El diputado del Frente Amplio sostuvo que la comparecencia de Fabián Martínez confirmó que el Ministerio de Defensa Nacional del gobierno anterior no realizó controles notariales ni financieros sobre la garantía de Eurocommerce. Señaló que la comisión investigadora buscará determinar responsabilidades políticas en un proceso que, según afirmó, dejó expuestos los intereses del Estado uruguayo.
En entrevista con la diaria Radio, Garlo explicó que Martínez fue convocado por el rol que tuvo durante el proceso de contratación de Cardama y, especialmente, durante la constitución de las garantías que luego derivaron en la rescisión del contrato por parte del actual gobierno.
“Hoy la Comisión Investigadora de la Asamblea General del caso Cardama recibió al ex director general de Secretaría en el Ministerio del Gobierno pasado, el doctor Fabián Martínez, para poder profundizar un poco en su rol en el proceso, tanto de contratación de Cardama, pero por sobre todo de constitución de las garantías”, explicó.
El legislador señaló que se trataba de una comparecencia esperada, por el papel que Martínez tuvo en el Ministerio de Defensa durante el gobierno anterior.
“Era una comparecencia esperada por el rol protagónico que tuvo en ese proceso esta persona”, afirmó.
Una garantía «trucha»
Garlo sostuvo que la comisión investiga especialmente el proceso que llevó a la aceptación de la garantía presentada por Eurocommerce, que luego fue cuestionada por su validez.
El diputado recordó que esa garantía fue uno de los elementos centrales que llevaron al actual gobierno a rescindir el contrato con Cardama.
“La garantía que se demostró posteriormente que era trucha, que era falsa, que se sustentaba en documentación falsa y que está siendo objeto además de una investigación penal en la fiscalía”, señaló.
Según explicó, la garantía era una condición indispensable para que el contrato entrara en vigor y habilitara los pagos previstos.
“En la constitución de las garantías era un elemento fundamental, una condición para que el contrato con Cardama surtiera efectos”, afirmó.
Garlo recordó que el 22 de noviembre de 2024 se firmó un documento en el que Cardama y el Ministerio de Defensa daban por cumplidos los requisitos, lo que activó el primer pago de 8 millones de euros.
“Se activa el primer pago de los 8 millones de euros”, señaló.
Sin controles notariales ni financieros
Para Garlo, uno de los puntos más relevantes de la comparecencia de Martínez fue la confirmación de que no se realizaron controles notariales ni financieros sobre la garantía de Eurocommerce.
“Lo que quedó claro y fue contundente de la comparecencia del ex director general de Secretaría es que no se llevaron adelante controles ni notariales ni financieros de la garantía de Eurocommerce”, afirmó.
El diputado explicó que Martínez fue consultado sobre si se había cotejado la documentación recibida con lo exigido por el contrato, y que la respuesta fue negativa.
“Se nos dijo que no, que no había habido un control de esa documentación”, sostuvo.
Garlo consideró que esa omisión impidió prevenir una eventual estafa contra el Estado uruguayo.
“Tampoco se habían llevado adelante los controles relativos a la garantía para poder de alguna forma prevenir una eventual estafa al estado uruguayo”, afirmó.
Responsabilidades políticas
El legislador señaló que la comparecencia fue intensa porque permitió avanzar en la identificación de responsabilidades políticas dentro del Ministerio de Defensa del gobierno anterior.
“Era una comparecencia importante a los efectos de determinar qué responsabilidades tuvieron los representantes políticos del Ministerio de Defensa en aquel momento”, afirmó.
Garlo aclaró que Martínez no estaba obligado a comparecer ante la comisión y valoró su disposición a responder las preguntas de los legisladores.
“Él no estaba obligado a hacerlo y bueno de buena fe compareció ante la comisión y respondió todas las preguntas que nosotros le hicimos”, señaló.
De todos modos, sostuvo que el testimonio confirmó que hubo controles institucionales y políticos que debieron realizarse y no se hicieron.
“Hubo controles que en términos institucionales y en términos políticos se debieron haber llevado a cabo por parte de las autoridades del gobierno anterior y en los hechos según surge de la comparecencia del día de hoy esos controles no se llevaron a cabo”, afirmó.
Decisiones políticas por encima de advertencias técnicas
Garlo también se refirió a las advertencias realizadas por el estudio Delpiazzo, contratado por el Ministerio de Defensa, y sostuvo que Martínez indicó que las prórrogas otorgadas a Cardama y la decisión de no comunicar la no entrada en vigor del contrato fueron decisiones políticas.
“Dijo que todas las decisiones vinculadas a las prórrogas que se le otorgó a Cardama para constituir las garantías y la decisión de no comunicar la no entrada en vigor del contrato fueron decisiones políticas”, afirmó.
El diputado sostuvo que, en los hechos, la decisión política primó sobre las opiniones técnicas o jurídicas.
“Primó la decisión política por sobre las opiniones técnicas o jurídicas”, señaló.
Según explicó, en agosto de 2024 el Ministerio de Defensa pidió al estudio Delpiazzo que elaborara un borrador de comunicación para informar a Cardama que el contrato no entraría en vigor, debido al incumplimiento en la constitución de garantías.
“El propio Ministerio de Defensa de la época le pidió al estudio del Piazzo que elaborara un comunicado diciendo que el contrato no debía entrar en vigor porque se estaba incumpliendo el contrato”, sostuvo.
Sin embargo, esa comunicación nunca fue enviada.
“¿Por qué razón esa comunicación nunca se envió a Cardama?”, planteó.
Garlo señaló que, según el testimonio recibido, esa también fue una decisión política.
Prórrogas y aparición de Eurocommerce
El diputado repasó que, luego de vencidos los plazos para constituir las garantías, el Ministerio de Defensa otorgó sucesivas prórrogas a Cardama.
“El Ministerio de Defensa en el año 2024 le otorgó múltiples prórrogas a la empresa Cardama porque se había vencido el plazo para constituir las garantías”, afirmó.
Según explicó, en septiembre la empresa solicitó un plazo extraordinario de 72 horas y, vencido ese plazo, apareció la garantía de Eurocommerce.
“A las 72 horas aparece la garantía de Eurocommerce, la que después se demuestra que estaba sustentada en documentación falsa y era una garantía trucha”, señaló.
Para Garlo, ese tramo del proceso es especialmente llamativo y requiere ser investigado en profundidad.
«El responsable de las decisiones era el ministro»
Consultado por las responsabilidades dentro de la cadena de mando, Garlo sostuvo que Martínez atribuyó las decisiones al ministro de Defensa de turno.
“Todas las decisiones dijo recaían sobre el Ministro de Defensa”, afirmó.
El legislador aclaró que la comisión aún no está en condiciones de determinar responsabilidades definitivas, pero señaló que varios testimonios apuntan en una misma dirección.
“No estamos en condiciones de determinar responsabilidades, eso lo dijo el ex director general de Secretaría, que el responsable de las decisiones era el Ministro”, sostuvo.
Garlo indicó que existen distintas etapas del proceso que deberán analizarse por separado: las prórrogas, la decisión de no seguir las recomendaciones técnicas, la aceptación de garantías y la activación de pagos.
“Hay distintas responsabilidades eventualmente en las distintas etapas del proceso”, explicó.
El segundo pago y el «hito B»
Garlo también se refirió al segundo pago del contrato, vinculado al llamado “hito B”, y sostuvo que allí también se constataron irregularidades.
“Después en febrero del 2025 la activación del segundo pago del hito B famoso, donde ahí también constatamos incongruencias e irregularidades”, afirmó.
Según explicó, el 27 de febrero de 2025 la Armada recibió la comunicación de Cardama sobre la cuaderna maestra y ese mismo día se envió a la empresa un documento que daba por cumplido el segundo hito.
“El mismo día desde el despacho del almirante Wilson se envía a Cardama el documento que daba fe del cumplimiento del segundo hito”, señaló.
Garlo sostuvo que eso resulta llamativo porque no hubo controles sobre esa documentación y porque el jefe de proyecto dijo en la comisión que no había sido consultado.
“Eso es llamativo porque no hubo ningún tipo de control de esa documentación”, afirmó.
El diputado agregó que ese aval comprometió al gobierno entrante con el segundo pago.
“Eso comprometió sin lugar a duda el segundo pago, que a su vez ataba el tercer pago”, sostuvo.
Irregularidades y desprolijidades
Garlo sostuvo que, a partir de la documentación y los testimonios reunidos por la comisión, es posible afirmar que hubo irregularidades y desprolijidades procedimentales en distintas etapas del proceso.
“En distintas etapas del proceso de Cardama hubo irregularidades, hubo desprolijidades pero irregularidades también procedimentales”, afirmó.
El diputado aclaró que la comisión parlamentaria buscará determinar responsabilidades políticas, mientras que la investigación penal seguirá su curso en Fiscalía.
“Estamos profundizando la investigación para poder determinar qué responsabilidades hay, en nuestro caso desde la órbita parlamentaria, responsabilidades políticas y en la órbita penal, que se está sustanciando la investigación en la Fiscalía, determinar eventuales responsabilidades penales”, explicó.
No está prevista la convocatoria a Lacalle Pou
Consultado sobre la posibilidad de convocar al expresidente Luis Lacalle Pou, Garlo dijo que por ahora no está planteado por el Frente Amplio.
“No está previsto por ahora convocar al expresidente”, afirmó.
El legislador explicó que el oficialismo presentó un listado de personas que entiende relevantes para el proceso investigativo y que por el momento se está cumpliendo ese cronograma.
“No está previsto en el planteo del Frente Amplio convocar al expresidente”, reiteró.
De todos modos, aclaró que la comisión puede modificar su rumbo si surgen nuevos elementos.
“A medida que vayamos avanzando puedan surgir otros elementos, otros nombres, otras solicitudes de información documental”, señaló.
No correr el foco
Garlo cuestionó a sectores de la oposición que, según dijo, buscan cambiar el eje de la discusión e investigar otros aspectos para desviar la atención del caso Cardama.
“Hay un afán y una decisión deliberada de algunos actores de la oposición de cambiar el eje de la discusión y el foco de la investigación del caso Cardama”, afirmó.
El diputado sostuvo que el objetivo debe ser saber por qué el Estado aceptó una garantía falsa y por qué se activaron pagos de un contrato millonario sin los controles necesarios.
“Nosotros queremos llegar al fondo del asunto de por qué el estado uruguayo aceptó una garantía trucha y activó el pago de 8 millones de euros de un contrato de 80 millones de euros”, señaló.
Garlo afirmó que el caso dejó expuestos los intereses nacionales y que lo central es recuperar el objetivo estratégico de contar con patrulleras oceánicas.
“Es una vergüenza para el estado uruguayo porque dejó expuestos los intereses nacionales”, sostuvo.
Y agregó: “No podemos perder el foco de todo esto, que es que Uruguay pueda contar con las patrulleras oceánicas”.
Rendición de Cuentas y diálogo parlamentario
Finalmente, Garlo fue consultado sobre si el clima de tensión en la comisión investigadora puede afectar las negociaciones por la Rendición de Cuentas.
El diputado respondió que no ve afectación sobre otros diálogos políticos en el Parlamento.
“Creo que no hay ninguna afectación de otros diálogos interpartidarios y republicanos que se dan en el ámbito parlamentario”, afirmó.
Garlo sostuvo que la Rendición de Cuentas es un proyecto central para el Estado uruguayo, porque pone el foco en temas que reúnen prioridades compartidas.
“Es un proyecto central para el estado, no para el gobierno, para el estado uruguayo”, señaló.
El legislador mencionó la reducción de la pobreza infantil, la mejora de la seguridad pública, la atención a personas en situación de calle y el presupuesto de la educación pública como asuntos que deberían convocar a todo el sistema político.
“Son temas que creo yo que reúnen la unanimidad de voluntades a la hora de priorizar el destino de recursos para estos asuntos”, afirmó.
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