“la Fiscalía General emitió un dictamen por el cual archiva nuestra denuncia contra la entrega del puerto de Montevideo a la transnacional belga Katoen Natie”.
El pasado miércoles 29, la Fiscalía General emitió un dictamen por el cual archiva nuestra denuncia contra la entrega del puerto de Montevideo a la transnacional belga Katoen Natie por 60 años.
A nuestra denuncia –fundada con un conjunto de detalles, debidamente documentados y probados- la Fiscalía no le encontró mérito para proceder a la persecución penal en un juicio oral, pese a su contundencia y a las sucesivas ampliaciones probatorias que se fueron agregando.
Más allá de no compartir lo resuelto, como defensores de la institucionalidad y de la independencia de la Fiscalía General de la Nación respetamos y aceptamos lo dispuesto por la Justicia. No obstante, y en honor a ese respeto que se merecen Fiscalías Penales de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 2º y 3º turno, que tanto tiempo y trabajo le dedicaron a este asunto, deseo plantear las siguientes reflexiones:
1. Seguimos considerando que el acuerdo –negociado con total opacidad por el gobierno durante la pandemia- afecta nuestra soberanía y el desarrollo nacional. La entrega del puerto a una multinacional –un área estratégica del país- representa uno de los actos más vergonzosos en materia de cesión de soberanía de toda nuestra historia.
2. El acuerdo rompe con una rica tradición en defensa de nuestra soberanía. El enfrentamiento al atropello de las grandes corporaciones y a los poderosos, es parte inherente de nuestra historia y de nuestra dignidad como país. Basta recordar la posición de nuestro país frente a las amenazas de juicios de la internacional Philips Morris, entre otras.
3. El dictamen de la Fiscalía General que archiva el caso con argumentos que no compartimos (aunque respetamos), destaca que se cometieron actuaciones «irregulares o reprochables» por parte del Gobierno, durante la negociación del acuerdo. Pero, a pesar de eso, entiende que eso no es delito y no es perseguible penalmente. Sin perjuicio de ello, este asunto viene siendo estudiado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del cual esperamos que resuelva las acciones de nulidad.
4. La constatación de actuaciones «irregulares o reprochables», tan sólo, revela que a juicio de la Fiscalía General existen elementos que habilitan a pensar que las denuncias que nosotros presentamos no son equivocadas. La Fiscalía confirma expresamente dichas irregularidades. Estas fueron destacadas por los dos fiscales que analizaron esta denuncia.
5. También, resulta destacable la existencia de un cambio de criterio de la Fiscalía al juzgar hechos similares, sobre todo, con la figura del “abuso de funciones”. La denuncia que se presentó contra el Presidente de la ANP -Juan Curbelo- por haberse atribuido a sí mismo funciones del Directorio, refiere a hechos que fueron juzgados históricamente como delito de abuso de funciones. Hoy, ese criterio ha cambiado.
6. En cuanto al acuerdo en sí, no sólo el Frente Amplio afirma que este opaco acuerdo daña al país. Cerca de una decena de cámaras empresariales ligadas al sector exportador, cuestionan este acuerdo porque entrega un actor privado transnacional el monopolio del puerto de Montevideo.
7. No sólo lo dice el Frente Amplio. Hablan los precios desde las góndolas de los supermercados con los elementos de la canasta familiar afectados por el aumento de las tarifas de importación dispuestas por Katoen Natie. Este acuerdo encarece la vida de los uruguayos.
8. Por lo tanto, seguiremos denunciando este vergonzoso acuerdo que no solo es ilegal sino también es inconveniente para la logística portuaria, la soberanía y el desarrollo del país y su gente.
Senador Charles Carrera
“Mi deber como ciudadano y militante político es renunciar y presentarme ante la justicia para dar todas las explicaciones”.
La historia la construyen los de abajo, con el corazón abierto para luchar contra las injusticias sin pedir nada a cambio. Los que construyen el sueño de una patria para todos.
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Por un país que cuida la seguridad y orienta los recursos del Estado a atender lo que debe atender, no para perseguir intereses políticos, expresó Yamandú Orsi.
