En defensa de la política

Introducción

La política es el espacio de decisión sobre los bienes comunes que contamos como sociedad.

Un aspecto que siempre nos ha preocupado y caracterizado, es el ejercicio de la actividad política a partir de valores como el respeto y tolerancia mutua, la solidaridad, el compromiso con la función pública y, la ética, en su máxima expresión.

Estos valores básicos que deberían ser esenciales en un sistema democrático sano, en la actualidad se ven cuestionados, en distintos lugares del mundo. Esto responde, en parte, a la aparición, consolidación y expansión de determinadas lógicas anti política impulsadas por ciertos actores, no necesariamente nuevos en la actividad pública.

Tales actores con frecuencia pasan revista a una presunta agenda de “recuperación de valores”, pero lo hacen de modo superficial, difuso e indeterminado. No cabe duda, que los mismos responden a intereses, presumiblemente, antinacionales y antipopulares, que a la luz de un enfoque republicano, no pueden calificarse de otro modo que de aviesos y peligrosos.

Si bien no es la única causa, pero en consecuencia con lo expresado anteriormente, el mundo y en particular nuestra querida región, hoy viven un momento de fuerte incertidumbre que oscurece nuestro presente y futuro. Y esto se aprecia al observar que tanto las garantías mínimas de los sistemas democráticos, como las reglas básicas para una convivencia política, ya no solo se ven amenazados sino en algunos casos, directamente avasallados.

A lo largo de su historia, nuestro país ha atravesado momentos políticos y sociales de todo tipo, no obstante, en la actualidad –y fruto de un largo tránsito multipartidario y multisectorial- ostenta una democracia sólida, de la cual debemos sentir orgullo.

Así nos ven desde los organismos internacionales y los foros globales, motivo por el que colocan a Uruguay en los primeros países de la región como una democracia plena.

Un sistema democrático siempre es perfectible. Pero para dotarlo de mayor robustez y solidez, requiere de un sistema político además de responsable y maduro, también austero.

Frente a la epidemia de la antipolítica empujada desde algunos fuertes poderes fácticos de diverso origen, el Uruguay no puede quedar pasivo ni indiferente.

Las oscuras tormentas que parecen avecinarse en el planeta, junto a la aparición de elementos oportunistas locales (dispuestos a jugar con fuego a fin de obtener un efímero rédito electoral), nos obligan a reafirmar la legitimidad de nuestro sistema político, remarcando las esenciales reglas éticas, de respeto y convivencia que lo rigen.

Tenemos la responsabilidad histórica de defender la política, como aquella actividad que asumen hombres y mujeres movidos por la vocación de ser servidores públicos, comprometiendo su esfuerzo en pos de la construcción de soluciones a los problemas de las y los ciudadanos.

En tal sentido, proponemos a todos los sectores políticos y sociales, vengan de donde vengan, a pactar un Acuerdo Nacional de Reafirmación Democrática. En razón del peligroso contexto descripto, como país debemos alentar la defensa de los valores democráticos en general, y en particular, concebir la política como una actividad ligada únicamente a la ética y al bienestar de nuestro pueblo.

La ética se impone

En cuanto a la perspectiva ética que debe regir la actividad política, es indiscutible que el Frente Amplio, a fin de construir tanto su legitimidad social como política, desde su origen abrazó con fuerte convicción la concepción de que no existe otro modo de hacer política, que aquel fuertemente marcado con el compromiso ético de sus integrantes.

Si bien la ética y su vinculación con la cosa pública siempre han resultado relevantes para nuestro pueblo, hoy se la ubica entre los elementos de principal preocupación de la realidad política nacional.

Los legítimos reclamos de la ciudadanía, imponen la obligación política de renovar y profundizar, en términos prácticos y consecuentes, los compromisos históricamente asumidos. Y esto debe ser así porque cuando hay un conjunto de problemas, la política debe dar el ejemplo y tener la iniciativa. La política debe tener un rol protagónico en la lucha contra toda clase de privilegio en el ejercicio de su función, pujando por hacer que la mal llamada “clase política”, viva como vive la mayoría de los uruguayos. Y esto por supuesto excede al Frente Amplio, en tanto el descrédito de la política como factor vehiculizador legítimo y principal de la organización y transformación permanente en una sociedad, no distingue banderas ni partidos.

Por ello los problemas generales requieren soluciones generales, debemos responder al llamado de la sociedad comprometiéndonos sin distinciones a recomponer la confianza en el sistema político sin distinciones partidarias. Estos compromisos deben estar destinados –entre otras tareas- a la reconstrucción de la frontera ética que en algunos casos hoy aparece corrida o desdibujada.

En tal sentido, se requieren señales claras al momento de ejercer la función política, y por ende la administración de los recursos públicos: el “deber ser” se debe unificar con el “ser”. Esto puede darse mediante un nuevo acuerdo político nacional que implique asumir una posición colectiva de compromiso radical con la causa pública. Dicho acuerdo debe sumarse a la serie de medidas que se han venido realizando, tendientes a prevenir y en su caso reprimir las dañinas patologías de ciertos hábitos políticos.

Por ejemplo: hemos promovido la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, que cuenta con media sanción en Senadores y esperamos que pueda aprobarse en Diputados; actualizamos la normativa vigente en materia de lavado de activos, determinando entre otras medidas, que el Presidente y Vicepresidente de la República, los Senadores y Representantes Nacionales, los Ministros y Subsecretarios así como otros cargos relevantes, no podrán ser accionistas, beneficiarios finales, ni tener ningún tipo de vinculación, con sociedades comerciales domiciliadas en jurisdicciones de nula o baja tributación, mientras se desempeñan en el cargo público; a su vez, ampliamos la nómina obligando a Cargos Políticos y de Particular Confianza a realizar sus Declaraciones Juradas.

Le dimos media sanción al Código de Ética en la Función Pública, ampliando el concepto de corrupción, prohibiendo la contratación de familiares, para evitar las llamadas “puertas giratorias”, que se dan cuando un alto cargo político pasa a trabajar en el ámbito privado, etc.

Sin embargo, más allá de todo lo hecho, estamos convencidos que debemos proponernos a corto plazo impulsar un paquete de fuertes medidas tendientes a enaltecer la tarea política, en la reconstrucción de la frontera ética para blindar de legitimidad el sistema político y ayudar al próximo gobierno en este contexto mundial más que complejo.

Propuesta de Acuerdo Nacional

1 – Establecer una Ley General de Sueldos del Estado Uruguayo.

Se establecerá a texto expreso que el sueldo más elevado de la República Oriental del Uruguay, será el del Presidente de la República, y a partir de allí se configurará la escala general de Sueldos, luego vendrán los salarios de los Intendentes, Ministros, Presidentes y Directores EEAA y SSDD, Subsecretarios, Directores Generales de Secretaría, Directores de Unidades Ejecutoras, etc.

Es inadmisible, que en una República existan sueldos públicos, mayores al del Presidente de la República, y a partir de allí, se deberá establecer la escala jerárquica de salarios.

Debemos tener en cuenta, que el presupuesto de algunos Gobiernos Departamentales es atendido en un 70% por fondos provenientes de Rentas Generales. Asimismo, debemos discutir cuál debe ser la estructura de cargos a nivel Departamental. Ya que creemos que debe existir una relación entre el número de población y extensión del territorio, conforme a parámetros establecidos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

2 – Establecer por Ley Nacional un Sistema Democrático de Ingreso a la Administración Pública Uruguaya (entendiendo Estado en sentido amplio – léase también Gobiernos Departamentales, Poder Judicial, Tribunal Contencioso Administrativo, etc.), donde los cargos presupuestales serán provistos por Concurso, similar al sistema instaurado para la Administración Central a través del Uruguay Concursa.

3 – Creación por Ley de un Impuesto Especial del 15% a todos los Cargos Políticos y de Particular Confianza. Lo recaudado con este impuesto será destinado a Viviendas.

4 – Establecer por Ley que cada Ministro de Estado, no podrá tener un número superior a 5 Adscriptos y un Secretario. En este sentido, si bien nos consideramos que la posibilidad de contratar adscriptos y secretarios permite elevar la calidad de la gestión, también entendemos necesario disponer dicha reducción, para utilizar los excedentes a finalidades sociales.

5 – Modificar el sistema de los pases en comisión. Estableciendo en primer lugar la reducción de 15 a 10 para el Presidente de la República; de 10 a 5 para Ministros de Estado e Intendente Departamental, de 5 a 3 para Legisladores Nacionales; en segundo lugar, por la importancia de la función, prohibir los pases en comisión de Maestros y Docentes; Enfermeros y Médicos, Policías del sub-escalafón ejecutivo y Militares.

Asimismo, las autoridades solicitantes, con excepción del Presidente de la República, deberán fundamentar adecuadamente cada solicitud de pase en Comisión.

6 – No devolución del excedente del FONASA a los cargos políticos y de particular confianza, disponiendo por ley que su destino será utilizado para financiar el Fondo Nacional de Recursos. Es necesario ampliar las prestaciones de dicho Fondo e incluir la compra de medicamentos de alto precio que hoy no forma parte de las prestaciones. A pesar de la clara necesidad, entendemos también que es un fuerte reclamo por parte de nuestra sociedad, que debemos atender.

7 – Establecer por Ley que los cargos políticos y de particular confianza, son cargos full time, explicitando que por tareas que se realicen dentro de la República Oriental del Uruguay, no podrán cobrar viáticos ni compensación alguna.

En relación a los viáticos que reciban los funcionarios públicos que se desempeñen en misiones oficiales en el exterior del país, se reducirá al 50% del monto establecido por Naciones Unidas.

8 – Eliminar la partida de Prensa que cobran los Legisladores, disponiendo por trasposición de rubros, que su destino será hacia el PLAN CEIBAL u otra finalidad social. Asimismo, se dispondrá que no se adquieran periódicos en ninguna repartición del Estado, ya que los funcionarios podrán adquirir con sus recursos los medios que deseen leer y los hábitos fueron modificados con el desarrollo de los periódicos digitales.

Por tratarse de recursos destinados a la información de los legisladores, nos parece oportuno reorientar este esfuerzo hacia el Plan CEIBAL, en el entendido que estos recursos permitan darles más oportunidades de aprendizajes a los niños y niñas del Uruguay.

9 – Eliminar el subsidio de un año para los cargos políticos y de particular confianza, estableciendo que se les aplicará las mismas reglas que el Seguro de Paro de los Trabajadores de la actividad privada, un subsidio por un plazo máximo de 6 meses. Asimismo, se establecerá que a cada cargo político o de particular confianza, tendrá un subsidio por período de Gobierno.

10 – Establecer por Ley Nacional, que se le devolverá al Jardín Botánico, parte del padrón que oportunamente fue apropiado con destino a la Residencia Presidencial. Proponemos transformar la residencia de Suarez en una Escuela de Jardinería y viverismo, dependiente de la UTU y unido al Jardín Botánico de Montevideo.

11 – Establecer un Nuevo Sistema Para el Régimen de Donaciones Especiales, para las empresas contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas e Impuesto al Patrimonio. Se optara por establecer un sistema donde la empresa done, conforme a la normativa vigente (obteniendo los mismos beneficios), pero, en vez de seleccionar el ente a quien donar, el mismo irá a una cuenta especial. Quien resolverá sobre los beneficiarios será el Parlamento Nacional en cada Instancia Presupuestal o de Rendición de Cuentas.

Este punto no es menor ya que consideramos que es el sistema democrático es quien debe definir los destinos de los dineros públicos, y no el privado. Asimismo, debemos utilizar estos fondos para el fortalecimiento de un sistema de becas educativas, destinado a estudiantes de bajos recursos y del interior del país.

12 – Instaurar por Ley un nuevo régimen jurídico, donde se establecerá el destino de las ganancias de las empresas públicas, un porcentaje irá a Rentas Generales; un porcentaje se reinvertirá para que siga produciendo y prestando adecuadamente el Servicio Público; y por último un porcentaje que vuelva a sus propietarios – los usuarios.

Todo esto sin perjuicio de la necesaria reinversión para su mejora tecnológica que le permita mejoras de eficiencia de su actividad comercial.

13 – Instaurar legalmente la obligación de informar en cada instancia presupuestal al Parlamento Nacional, los estados contables de las personas públicas no estatales, los organismos privados que manejan fondos públicos o administran bienes del Estado y las personas jurídicas cualquiera sea su naturaleza y finalidad en las que el Estado participe.

14 – Establecer legalmente, que todas las fincas e inmuebles vacíos de la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, irán con destino a la Cartera de tierras y Viviendas.

Se ordenará que en un plazo de 90 días se realice un inventario general, donde los bienes que no tengan destino específico se desafectarán y pasarán a la órbita del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a los efectos de utilizar el stock de fincas y bienes inmuebles públicos que no están siendo utilizados. Así como también alentamos a los gobiernos departamentales a tomar las mismas medidas.

Asimismo, se establecerá que los bienes inmuebles rurales en poder de la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, pasarán al Instituto Nacional de Colonización, como forma de apoyar las políticas públicas que procuran promover el desarrollo rural, mediante la creación de modelos económico-sociales innovadores, de manera de demostrar que la colonización es una vía que aporta a dignificar las condiciones de vida de las familias rurales.

15 – Establecer como obligación, que los cargos políticos y de particular confianza tengan que presentar una declaración y certificación de la DGI y BPS de estar al día con sus obligaciones tributarias.

A su vez, se establecerá sin excepciones el levantamiento del secreto bancario para quienes ejerzan cargos políticos y de particular confianza.

16 – Proponer la reducción de los Directorios de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, que hoy tienen un directorio compuesto por 5 miembros a 3, y los de 3 a 1, con excepción de los electivos. Por la importancia del sector de actividad excluimos la Administración Nacional de Puertos, a la Administración Nacional de Telecomunicaciones y a la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Estas son algunas de las medidas que ofrecemos para el debate y la consideración pública, a las que seguramente se le sumarán otras, producto del intercambio.