El senador del MPP dijo que al Ministerio del Interior no hay que pedirle políticas sociales
El senador frenteamplista Charles Carrera (Movimiento de Participación Popular, MPP) dijo que al Ministerio del Interior «no le tenemos que pedir políticas sociales» sino políticas de prevención, disuasión y represión. En declaraciones a Informativo Carve, aseguró que coincide con su par Daisy Tourné (Partido Socialista, PS) en que las políticas tienen que ser integrales, sobre todo para prevenir el delito, y señaló que para la implementación de esas políticas cumplen un rol muy importante, entre otros actores, los gobiernos departamentales.
«La discusión que tenemos hacia la interna, no en particular con Daisy [Tourné] ni con los compañeros del PS, sino con compañeros de algunas otras organizaciones menores, es que le piden políticas sociales al Ministerio del Interior», que le corresponden «al Ministerio de Desarrollo Social o al Poder Ejecutivo en su conjunto».
En una entrevista publicada por El Observador el lunes, Tourné, que fue ministra del Interior de 2007 a 2009, dijo que en el área de la seguridad el gobierno «se ha ido trasladando hacia la derecha». Carrera, que fue director general de Secretaría de esa cartera junto al actual ministro Eduardo Bonomi (quien asumió en 2010), expresó su discrepancia con ese juicio. En conversación con la diaria, afirmó que el ministerio ha desarrollado políticas de izquierda, según los programas de gobierno del Frente Amplio.
«En la administración anterior defendimos la estrategia por la vida y la convivencia y pusimos énfasis en políticas integrales; en esta tercera administración estamos poniendo énfasis en lo que son los proyectos miradores. Yo estoy muy tranquilo porque hemos tenido políticas de izquierda».
Carrera aseguró además que el ministerio se ha vuelto «mucho más profesional», con «policías mejor equipados y mejor pagos». Admitió que hay problemas de seguridad y que «la sociedad está demandando [acciones] en ese sentido», y destacó la mejora en la coordinación entre la Policía y la Fiscalía, después de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, en noviembre de 2017.
