Garlo sobre Cardama: “El contrato nunca debió haber entrado en vigencia”

16 de junio de 2026

El diputado del Frente Amplio sostuvo que la comparecencia del estudio Delpiazzo ante la comisión investigadora por la compra de las patrulleras oceánicas fue “muy contundente” y reafirmó que Cardama no cumplió con las garantías exigidas por el contrato. Además, señaló que el Ministerio de Defensa Nacional no contaba con documentación sobre ese proceso y que el arbitraje internacional promovido por la empresa es “una chicana jurídica”.

Según explicó en rueda de prensa, la exposición de los representantes del estudio jurídico permitió confirmar que el proceso de constitución de garantías fue “absolutamente desprolijo” y estuvo marcado por “una serie de prórrogas interminables” otorgadas por el gobierno anterior.

Garlo sostuvo que esas prórrogas derivaron finalmente en la presentación de una garantía de Eurocommerce que luego se comprobó que era falsa y que no cumplía con las condiciones establecidas en el contrato.

Las garantías eran condición para activar el contrato

El legislador recordó que la constitución de las garantías no era un trámite accesorio, sino una condición indispensable para que el contrato entre el Estado uruguayo y Cardama entrara en vigencia. También era requisito para habilitar el primer pago previsto, por más de 8 millones de euros.

“El contrato nunca debió haber entrado en vigencia”, sostuvo Garlo.

En ese sentido, señaló que ahora se entiende mejor “el nerviosismo” por prorrogar los plazos a la empresa, ya que la presentación de las garantías permitía activar el primer pago.

Para el diputado, lo informado por el estudio Delpiazzo confirma que Cardama no cumplió con las exigencias contractuales y que, pese a eso, el proceso siguió adelante.

Defensa no tenía documentación en el expediente

Uno de los puntos más relevantes señalados por Garlo fue la ausencia de documentación en el Ministerio de Defensa al momento del cambio de gobierno.

El diputado afirmó que cuando el Frente Amplio llegó a la cartera “no había registro documental de todo este proceso de la constitución de las garantías”.

“No se encontró en el expediente ningún tipo de documentación”, dijo.

Según explicó, los elementos que hoy forman parte del análisis fueron recuperados a partir de la información aportada por el propio estudio Delpiazzo al Ministerio de Defensa Nacional en la actual administración. Esa documentación luego llegó a la comisión investigadora y permitió reconstruir el proceso. 

“Todos los datos, los elementos que recuperamos fueron a partir de la información que el estudio Delpiazzo brindó al Ministerio de Defensa Nacional”, afirmó.

Cinco propuestas de garantía y prórrogas sucesivas

Garlo informó que Cardama presentó en total cinco propuestas distintas de garantías durante el proceso. A su juicio, ese recorrido muestra la sucesión de dificultades que tuvo la empresa para cumplir con un requisito central del contrato.

El legislador señaló que las primeras prórrogas podían entenderse dentro de los principios de buena administración, pero remarcó que la situación cambió con el paso de los meses.

Según dijo, en agosto de 2024, cuando ya habían transcurrido más de seis meses de prórrogas, el estudio Delpiazzo elaboró un informe a pedido del Ministerio de Defensa en el que sugería dejar sin efecto el contrato.

“Al no cumplirse las obligaciones el contrato nunca debió haber entrado en vigencia”, explicó Garlo.

Sin embargo, ese informe no fue remitido a Cardama. Dos meses después, en septiembre, se otorgó una nueva prórroga de 72 horas. Fue en ese momento que apareció la propuesta de Eurocommerce.

“Ahí aparece, de la nada, la propuesta de Eurocommerce que después se descubrió que era una garantía trucha”, señaló.

Pedido de correos electrónicos

Consultado sobre si la ausencia de documentación de la administración anterior amerita una denuncia, Garlo explicó que la bancada solicitó al Ministerio de Defensa el envío de todos los correos electrónicos vinculados al proceso.

El pedido abarca las casillas del director general de Secretaría y del director de Recursos Financieros entre el 1º de enero de 2023 y el 28 de febrero de 2025.

“El Ministerio de Defensa nos envió las copias de todos los correos electrónicos que salieron de las casillas del director general de Secretaría y del director de Recursos Financieros”, detalló.

El objetivo es verificar si allí constan comunicaciones entre el Ministerio de Defensa, el estudio Delpiazzo, Cardama y los representantes de la empresa en Uruguay.

La justicia también investiga

Garlo aclaró que determinar si existió desprolijidad administrativa o una intención deliberada de engañar al Estado uruguayo es parte de lo que deberá seguir investigando.

Esa tarea, dijo, corresponde tanto a la comisión investigadora como a la Justicia.

“Eso es lo que tenemos que seguir investigando no solo nosotros en la órbita de la Comisión Investigadora sino también la Justicia uruguaya”, afirmó.

El diputado recordó que existe una denuncia penal presentada por el Poder Ejecutivo y que la Fiscalía deberá determinar si hay responsabilidades vinculadas a la presentación de la garantía falsa.

“Una chicana jurídica”

Garlo también se refirió al eventual litigio internacional promovido por Cardama. Según sostuvo, la comparecencia del estudio Delpiazzo dejó claro que la jurisdicción para resolver cuestiones jurídicas vinculadas al contrato es la uruguaya.

De acuerdo con el diputado, el arbitraje internacional estaba previsto únicamente para aspectos técnicos relacionados con la construcción de los buques, no para controversias jurídicas o contractuales.

“Eso también reafirma que el arbitraje promovido por Cardama es una chicana jurídica”, sostuvo.

Para Garlo, el planteo de la empresa “no tiene ningún tipo de validez desde el punto de vista formal”, porque las cuestiones jurídicas del contrato deben resolverse en los juzgados uruguayos.

Una investigación que sigue sumando elementos

La comparecencia del estudio Delpiazzo aportó nuevos elementos a la comisión investigadora y fortaleció la posición del oficialismo sobre el proceso de compra de las patrullas oceánicas.

Para Garlo, lo central es que las garantías exigidas por el contrato nunca fueron correctamente constituidas, que el expediente del Ministerio de Defensa no contenía documentación suficiente sobre ese proceso y que las prórrogas otorgadas a Cardama permitieron llegar hasta una garantía que finalmente resultó falsa.

La investigación parlamentaria continuará ahora con el análisis de la documentación solicitada y con el seguimiento de la denuncia penal en curso.

“El contrato nunca debió haber entrado en vigencia”, resumió Garlo.