
El Consejo de Ministros analizó la llegada del evento climático de El Niño y activó mecanismos de coordinación nacional. El gobierno informó que cuenta con créditos contingentes por 750 millones de dólares con organismos internacionales para atender eventuales desastres naturales, en un escenario que podría incluir hasta 25.000 personas desplazadas y precipitaciones extraordinarias.
El Consejo de Ministros analizó este miércoles la preparación del país ante la llegada de un evento climático asociado a El Niño, que podría tener un impacto severo sobre viviendas, trabajo, turismo, producción y vida cotidiana.
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, informó que el gobierno ya convocó a la Junta Nacional de Seguridad Climática y trabaja en protocolos de atención, planes de contingencia y mecanismos de alerta temprana junto a los Cecoed departamentales y distintas oficinas del Estado.
La advertencia del Poder Ejecutivo parte de una evaluación preventiva: los datos disponibles indican que el fenómeno puede ser más intenso que eventos anteriores y exigir una respuesta coordinada entre el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y la sociedad.
Créditos contingentes por 750 millones de dólares
Sánchez anunció que el gobierno alcanzó acuerdos con organismos internacionales para contar con créditos contingentes por 750 millones de dólares. Esos recursos están destinados a atender situaciones de desastres naturales que puedan derivarse del evento climático.
El monto se estructura en dos etapas: 300 millones de dólares disponibles para 2026 y 450 millones para 2027. Los acuerdos involucran principalmente al BID y a la CAF.
La lógica de estos créditos es preventiva. No se trata de gastar antes de que ocurra el evento, sino de asegurar capacidad de respuesta financiera si las lluvias, inundaciones o daños asociados a El Niño obligan al Estado a intervenir con rapidez.
Un escenario de alto impacto
El gobierno maneja proyecciones que muestran un posible escenario complejo. Sánchez señaló que podrían registrarse hasta 25.000 personas desplazadas y más de 5.000 evacuadas.
También advirtió que las precipitaciones podrían alcanzar los 500 milímetros cada 30 días. Para dimensionar ese número, recordó que en Uruguay llueven alrededor de 1.200 milímetros en todo un año.
Ese nivel de lluvias, concentrado en períodos breves, puede generar impactos importantes en viviendas, infraestructura, caminos, producción agropecuaria, actividades turísticas y condiciones de vida de familias vulnerables.
Septiembre, octubre y noviembre como meses críticos
El Poder Ejecutivo prevé que la etapa más severa del fenómeno pueda concentrarse entre septiembre, octubre y noviembre. Sin embargo, Sánchez señaló que existe una probabilidad de que los eventos adversos se extiendan hasta abril.
Esa duración potencial obliga a pensar la respuesta no como un operativo puntual, sino como una estrategia sostenida durante varios meses.
La coordinación con los departamentos será clave. Los Cecoed, junto con las áreas del Estado nacional, deberán preparar respuestas de emergencia, monitoreo territorial, asistencia a familias, protección de viviendas y apoyo a actividades afectadas.
Rendición y capacidad de respuesta
Sánchez vinculó la preparación ante El Niño con la discusión de la Rendición de Cuentas. Aunque el gobierno cuenta con créditos contingentes para enfrentar eventos extremos, señaló que también hay partidas estatales y mecanismos de coordinación que pueden verse comprometidos si el país no cuenta con una Rendición aprobada.
El planteo del Ejecutivo es que la responsabilidad fiscal no implica dejar al Estado sin capacidad de respuesta. Por el contrario, supone ordenar recursos para poder actuar frente a prioridades sociales, de seguridad y también climáticas.
En un contexto de mayor frecuencia e intensidad de eventos extremos, el gobierno busca anticiparse y no llegar tarde.
Anticiparse para cuidar
La señal política del Consejo de Ministros fue la de anticiparse. En lugar de esperar a que el fenómeno golpee al país, el gobierno decidió colocar el tema en la agenda, ordenar instrumentos financieros y activar protocolos de coordinación.
El anuncio de los créditos contingentes, la convocatoria a la Junta Nacional de Seguridad Climática y el trabajo con los Cecoed marcan una estrategia preventiva ante un evento que puede afectar con más fuerza a quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.
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