“Hubo un proceso de deterioro en la gestión de las empresas públicas”, dijo Bettiana Díaz.

“La situación es peor de lo que esperábamos”, marcó la senadora sobre lo que dejó la administración anterior.

La senadora Bettiana Díaz advirtió el deterioro de las empresas públicas en los últimos años que incluyó falta de inversión, gastos maquillados y decisiones que comprometieron los recursos del Estado. A pesar del diagnóstico, ratificó las 63 prioridades del nuevo gobierno de Yamandú Orsi.

Díaz aseguró que el deterioro financiero de las empresas públicas, y en particular de Ancap, no es una sorpresa para la nueva administración. “Éramos poco optimistas, pero la situación es peor”, resumió en declaraciones recogidas en Nada que Perder, por M24.

Para Díaz, el origen de los problemas se remonta a los primeros meses del gobierno anterior, con la presentación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y el presupuesto nacional. “Desde entonces comenzó un proceso de deterioro en la gestión de las empresas públicas”, afirmó.

La senadora recordó que en el centro de esas decisiones estuvo el intento de desmonopolizar el mercado de los combustibles, que finalmente fue retirado ante la resistencia popular y técnica. “Todo el tiempo hubo que buscar excusas para sacar esa discusión, pero los propios expertos que trabajaron en la LUC reconocen que es más barato refinar en Uruguay”, señaló.

La parada técnica de la refinería de La Teja, apuntada por la oposición como responsable del déficit de Ancap, tampoco es un factor sorpresivo, aseguró Díaz. “Estaba contemplada en el presupuesto 2022 y se manejó un costo estimado de 80 millones de dólares”, explicó. El problema, dijo, fue la falta de previsión, de inversión y de gestión: “Esta suerte de privatización constante en el corazón del negocio de las empresas públicas tuvo como resultado una pésima gestión financiera”.

Particularmente crítico fue el caso del portland, que según Díaz quedó “en el abandono total”, con pérdidas multiplicadas por doce y sin inversiones que impulsaran el área. “Es un negocio que requiere impulso estatal”, agregó.

En relación con el pedido de 160 millones de dólares realizado por Ancap a cuatro meses de finalizar el período anterior, la senadora expresó que no fue una sorpresa. “Cuando uno observa cómo fue el gasto en el gobierno de Lacalle, se abrió la billetera a último momento para cubrir urgencias”, sostuvo, y advirtió que “muchas áreas del Estado ya tienen todo comprometido en 2025”.

Además, Díaz identificó una “disputa de narrativas” entre lo que el oficialismo saliente promovía y la realidad encontrada por el nuevo gobierno. “Se hablaba de un gobierno con gestión cuidadosa, de institucionalidad fiscal fuerte, de logros como la calificación de riesgo, pero ahora aparecen los costos ocultos, préstamos que no se contabilizaban y gastos altos sin registro, por ejemplo, en ASSE”, denunció.

A pesar del complejo panorama, la legisladora frenteamplista dejó en claro que no habrá retrocesos en los objetivos del nuevo gobierno. “Tenemos 63 prioridades, con el salario y la lucha contra la pobreza infantil al frente. Algunas requieren más recursos, otras se resolverán por vía legislativa, pero esta situación no nos mueve un centímetro nuestros compromisos”, concluyó.