
La diputada del Frente Amplio cuestionó que la oposición haya votado contra la Rendición de Cuentas en general, pero acompañara buena parte del articulado en comisión. Advirtió que varias medidas no pueden aprobarse por leyes aparte, entre ellas los recursos para la asignación única a la infancia y la creación de 300 cargos policiales.
La Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto en general únicamente con los votos del Frente Amplio. Sin embargo, durante la votación en particular, la oposición acompañó más de la mitad del articulado, incluyendo disposiciones que Cortés definió como sustantivas para la vida de las personas.
Para la legisladora, ese comportamiento muestra que la negativa general responde más a una definición política de los liderazgos opositores que a una discrepancia de fondo con los contenidos principales de la Rendición.
“Hay una bajada de línea muy clara de algunos de sus dirigentes políticos”, afirmó.
Una contradicción política
Cortés señaló que el tratamiento en comisión fue largo y permitió escuchar durante más de 30 días a ministerios, organismos públicos, instituciones educativas, organizaciones sociales y delegaciones de la sociedad civil. En ese marco, sostuvo que hubo discusión, matices y acuerdos sobre varios puntos.
El problema, según la diputada, es que la coalición había anunciado desde el segundo día de tratamiento que no acompañaría la Rendición en general. Esa decisión condicionó todo el proceso posterior, aunque luego sus legisladores votaran afirmativamente muchos artículos.
La contradicción, planteó Cortés, aparece con claridad: si la oposición comparte buena parte del contenido, debería habilitar la discusión general para que el proyecto pueda pasar al articulado en el plenario de Diputados.
En comisión, el Frente Amplio tiene mayoría. En el plenario, no. Por eso, si no consigue dos votos adicionales para aprobar en general, la Rendición no pasa a la discusión particular y el proyecto cae.
«No se puede hacer por leyes aparte»
Cortés fue especialmente crítica con el argumento de que varias medidas podrían aprobarse luego mediante leyes separadas. Mencionó en particular declaraciones del diputado Pablo Abdala y sostuvo que esa posición confunde a la opinión pública.
La diputada explicó que una ley alternativa podría crear la herramienta jurídica, por ejemplo la unificación de prestaciones, pero no dotarla de los recursos necesarios. En el caso de la asignación única a la infancia y la adolescencia, el incremento presupuestal debe aprobarse en una ley presupuestal.
“Lo único que podríamos hacer a través de una ley alternativa es la unificación, es decir, crear la herramienta, pero no la podemos dotar de recursos”, señaló.
La misma lógica aplica, según explicó, a la creación de 300 cargos policiales. Esos cargos no pueden generarse por fuera de una norma presupuestal, por lo que una eventual negativa en general bloquearía una de las medidas centrales en seguridad pública.
Infancia, seguridad y calle
La legisladora defendió la asignación única a la infancia y la adolescencia como el corazón de la Rendición de Cuentas. La medida busca unificar prestaciones hoy fragmentadas y aumentar los recursos destinados a hogares con niñas, niños y adolescentes.
Cortés sostuvo que se trata de una herramienta para enfrentar un problema estructural: la pobreza infantil, que no se modifica de forma significativa desde hace una década. Por eso cuestionó que se juegue con la posibilidad de dejar sin efecto recursos que ya están definidos para esa política.
También repasó otras áreas sensibles incluidas en el proyecto: seguridad pública, situación de calle, educación, INAU y fortalecimiento institucional. En su visión, la discusión debería estar centrada en esas prioridades y no en una señal política contra el gobierno.
“Esto no es recurso para el gobierno”, afirmó. “Son recursos para la gente”.
Las propuestas de Cabildo Abierto
Cortés explicó que hay dos niveles de negociación abiertos. Por un lado, el diálogo del Poder Ejecutivo con el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Por otro, las conversaciones parlamentarias con legisladores de las distintas bancadas de oposición.
Sobre los planteos de Manini, señaló que algunos tienen limitaciones claras desde el punto de vista económico. Entre ellos mencionó la propuesta de aumentar 50% la asignación única a la infancia y la adolescencia o incorporar 20 millones de dólares anuales adicionales para vivienda.
“Duplicar la transferencia de la infancia y la adolescencia nos encantaría, no tenemos los recursos económicos para hacerlo, por lo menos ahora”, sostuvo.
También descartó que en esta instancia esté arriba de la mesa un gravamen temporal a bancos comerciales y administradoras de crédito, como planteó Cabildo Abierto. Dijo que esa medida “por lo menos ahora no sería viable” y que no está discutida.
En el terreno parlamentario, Cortés señaló que los planteos son de otra naturaleza y están vinculados a proyectos que ya están en tratamiento en distintas comisiones.
Mencionó el proyecto sobre usura, que se encuentra en la Comisión de Hacienda y también es de interés para el Frente Amplio, así como iniciativas vinculadas a salud impulsadas por legisladores de Cabildo Abierto.
A diferencia de otras propuestas, esas líneas de trabajo fueron calificadas por la diputada como viables y conversables.
“No hay ninguna propuesta loca o que no sea llevable”, afirmó.
Según Cortés, el Frente Amplio mostró apertura suficiente para avanzar en acuerdos de ese tipo. Ahora, dijo, la respuesta depende de los legisladores de Cabildo y de su disposición a habilitar la votación general.
Condicionalidades: discutir sin cambiar el espíritu
Uno de los puntos que generó diferencias fue el régimen de condicionalidades de la asignación única. La Rendición plantea que una parte de la prestación quede condicionada a la asistencia educativa y los controles de salud, en una lógica conocida como 80-20.
Cortés señaló que el Frente Amplio está dispuesto a discutir porcentajes, pero no a cambiar el espíritu de la propuesta. En particular, rechazó que pueda retirarse el 100% de la prestación a las familias que no cumplan con alguna condición.
La diputada explicó que hoy las prestaciones que se unifican tienen tratamientos distintos. La Tarjeta Uruguay Social, por ejemplo, no está condicionada de esa manera. Por lo tanto, una condicionalidad total dejaría a muchas familias en peor situación que la actual.
El objetivo, sostuvo, no debe ser castigar a quienes están más desamparados, sino acompañar a las familias y sostener el vínculo con la educación y la salud.
Vacantes e Instituto Clemente Estable
Durante la votación en comisión también se retiró un artículo que generaba preocupación por afectar vacantes del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.
Cortés explicó que el artículo fue votado negativamente incluso con los votos del Frente Amplio. Como consecuencia, la partida prevista para fortalecer programas vinculados a situación de calle y atención de mujeres y niños pasó de 200 millones a 190 millones de pesos.
La diputada señaló que se buscó sustituir esas vacantes por otras, pero no fue posible. Por eso se optó por retirar el artículo y resignar parte del incremento.
También recordó que la Rendición incluye un esfuerzo importante de reasignación dentro de la Administración Central, con recortes de vacantes de ingreso no ocupadas desde hace años, para redirigir recursos hacia prioridades sociales.
El INR y la política penitenciaria
Otro punto relevante fue la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación. Cortés explicó que la oposición pidió desglosar los artículos para tratarlos por fuera de la Rendición, pero el Frente Amplio rechazó esa posibilidad.
Luego, la oposición acompañó la creación del instituto, pero no la creación de su directorio. Según la diputada, se instaló la idea de que el presidente del directorio tendría “superpoderes”, interpretación que rechazó.
Para Cortés, la descentralización del INR busca construir un marco institucional más adecuado para una política penitenciaria compleja, que requiere conducción, transversalidad y capacidad de gestión.
Además, señaló que un directorio puede permitir la presencia de distintas perspectivas y eventualmente la participación de la oposición en el seguimiento de una política sensible.
Disciplina partidaria y costo político
La diputada afirmó que existen legisladores de la oposición que comparten muchas de las medidas de la Rendición, pero que están atados a la disciplina partidaria.
Dijo que en el Partido Colorado identificó una bajada de línea fuerte de Pedro Bordaberry, mientras que en el Partido Nacional entiende que hubo una directriz del directorio.
Cortés sostuvo que varios legisladores no están cómodos con la decisión de votar en contra en general, pero saben que desmarcarse tendría costos políticos importantes dentro de sus partidos.
Esa tensión, dijo, explica parte de lo ocurrido en comisión: una oposición que acompaña artículos de fondo, pero mantiene un rechazo general que puede impedir que esos mismos artículos lleguen a discutirse en el plenario.
Poner blanco sobre negro
Para Cortés, la votación que se aproxima no debería ser leída como una pulseada de gobierno contra oposición, sino como una decisión concreta sobre recursos para áreas sensibles.
La diputada insistió en que la oposición podría votar la Rendición en general y luego rechazar el artículo 1, que contiene el balance presupuestal, si lo que quiere es marcar desacuerdo con la evaluación económica del gobierno.
Pero impedir la discusión particular, sostuvo, bloquea medidas que incluso muchos opositores dicen compartir.
La pregunta de fondo, para Cortés, es si el sistema político está dispuesto a poner en primer lugar a la gente o si va a privilegiar una señal de confrontación en un contexto de baja aprobación del gobierno.
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