La diputada del Frente Amplio presentó un proyecto de ley para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a distintas formas de violencia. La iniciativa modifica artículos de la ley de corresponsabilidad en la ciranza, conocida como ley de tenencia compartida, y busca corregir disposiciones que, según afirmó, dejaron en una situación de mayor vulnerabilidad a las infancias en contexto de violencia intrafamiliar y de género.
Cortés explicó en Desayunos Informales los principales contenidos del proyecto de ley que presentó con respaldo de la bancada oficialista para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a distintas formas de violencia.
La iniciativa aborda situaciones de violencia territorial, comunitaria, digital, intrafamiliar y de género. Uno de sus ejes más discutidos es la modificación de artículos de la ley de corresponsabilidad en la crianza, conocida como ley de tenencia compartida.
La diputada señaló que el proyecto busca revisar aquellos puntos que, desde la discusión original de la ley, fueron advertidos como problemáticos por organizaciones sociales, especialistas y legisladores del Frente Amplio.
«Es una ley integral de protección a las infancias contra la violencia y la adolescencia que aborda distintas esferas de violencia a las que están expuestos niños y niñas en nuestro país», afirmó.
Modificar los artículos más cuestionados
La diputada explicó que el proyecto deroga cuatro artículos de la ley de corresponsabilidad de la crianza: el 3, el 4, el 8 y el 15. Esos artículos habían modificado disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia, entre ellas las vinculadas a regímenes de tenencia, visitas y medidas de protección.
Según Cortés, la intención es volver a una redacción que aumente la protección en situaciones donde existen procesos de violencia basada en género o violencia intrafamiliar.
«Lo que busca es ir a la redacción anterior del Código de la Niñez y la Adolescencia en el sentido de aumentar la protección», explicó.
Uno de los puntos más sensibles es el artículo 4 de la ley de corresponsabilidad, que había creado el artículo 35 bis del Código de la Niñez y la Adolescencia. Ese artículo fue cuestionado porque habilitaba el mantenimiento de visitas incluso en contextos de denuncias o medidas de protección, salvo situaciones consideradas de extrema gravedad.
Cortés explicó que, en la práctica, muchos jueces no aplicaron esa disposición con el alcance que pretendían algunos de sus impulsores, porque priorizaron la protección de niñas y niños. Sin embargo, advirtió que no corresponde dejar un asunto tan sensible librado al criterio del juez que intervenga.
«También es injusto que dependa del juez en el que caigas qué tipo de protección se tome frente a una misma situación de violencia», afirmó.
Niñas y niños como víctimas directas
La legisladora remarcó que el Código de la Niñez y la Adolescencia ya establece que niños, niñas y adolescentes que viven en hogares donde se ejerce violencia de género contra su madre o la persona encargada de su cuidado son víctimas directas de esa violencia.
«Vivir en un hogar con violencia te hace víctima directa de esa violencia», sostuvo.
Cortés cuestionó la premisa sobre la que se basó parte de la ley de tenencia compartida: la idea de que una persona puede ser violencia con su expareja, pero no necesariamente con sus hijos. Para la diputada, esa separación desconoce el impacto que tiene la violencia intrafamiliar en la vida de niñas y niños.
Además, citó datos de UNICEF según los cuales 18,5% de niñas y niños en Uruguay viven en hogares donde en el último año se ejerció violencia contra su madre o contra la mujer a cargo de su cuidado.
«Tenemos evidencia y datos para decir que hay muchas situaciones en las que debería protegerse», señaló.
«Ante un riesgo, proteger»
Cortés explicó que las medidas de protección en estos casos pertenecen a la esfera del derecho de familiar y no deben confundirse con una condena penal. Respondió así a quienes plantean que estas medidas podrían afectar el principio de inocencia.
«El principio de inocencia es del derecho penal, no se juzga a nadie en nuestro país sin pruebas», afirmó.
Sin embargo, aclaró que eso no impide adoptar medidas preventivas cuando hay una situación de riesgo.
«No quiere decir que ante un riesgo no se proteja, que eso es de la esfera del derecho de familia», explicó.
En esa línea, sostuvo que la prioridad debe estar puesta en la protección de las infancias cuando existe un posible peligro.
«El peor de los escenarios es en esos contextos en que funciona mal la justicia, es proteger cuando hay que proteger», dijo.
Denuncias falsas y desestímulo a denunciar
Otro de los artículos que el proyecto propone derogar es el 15 de la ley de corresponsabilidad, que incorporó un agravante al delito de falsa denuncia o testimonio falso cuando exista un hijo en común.
Cortés sostuvo que ese agravante no era necesario, porque el Código Penal ya sanciona las denuncias falsas. A su entender, incorpora una pena mayor en contextos de disputas familiares y podría tener un efecto intimidatorio sobre víctimas de violencia.
«Qué sentido tiene generar un agravante, una pena mayor a una falsa denuncia cuando ya en nuestro Código Penal cualquier denuncia falsa está penada», señaló.
La diputada explicó que muchas situaciones de violencia ocurren en el ámbito privado, sin testigos y con dificultades para producir pruebas. En ese contexto, colocar nuevas amenazas penales puede profundizar el miedo y desalentar denuncias legítimas.
«Eso nada más y nada menos lo que hace es desestimular la denuncia en muchos casos en que sí hay situaciones de violencia», afirmó.
También advirtió que la mayoría de los femicidios recientes en Uruguay no contaban con denuncias previas, lo que muestra la soledad y las dificultades que enfrentan muchas víctimas al momento de pedir ayuda.
«Hay una soledad de las víctimas a la hora de poder denunciar», expresó.
Recursos para la Justicia y demoras que afectan vínculos
Cortés reconoció que existen casos donde las medidas de protección se extienden más allá de lo deseable por demoras del sistema judicial. Señaló que Uruguay arrastra una deuda histórica en recursos para los equipos técnicos del Instituto Técnico Forense y los juzgados de todo el país.
«Tenemos una deuda histórica respecto del presupuesto», afirmó.
La diputada sostuvo que la Rendición de Cuentas puede abrir una oportunidad para discutir recursos destinados a violencia basada en género, justicia y protección de infancias. También mencionó la recomposición de la bancada bicameral femenina como un espacio relevante para avanzar en acuerdos interpartidarios sobre estos temas.
«Violencia basada en género siempre fue una bandera de la bicameral femenina», señaló.
Para Cortés, el desafío es mejorar los tiempos y las capacidades del sistema, sin renunciar al principio básico de protección cuando existe riesgo.
Información fragmentada y fallas del sistema
La legisladora también planteó que Uruguay tiene problemas serios de coordinación entre instituciones que trabajan con niñas, niños y adolescentes. Mencionó casos en que existen restricciones de acercamiento hacia padres por situaciones graves, pero las instituciones educativas no cuentan con esa información.
«Hay fallas muy fuertes en nuestro sistema de protección», advirtió.
Cortés sostuvo que esas fallas no se limitan a INAU ni a niñas y niños institucionalizados, sino que muestran una fragmentación de información entre distintos organismos del Estado.
La diputada valoró que el nuevo gabinete de infancia, creado por la llamada Ley Lustemberg, haya comenzado a trabajar en un sistema único de información. Según explicó, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ya está trabajando en esa línea.
Apertura al diálogo y respaldo técnico
Cortés señaló que el proyecto fue enviado a consulta a unas 20 organizaciones e instituciones, entre ellas la Cátedra de Derecho Penal, la Cátedra de Derecho de Familia, la Asociación de Magistrados, organismos vinculados a infancia y adolescencia, y la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Según dijo, las respuestas recibidas fueron positivas y en particular hubo una buena recepción sobre las modificaciones vinculadas a la ley de tenencia compartida.
La diputada destacó que, al igual que ocurrió durante la discusión original de la ley, la academia y organismos especializados vuelven a respaldar una mirada de mayor protección de derechos.
«Ojalá que podamos llegar a buen puerto y que lo que se apruebe sea algo positivo y de ampliación de derechos», expresó.
Una oportunidad para trascender banderas partidarias
Cortés también se refirió al debate político que se abre en torno al proyecto. Reconoció que existen diferencias con la oposición, pero afirmó que hay legisladoras de otros partidos dispuestas a discutir el tema. «A priori, hay apertura», señaló.
La diputada valoró especialmente la vuelta de la bicameral femenina, porque permite generar espacios de intercambio entre legisladoras más allá de los partidos. Recordó que en la Cámara de Diputados las coordinaciones interpartidarias suelen estar en manos de varones, por lo que estos ámbitos permiten discutir de otra manera temas vinculados a derechos, género e infancia.
«Creo que va a ser una muy buena oportunidad para poder dar un debate un poco más profundo y trascender esas banderas partidarias», afirmó.
Para Cortés, el centro de la discusión debe estar en la protección efectiva de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, el proyecto busca corregir disposiciones cuestionadas, fortalecer garantías y poner por delante un principio claro: cuando hay riesgo, el Estado debe proteger.
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