahora corresponde determinar hasta dónde llegaron las responsabilidades de quienes, desde el Estado, tenían la obligación de controlar un contrato millonario y proteger los recursos públicos.
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