Foto: Presidencia
Uruguay concretó con la empresa española Solaria un proyecto de US$5.700 millones para instalar centros de datos y generación solar en Canelones, San José y Florida. Es la mayor inversión anunciada en la historia del país y se apoya en ventajas que Uruguay construyó durante años: empresas públicas fuertes, energía renovable, fibra óptica, conectividad internacional y reglas claras para invertir y trabajar.
Solaria Energía y Medio Ambiente proyecta invertir US$5.700 millones en un parque tecnológico de centros de datos y en la generación de la energía solar necesaria para abastecerlo. Detras de la decisión hay condiciones que el país fue construyendo a lo largo de los años y que hoy muestran su valor, apuestas como la transformación de la matriz energética, la red de fibra óptica de Antel, la infraestructura de UTE, la conexión internacional y un sistema de relaciones laborales con reglas conocidas.
El proyecto prevé centros de datos con una potencia eléctrica de 500 megavatios (MW) y una inversión inicial en 350 MW de generación fotovoltaica propia. Se desarrollará en Canelones, San José y Florida y funcionará bajo régimen de zona franca.
En la primera etapa se proyectan 3.100 puestos de trabajo durante la construcción. Una vez terminado el proyecto completo, se estiman unos 1.500 empleos permanentes.
Esta inversión es también una demostración de que defender y desarrollar lo público puede ser una ventaja para atraer capital privado, generar trabajo y traer tecnología al país.
¿Por qué Solaria elige Uruguay? La respuesta está en UTE y Antel
Para instalar un centro de datos de esta dimensión se necesita energía confiable, conectividad, infraestructura y capacidad para sostener una operación tecnológica de escala mundial. Y ahí aparecen UTE y Antel.
Antel desarrolló durante años una red de fibra óptica que hoy alcanza a prácticamente todo el país y construyó además infraestructura de conectividad internacional que resulta clave para proyectos de esta naturaleza.
Lo que durante años fue inversión de una empresa pública hoy es parte de lo que una multinacional mira cuando decide dónde invertir miles de millones de dólares.
Lo público no espanta la inversión, en este caso, es parte de lo que la hace posible.
La revolución energética que empezó hace casi veinte años
En 2008, durante el primer gobierno del Frente Amplio, Uruguay aprobó una política estratégica de largo plazo que puso en el centro la diversificación de la matriz energética y el desarrollo de fuentes renovables. Dos años después de esa estrategia fue respaldada como política de Estado.
Aquella transformación cambió estructuralmente la forma en la que Uruguay produce electricidad. Hoy prácticamente toda la generación eléctrica del país proviene de fuentes renovables.
Eso que en su momento requirió planificación, inversión y decisiones políticas hoy forma parte de las razones por las que Uruguay puede competir por proyectos tecnológicos que demandan enormes cantidades de energía.
La inversión de Solaria incorpora, además, 350 MW de generación solar propia en su primera etapa, con posibilidad de ampliarla cuando se complete el resto de los centros de datos.
Sin concesiones ni obras a cargo del Estado
El acuerdo tiene otra característica importante y es que el Estado no deberá construir la infraestructura energética del emprendimiento. La empresa realizará una inversión adicional de unos US$ 200 millones para desarrollar su propia generación fotovoltaica, mientras que los US$ 5.500 millones restantes corresponden a los centros de datos.
No hay una concesión de infraestructura pública para hacer viable el negocio, hay una empresa que llega a un país con condiciones construidas y pone el capital necesario para desarrollar su proyecto.
La inversión además deberá cumplir con las reglas ambientales y laborales uruguayas.
La importancia de la inversión pública
Uruguay no empieza de cero cada cinco años, pero tampoco las grandes inversiones aparecen por generación espontánea.
La fibra de Antel, la transformación energética, UTE, los cables submarinos, la estabilidad institucional y las reglas laborales fueron decisiones que el país tomó a lo largo del tiempo. Muchas de ellas fueron impulsadas durante los gobiernos del Frente Amplio y después se transformaron en parte del patrimonio y de las ventajas que Uruguay ofrece al mundo.
Hoy una empresa extranjera decide poner US$ 5.700 millones sobre esa plataforma.
Las empresas públicas que Uruguay defendió, la energía limpia que decidió construir y la infraestructura pública que pagó durante años, hoy producen inversión, tecnología y trabajo.
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