Joaquín Garlo denuncia clientelismo del Partido Nacional en la Intendencia de Maldonado

29 de octubre de 2026

El diputado Joaquín Garlo cuestionó las contrataciones directas que hizo la Intendencia de Maldonado bajo la nueva ley de ingreso a los gobiernos departamentales y sostuvo que, en los casos conocidos, no se acreditaron las razones de idoneidad que exige la norma. Para el legislador, el problema va más allá de la lista de nombres, “el clientelismo político en Maldonado se tiene que terminar de una vez por todas”.

El diputado frenteamplista Joaquín Garlo afirmó que la Intendencia de Maldonado está usando en contra la ley el mecanismo excepcional de contratación directa que prevé la nueva norma sobre ingreso de funcionarios a los gobiernos departamentales.

La polémica se abrió con una investigación de la diaria que, a partir de información oficial, identificó alrededor de medio centenar de ingresos vinculados sobre todo al Partido Nacional: familiares de dirigentes, exediles, exconcejales y militantes. Dos de las personas contratadas terminaron, además, trabajando en comisión en el despacho nacionalista Diego Echeverría.

Garlo no discute que la ley permita contratar de forma directa en algunos casos, lo que señala es que esa posibilidad tiene condiciones. La norma establece como regla general que se ingresa a las intendencias por concurso o sorteo, y admita la contratación directa solo en situaciones extraordinarias, dentro de ciertos límites y cuando existan “razones fundadas de idoneidad” para elegir a esa persona en particular.

Según el diputado, eso es justamente lo que la Intendencia no justificó, “la Intendencia de Maldonado, para celebrar estas contrataciones de amigos, familiares, correligionarios del Partido Nacional, incumplió con la ley, no fundamentó las razones de idoneidad que debían acreditarse para recurrir a este mecanismo”, afirmó.

Una excepción con condiciones

Garlo participó en la discusión parlamentaria de la Ley de Ingreso a las Intendencias y recordó que no fue fácil sacarla- El tema llevaba más de tres décadas en Parlamento y la norma necesitaba una mayoría especial de dos tercios en cada cámara. Su objetivo era fijar una regla común para los diecinueve gobiernos departamentales y terminar con que cada intendencia decidiera, sin criterios generales, cómo entraba la gente a la función pública.

Dentro de ese régimen quedó una excepción que permite cubrir de forma directa una parte acotada de las vacantes. Para Garlo, esa excepción nunca implicó libertad total para contratar, “la ley no otorga una arbitrariedad a los gobiernos departamentales, sino una discrecionalidad fundada”, explicó.

En esa distinción está el centro del planteo, una intendencia puede entender que necesita a una persona determinada para una tarea concreta, lo que no puede hacer, según el diputado, es contratarla por su vínculo político y después ampararse en la excepción. Si eso se vuelve práctica, la ley queda vacía.

“Imprescindibles” que terminaron en el Parlamento

El caso que Garlo considera más contradictorio es el de los dos funcionarios que, después de entrar por este mecanismo, pasaron en comisión al despacho de Echeverría. Si una contratación directa se justifica porque la persona reúne condiciones especiales para una tarea de la Intendencia, cuesta explicar que enseguida deje esa función para trabajar en otro organismo.

“Es una contradicción que la Intendencia contrate a esa persona para que después venga un parlamentario y diga: ´Bueno, me la voy a llevar a mi despacho´”, señaló.

El diputado aclaró que los pases en comisión que piden los legisladores tienen su propia regulación y que el organismo de origen no siempre puede negarlos. Su crítica apunta a la contratación original, alguien presentado como necesario por su idoneidad para una función en la Intendencia termina trabajando fuera de ella. Para Garlo, eso muestra un mecanismo pensado para situaciones extraordinarias que se está usando con otro fin.

“La ley no nos habilita a contratar amigos”

Garlo también rechazó el argumento de que el artículo, por sí solo, deja a la Intendencia elegir libremente a quién contratar dentro del porcentaje permitido, “la ley no los habilita a contratar amigos, familiares y correligionarios del partido por la sola razón de serlos”, afirmó.

En varios de los casos publicados aparecen vínculos políticos o familiaries, con exconcejales, dirigentes y personas cercanas a referentes nacionalistas. Garlo mencionó incluso a concejales que renunciaron a sus bancas antes de ingresar por esta vía. Revisar cada situación importa, dijo, pero quedarse en los nombres impide ver el problema político de fondo, que es una forma de entender el Estado departamental.

Cómo se hace política en Maldonado

En ese punto, Garlo dijo tener un vínculo fluido con el intendente Miguel Abella y valoró la coordinación entre el gobierno nacional y el departamental, pero sostuvo que eso no borra diferencias que considera “irreconciliables”, y el clientelismo es una de ellas.

“No es una cuestión circunstancial, no es el hecho de las contrataciones en sí. Es la visión que un grupo de personas tiene de cómo se debe hacer política a nivel departamental”, sostuvo.

Para el diputado, cuando conseguir un empleo público empieza a depender de la cercanía con un dirigente, de la militancia o de un parentesco, el daño es mucho mayor que el costo presupuestal de cada ingreso. Se instala una regla no escrita, que quien busca trabajo asume que tiene que conocer a alguien, y quien milita en el propio partido se pregunta por qué a otro le tocó un puesto y a él no. Garlo contó que recibió reclamos de militantes nacionalistas en esa línea, y para el esa pregunta muestra hasta qué punto la práctica puede llegar a naturalizarse.

El diputado bajó la discusión a una situación concreta, por ejemplo, un joven puede estudiar y formarse durante años para entrar a la función pública, si después ve que otro consigue ese puesto por militar para un dirigente, entiende que su esfuerzo pesa menos que un vínculo político.

“Que un vecino de un barrio de Maldonado tenga la idea de que para que su hijo o hija que estudió, que se formó, pueda acceder a un trabajo público tiene que repartir listas en un semáforo para tal candidato, eso es terrible y eso hay que desterrarlo de la política en Maldonado y en todo el país”, afirmó.

Además de quién entró a la Intendencia, Garlo pone en discusión qué relación se arma entre el poder político y los ciudadanos cuando un empleo público funciona como premio, favor o herramienta para asegurar lealtades. Según el legislador, eso también tiene efectos electorales, porque genera dependencia y miedo a perder el trabajo si cambia el gobierno.

Pedidos de informes y posibles acciones

La bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental ya venía reclamando información, Garlo recordó que los ediles Pablo Cicero y Juan Urdangaray habían presentado meses atrás un pedido de informes que no tuvo respuesta. Después de la publicación, la Intendencia anunció que entregaría los datos, y cuando esté toda la documentación la bancada analizará qué acciones políticas o jurídicas corresponden.

Para Garlo, el objetivo no puede limitarse a corregir algunos ingresos, “lo que no puede pasar más en Maldonado es que toleremos y naturalicemos estas prácticas, estas formas de hacer política que le hacen mucho daño a la política y al vínculo de la sociedad con las instituciones y con los partidos políticos”, afirmó.

El diputado sostuvo que el criterio tiene que ser el mismo sin importar qué partido gobierne. Consultado por los señalamientos del Partido Nacional hacia Montevideo y Canelones, respondió que una contratación hecha de esa manera también estaría mal y sería contraria a la norma. La diferencia, explicó, es que algunas intendencias ya tenían sus propios mecanismos de concurso o sorteo, mientras que otras funcionaban sin ninguna regla general sobre cómo se ingresaba a la administración departamental. La ley vino a terminar con esa desigualdad.

Una ley a prueba

Para Garlo, Maldonado es una prueba temprana para la nueva norma. Si la excepción se usa para repetir las prácticas que la ley quería limitar, el cambio pierde buena parte de su sentido. Por eso insistió en separar la contratación excepcional legítima del ingreso por afinidad política. “El clientelismo político en Maldonado tiene que terminar de una vez por todas”, sostuvo.

El problema, según el diputado, excede lo administrativo, cuando se instala la idea de que para entrar al Estado hace falta un conocido, un familiar o un dirigente que abra la puerta, se resiente la confianza en las instituciones y gana terreno una convicción muy dañina para la democracia: que todos hacen lo mismo y que las reglas no valen igual para todos. La ley apuntó en la dirección contraria. Un puesto público no le pertenece a quien gobierna, la pertenencia partidaria no es un mérito y, cuando se usa una excepción, el gobierno tiene que explicar por qué esa persona, y no otra, es la indicada para el cargo.