Una amplia mayoría de los uruguayos respalda aumentar las transferencias económicas a los hogares con niños pequeños de menores ingresos, una de las principales medidas impulsadas por el gobierno del Frente Amplio para combatir la pobreza infantil.
Según una encuesta de Equipos Consultores difundida por El Observador, el 64% de la población está de acuerdo con destinar buena parte del incremento del gasto de la Rendición de Cuentas a reforzar las transferencias para estos hogares. Apenas un 20% se manifiesta en desacuerdo.
El respaldo, además, atraviesa las fronteras partidarias. Entre los votantes del Frente Amplio alcanza al 77%, pero también es mayoritario entre quienes votaron al Partido Nacional, con 57%, y entre los votantes de Álvaro Delgado, con 52%.
Los datos muestran un respaldo social que trasciende al oficialismo para una prioridad que el Frente Amplio asumió desde el comienzo del período: concetrar una parte sustantiva de los nuevos recursos públicos en la infancia y la adolescencia.
Y esa definición comenzó a traducirse en el Presupuesto Nacional y volvió a reforzarse en la primera Rendición de Cuentas del gobierno.
La infancia como primera prioridad presupuestal
Cuando el Poder Ejecutivo presentó el Presupuesto Nacional 2025-2029 estableció que infancia y adolescencia serían el principal destino de los recursos adicionales del quinquenio.
Aproximadamente el 40% de las asignaciones incrementales del Presupuesto fueron dirigidas a políticas de infancia y adolescencia, por encima de cualquier otra área. Entre ellas se incluyeron el aumento del Bono Crianza, el bono escolar, la ampliación de las Becas Butiá, la extensión del tiempo pesagógico, clubes de niños y centros juveniles, políticas de acogimiento familiar y acciones contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes.
La primera Rendición de Cuentas profundizó esa orientación.
El gobierno agregó 31 millones de dólares a los 50 millones de incremento que ya estaban previstos para 2027 y colocó a la infancia nuevamente como la principal prioridad de los recursos adicionales. La Rendición moviliza unos 81 millones de dólares hacia cuatro áreas: infancia, educación, seguridad y atención a personas en situación de calle.
El centro de esa decisión es la creación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, una transformación del sistema de transferencias que el propio gobierno define como la más importante de las últimas décadas.
Más de 50.000 niños ingresarán al nuevo sistema
La reforma unifica prestaciones que hoy funcionan de forma fragmentada y aumenta los recursos dirigidos especialmente a los hogares de menores ingresos.
A partir de 2027 ingresarán al nuevo régimen unos 54.000 niños y niñas, comenzando por las generaciones más pequeñas. Para los hogares ubicados en el mayor nivel de vulnerabilidad, la prestación podrá llegar a 10.000 pesos mensuales por niño de entre 0 y 3 años.
El monto promedio de las transferencias para la primera infancia aumentará alrededor de 84% entre los hogares comprendidos y el gobierno estima que, cuando el nuevo esquema alcance plenamente a esa población, permitirá reducir en aproximadamente 25% la pobreza monetaria entre los niños 0 a 3 años incorporados al sistema.
No se trata, por lo tanto, de una medida aislada incorporada a último momento. La Rendición continúa una línea que ya estaba definida en el Presupuesto, concentrar más recursos en los hogares donde se encuentra una de las mayores desigualdades que arrastra Uruguay.
Los propios datos que acompañaron la elaboración del Presupuesto mostraban esa realidad: la pobreza alcanzaba al 32,2% de los niños de entre 0 y 5 años, frente a un 17,3% para el conjunto de la población.
Una política que va más allá de las transferencias
El foco en la infancia y adolescencia tampoco se limita a solamente aumentar los ingresos. Las Becas Butiá, por ejemplo, pasaron de alcanzar a unos 14.700 estudiantes en 2025 a casi 21.000 durante 2026 y tienen como objetivo llegar a 70.000 adolescentes al final del período de gobierno. A su vez, aumentaron los montos de las becas para sostener la permanencia de estudiantes de menores ingresos en la educación media.
El Presupuesto también destinó recursos a ampliar el tiempo pedagógico, la alimentación, los clubes de niños y centros juveniles y diferentes políticas de protección social.
Son distintas herramientas atravesadas por la misma definición, que la situación económica del hogar en el que nace un niñpo no determine sus posibilidades futuras.
Una mayoría social más amplia que la mayoría parlamentaria
La encuesta de Equipos agrega ahora un dato político relevante. El rumbo elegido por el gobierno cuenta con un respaldo social que alcanza incluso a una parte importante de quienes votaron a la oposición. Y eso contrasta con lo ocurrido en el Parlamento.
En Diputados, el Frente Amplio no tenía mayoría propia para aprobar la Rendición. El Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente e Identidad Soberana resolvieron votar en contra del proyecto en general. La Rendición consiguió avanzar por 50 votos contra 49, con los 48 diputados del Frente Amplio y los dos representantes de Cabildo Abierto.
Luego, durante la discusión particular, existieron acuerdos más amplios en algunos artículos y modificaciones negociadas sobre la propia Asignación Única. Pero el dato sigue siendo el mismo: si hubiera dependido de los votos del Partido Nacional, el Partido Colorado, Identidad Soberana y el Partido Independiente, la Rendición no habría sido aprobada en Diputados y el paquete presupuestal que financia estas prioridades no habría avanzado.
Mientras una mayoría de la sociedad, incluído el 57% de los votantes blancos, considera correcto aumentar los recursos destinados a los hogares con niños de bajos ingresos, la oposición eligió votar contra una Rendición que colocó precisamente esa política en su centro.
El gobierno del Frente Amplio había asumido el compromiso de poner a la infancia y la adolescencia entre las principales prioridades del Presupuesto. El Presupuesto comenzó ese camino y la Rendición lo profundiza con más recursos y una reforma estructural del sistema de transferencias.
La encuesta de Equipos muestra que esa prioridad no es solamente del gobierno, tiene detrás un respaldo mayoritario de la sociedad uruguaya.
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